Desde diversos sectores de la vida nacional emergen voces de alerta respecto del estado de nuestra democracia. En occidente, esta es concebida como un régimen basado en la igualdad de los ciudadanos, gobernados por autoridades guiadas por la probidad. Sin duda, este principio está en franca decadencia y hemos perdido prestigio en el concierto internacional.

Las instituciones formales democráticas chilenas siguen funcionando. Sin embargo, ellas se han desnaturalizado y la clase política, más que gobernar y legislar de cara a los electores, parecen estarlo haciendo para los medios de comunicación.

El populismo es hoy, un mal endémico. Se dictan leyes para ser mejor evaluados en las encuestas y no con el bien común como norte. El efecto es nocivo, ya que las necesidades concretas de sectores importantes de la población no son satisfechas en medio de un espectáculo retórico que confunde, desorienta y enmascara los verdaderos intereses de los que juraron servir al pueblo soberano.

Prima el individualismo más extremo, el que paradójicamente deriva en masas indefinidas y (a) críticas. Los mismos jueces, quienes debieran orientar su actuar por la necesaria igualdad ante la ley, investigan y dictan sentencias preocupándose más por sus carreras en el poder judicial que por ser imparciales.

Este escenario es propicio a la vulneración de derechos universales, tales como el debido proceso, y condiciones de régimen penitenciario dignas, especialmente en el caso de las personas de edad avanzada y que padecen enfermedades crónicas.

Si queremos que nuestro sistema democrático vuelva a estar al servicio de los ciudadanos debemos dar pasos concretos en tal sentido: exigir transparencia y probidad a las autoridades, lograr que los jueces “apliquen las leyes vigentes” sin hacer diferencias de ningún tipo entre los procesados y, antes que nada, hacer un juicio de la historia.