Ventajismo militante

Aunque en su último libro Alberto Mayol vuelve a anunciar un prematuro fin, esta vez de la elite (ya antes decretó el derrumbe del “modelo”), complejiza el análisis admitiendo, en contradicción con lo anterior, que existirían varias elites y competirían entre sí (Autopsia. ¿De qué murió la elite chilena?, 2016). Entre estas diversas minorías selectas alude al mundo alternativo de las organizaciones no gubernamentales en las que, por supuesto, nadie se fija mucho (Mayol tampoco). Se las cree filantrópicas, ampararían causas nobles, y reunirían a gente de convicciones. Sin embargo, aunque despotriquen contra el establishment, reclutan y defienden intereses y son igual de obsesas con el poder que otras elites, huelen a elites, son elites. Lo que no asegura para nada que sea gente capaz, ni siquiera de esfuerzo y mérito, como tantas otras elites en estado de franca decadencia.

Me detengo en el punto a propósito del reciente nombramiento del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en reemplazo de Lorena Fríes. El nuevo director se incorporó a este organismo estatal en calidad de consejero recién en julio, y como la “sociedad civil” dispone de cuatro votos, al parecer se hizo sentir dicho peso al elegirlo. No su única ventaja. Trayectorias cifradas en militancias y redes políticas permiten saltarse filtros más exigentes. Branislav Marelic no es licenciado en derecho, tampoco abogado, como erróneamente informaran artículos de prensa. No es sino un egresado de derecho (cursó los ramos que lo habilitan para dar su examen de grado y postular al título profesional, ambos pendientes), teniendo a su haber diplomados y pasantías de los que hay montones y de dudosa calidad. Pero, obviamente, ello no impide que al activismo se le asista y premie.

Hace dieciséis años, iniciado el gobierno de Lagos, fui invitado a exponer en un congreso nacional de Ong’s, en Picarquín, Rancagua, sobre qué se entiende por sociedad civil. Cuál sería mi sorpresa, para la flor y nata allí reunida la idea del mitin no era otra que presionar y cobrarle la palabra a Lagos, a quien habían apoyado como candidato, a cambio de que los financiara desde el gobierno. Una manifiesta contradicción puesto que la sociedad civil apunta a aquello que está fuera del Estado, siendo su propósito no otro que fiscalizar, cuestionar si no deslegitimar el poder del Estado y los actos de gobierno. Desde entonces que datan los miles de millones de pesos con que gobiernos como los de Lagos y Bachelet asisten a este activismo organizado. Lo que es a sus militantes y operadores se les apoya con Becas Chile, diplomados, pasantías, cargos (jefes de gabinete el primer eslabón), y todo tipo de granjerías.

El caso recuerda a Peñailillo y la G-90 a quienes se les calificara de poca monta, encumbramientos sin otro mérito que incondicionalidad al poder y que, al final, financiamos con nuestros impuestos. Salta la duda: ¿qué fue de esos tantos defensores de derechos humanos que, de veras, se la jugaron en este país?

NOTA CREN: respuesta a la última pregunta, están disfrutando las ganancias que obtuvieron en el “negocio de los derechos humanos.”