Hermógenes Pérez de Arce 14 diciembre 2015

Un pintor de izquierda, Mario Toral, que es particularmente contumaz en su insistencia por propagar ideas revolucionarias a través de sus obras, fue encargado hace más de veinte años de pintar murales gigantes a costa, naturalmente, de una empresa del Estado, el Metro, para sus estaciones. Corría 1994 y pretendió expresar la historia reciente del país en la estación Neptuno mediante una versión izquierdista y falsa del “caso Quemados”, pero el gobierno de Frei Ruiz Tagle tuvo en tal momento la prudencia de impedir ese abuso del arte con fines de propaganda política y falseando la verdad. Seguramente se fundó en que ocho años antes la justicia había determinado que los protagonistas de “caso Quemados” habían corrido la suerte de todos conocida por una circunstancia accidental y debido a los artefactos incendiarios que ellos mismos portaban para quemar a otros. Por eso no parecía adecuado presentar en un lugar público una pintura que exhibía una versión, además de politizada, falsa, achacándole al Gobierno Militar (que por entonces todavía era llamado así y no “dictadura”) la muerte de Rojas y las lesiones de Quintana.

Pero, naturalmente, éste hoy ya no es el país de 1994 ni el presidente es democratacristiano. Hoy vivimos en un país desorientado y convulso y la gobernante es una izquierdista extrema, devenida militante socialista sólo después de haber militado en el PAIS, conglomerado revolucionario formado en 1989 en torno al Partido Comunista. Para no hablar de su anterior vinculación al MIR y al FPMR (biografía suya de Andrea Inzunza y Javier Ortega).

Entonces Mario Toral ha logrado que Metro, empresa pública que, en teoría “se debe a todos los chilenos por igual”, destine amplios recursos para volver a pintar el mural con el diseño que incluye su particular y falsa versión del “caso Quemados”. “Fue un hecho terrorista –dice el pintor– un ataque a la maravilla que es el cuerpo humano. Como lo que he hecho toda mi vida es pintar cuerpos, es lo que más me caló hondo por la injusticia y la gravedad dramática de este hecho”.

¡Qué abuso a costa de la verdad y la buena fe de los chilenos! Justamente en momentos en que el intento de reaprovechamiento político del mismo caso por parte del Gobierno ha permitido, muy contra su voluntad (“no hay mal que por bien no venga”) confirmar la verdad de lo ocurrido, que es precisamente todo lo contrario de lo que el politizado pintor de murales ha dejado plasmado a alto costo y a expensas del Metro: Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana portaban artefactos explosivos e incendiarios para emplearlos contra vehículos de locomoción y personas que viajaran en  su interior. Es decir, se preparaban para perpetrar atentados terroristas. Y cuando fueron, afortunadamente para la población inocente, interceptados por una patrulla, resultaron quemados por una situación fortuita corroborada por numerosos testigos. Ha quedado comprobado que si el caso se reabrió fue sólo por el intento de una persona de obtener un beneficio económico al divulgar una versión que culpaba a oficiales de Ejército de las quemaduras, pero todo ha terminado aclarándose, porque el resto de los ex conscriptos de la patrulla ha mantenido su versión de hace 29 años, lo que constituye una señal de que todavía se puede tener fe en la integridad de la mayoría de los chilenos que sólo viven de su trabajo, como son los ex conscriptos.

El mural falso, llamado “Memoria de una Nación”, se exhibirá en la estación Universidad de Chile y es un abuso más a expensas de la verdad y de los recursos de una empresa pública. Una vergüenza más.

Como la que debería también darnos al enterarnos de que Galvarino Apablaza, uno de los convictos por el asesinato del senador Jaime Guzmán y ex jefe de la asociación ilícita terrorista del PC, el FPMR, quien está hoy asilado en Argentina, se ha presentado al respectivo consulado chileno a cobrar un “bono” extra de un millón de pesos que el Gobierno y el Congreso dispensaron a todo el entorno de la izquierda guerrillera, la cual ya antes se benefició de pensiones vitalicias (lo que se ha prestado para los mayores abusos, que están siendo investigados por los tribunales) gracias a la dadivosa Comisión Valech.

No contentos los casi treinta mil beneficiarios de esas pensiones, demandaron un bono adicional de diez millones de pesos. Como algunos se encontraran en huelga de hambre para obtenerlo, se dictó una ley otorgándole un millón a cada uno, a título de nada. Y resulta ahora que entre las “víctimas” de supuestos malos tratos y apremios está el cabecilla del grupo armado terrorista del PC que asoló al país en los ‘80. Porque pocos recuerdan hoy las inserciones de varias páginas completas que aparecían en los principales diarios de 1986 con los retratos de medio centenar de uniformados caídos a manos del MIR, el FPMR y otros entes guerrilleros de extrema izquierda.

Las publicaciones daban cuenta de que en casi todos los casos en que los asesinos habían sido identificados, éstos contaban con la defensa judicial de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, a cargo del obispo Sergio Valech, que posterior y explicablemente fue llamado por Ricardo Lagos para formar una comisión que repartiera las cerca de treinta mil pensiones a los que fueron a relatarle supuestos malos tratos recibidos de los agentes encargados de combatir el terrorismo armado de extrema izquierda.

¿Quiere saber usted por qué hoy más que nunca antes el país se siente víctima de la delincuencia y el terrorismo? Bueno, vaya a ver los murales financiados con platas estatales que hacen la apología de los terroristas y entérese de los beneficios económicos de que éstos gozan y que pueden cobrar legalmente aunque hayan sido los jefes de asociaciones ilícitas terroristas y tengan las manos manchadas con la sangre de un senador chileno.

Cárcel ilegal para quienes combatieron la violencia armada. Homenajes públicos y prebendas para los que la practicaron. ¿Resultado? Chile 2015.