Axel Buchheister, abogado

EL PRIMER Ministro de Nueva Zelandia pretendió cambiar la bandera de su país. Para ello llamó a un concurso para su diseño y luego hizo una consulta para dirimir la ganadora entre los diversos modelos que se presentaron, en la que participó un 48% de los ciudadanos con derecho a voto. Los argumentos para cambiar la enseña son que contiene en una esquina  la “Unión Jack” (bandera de Gran Bretaña), que se parece mucho a la bandera de Australia y que se necesita algo propio y más representativo.

Pero había un detalle: como Nueva Zelandia es una democracia seria, se tenía que hacer otro referéndum, uno en que  la población decidiera entre el nuevo diseño o mantener la bandera actual. Y en éste, la participación se elevó al 67,3% del universo con derecho a voto y el 56,6 % rechazó cambiar la bandera. Como buen político, el Primer Ministro inventó una interpretación favorable: que la alta participación refleja que existe un debate sobre el asunto. Falso, refleja que la gente se movilizó para impedir que le cambiaran la bandera, que en realidad es una necesidad inventada. Las razones para oponerse fueron que la bandera existe desde 1869 o que dos generaciones de neozelandeses lucharon y murieron bajo ella en las guerras mundiales, pero el más elocuente en reclamar fue el actor Sam Neill, quien calificó la nueva bandera como una “toalla de playa horrenda”. Basta mirar una imagen de ella en internet para entender a qué se refiere.

Todo esto es muy similar a lo que está ocurriendo en Chile con la Constitución. El gobierno, apoyado por algunos iluminados, decidió que la Constitución debe cambiarse y pasó a ser una verdad revelada que es imprescindible hacerlo, aunque según las encuestas el punto está muy abajo en las prioridades ciudadanas. Se ha llamado a cabildos para definir los contenidos básicos (según parece, porque nadie sabe realmente para qué son), a los que asistirá una ínfima porción de la población y que serán manejados por operadores oficialistas. Hay un Consejo de Observadores (que tampoco se sabe bien cuál es su rol), cuyo presidente recientemente dijo que es indispensable que todas las autoridades se abstengan de influir. Una opinión curiosa, porque si lo hicieran, el tema se muere sin falta; existe sólo porque el gobierno lo empuja.

Todo el proceso constitucional tiene un tinte antidemocrático: está diseñado para que se cambie la Constitución y no se contempla otorgar cabida a quienes opinamos que es una necesidad inventada, y que no hay nada que cambiar. De hecho, si vamos a los cabildos a decirlo, se usará nuestra asistencia para validar el proceso que apunta al cambio, como pretendió hacer el Primer Ministro neozelandés después de la derrota.

Estadísticamente resulta curioso que nadie se manifieste a favor de mantener la Constitución vigente, cuando ha sido el marco que ha dado lugar al período de mayor progreso y estabilidad que ha tenido el país en más de un siglo. Es que se ha hecho un trabajo de “ninguneo” que hace que nadie se atreva a hablar. Pues bien, reaccione y atrévase, ya que como vamos terminaremos regidos por una toalla constitucional.