Por Humberto Julio Reyes

Indulto e insulto riman pero tienen muy distinto significado.

Pareciera sí que, a veces, el indulto implica un insulto, serían casi sinónimos en sus efectos ya que lo ejerzo con generosidad que debiera merecer agradecimiento de parte del favorecido y, de paso, insulto a quienes puedan sentirse atropellados, como es mi caso.

No pretendo referirme a esta atribución presidencial vigente en nuestro país que periódicamente es objetada cuando se estima que se ha actuado con excesiva discrecionalidad al otorgar un indulto pero que, sin embargo, se sigue manteniendo.

Me recuerda las discusiones sobre el Pacto de Bogotá.

Años atrás, cuando aun estaba vigente la pena de muerte, los presidentes indultaban casi automáticamente a quien fuere condenado por los tribunales. El Presidente Pinochet fue la excepción.

A partir de 1990 diversos presidentes han indultado generosamente a todos aquellos condenados que consideraban cercanos ideológicamente pero otra cosa es pretender su inocencia.

Ese es un insulto a los tribunales de justicia, hoy representado por el pleno de la Corte Suprema en sobria pero contundente declaración.

Pero indultar a delincuentes condenados por violentos delitos es también un insulto a sus víctimas que, como a menudo se recuerda, siguen esperando alguna justa compensación y que se les garantice recuperar la paz perdida.

También es un insulto para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados y procesados por cumplir su deber de reprimir a los ahora inocentes “jóvenes” indultados.

Como se han esgrimido también razones de tipo humanitario, social o de contexto para concederlos, ¿cómo no va a ser un insulto para nuestros ancianos camaradas enfermos que siguen en prisión esperando algún gesto humanitario que, al menos, les permita cumplir sus penas junto a sus familias?

He conocido declaraciones de personas bien intencionadas que abogan por una igualdad de trato pero me resisto a poner en la misma balanza a aquel joven uniformado que hace 50 años cumplió con su deber con la Patria, obligado por un juramento solemne, con quien por propia elección resolvió ejercer la violencia participando en la ahora reconocida revuelta popular.

Hacerlo quizás parecería un insulto adicional.