PROCESO CONSTITUYENTE Y EL ORDEN PÚBLICO.

No es fácil, sin caer en la repetición y en el lugar común,  abordar un tema que hoy está convertido en el interés primordial de la clase política, y no digo de la ciudadanía porque está estadísticamente probado que esto de la nueva Constitución no tiene interés alguno para el ciudadano común.

Por **  Mario  Cortés  Cevasco

 

Para dar cierto orden a la exposición, plantearemos lo siguiente.

 

a).-                   Que la controversia acerca del proceso constituyente no es más que una prolongación de la irreconciliable visión de la sociedad que tienen los positivistas y los jus naturalistas desde el siglo XVIII.

 

b).-         Que la estabilidad del modo de vida de los pueblos depende de la aceptación valórica que se tenga del orden jurídico que los rige.

 

c).-           Que la batalla que hoy se dice perdida por quienes valoramos nuestra actual institucionalidad, se está perdiendo porque no se ha dado.

 

d).-           Que siendo el proceso constituyente una máquina en marcha que difícilmente puede detenerse, al menos queda espacio para defender el contenido valórico de nuestra institucionalidad.

 

 

En  cuanto el Positivismo  v/s   jus naturalismo

 

En el devenir de la historia se identifica el Siglo XVIII como el periodo de la Ilustración, aunque realmente se extiende a la segunda mitad del Siglo XVII y al menos al primer tercio del Siglo XIX.

 

En esta época ocurrieron transformaciones sociales notables, concretamente:

• El término de las monarquías absolutas.
• La independencia de los Estados Unidos de América.
• La Revolución Francesa y
• El proceso de independencia hispanoamericano.

 

Pero todo ello fue el resultado de una evolución social anterior.   El periodo previo al Siglo XVIII marcó el término del poder político religioso y la separación gradual de la iglesia y el Estado.

 

Para muchos, el puntapié inicial lo dio el polaco Nicolás Copérnico que vivió entre 1473 y 1543, quien planteó tímidamente la teoría heliocéntrica, desafiando los postulados bíblicos que sostenían el geocentrismo formulada por Claudio Ptolomeo, científico egipcio del siglo II D.C., autor del “Almagesto” que contenía el conocimiento científico de la época.

 

Luego devino la crisis ética de la iglesia con su inquisición y la abusiva comercialización de “indulgencias”, periodo  lamentablemente muy oscuro, que motivó el movimiento reformista de Martín Lutero, lo que a su vez hizo necesario el Concilio de Trento entre 1545 y 1563 que duró 18 años, y que inició la llamada “contrareforma”, sentando  las bases de la recuperación ética de la iglesia, con medidas como la prohibición del matrimonio en el sacerdocio y la eliminación  de las indulgencias, entre otras decisiones.

 

Pero este transitar entre la fe y la razón no fue fácil.   Eso lo supo Galileo Galilei, toscano que vivió entre 1564 y 1642, quien probó el heliocentrismo ya anunciado por Copérnico, a costa de arriesgar su vida pues el Cardenal de Florencia, Roberto Belarmino, obtuvo que el Papa Urbano VIII lo sometiera a la Inquisición Romana, obligando a Galileo a retractarse, bajo amenaza de la hoguera, lo que hizo el 30 de abril de 1633, a viva voz, ante los inquisidores, oportunidad en que habría pronunciado en voz baja su famosa frase “eppur si muove” (y sin embargo gira).

 

El debilitamiento de los dogmas en beneficio de la ciencia y la razón, abrió el campo a filósofos, juristas y pensadores que dieron rienda suelta a la creación.

 

Fueron ellos lo que pavimentaron el camino a los conceptos de libertad, democracia y derechos humanos, hasta entonces desconocidos.

 

Son muchos, pero para los fines de esta exposición, mencionaremos a los franceses Montesquieu y Rousseau, a los ingleses Bacon y Locke y a los norteamericanos Thomas Jefferson y James Madison, cuya obra ha tenido influencia directa en el nuevo mundo al que pertenecemos.

En efecto, si filósofos y pensadores pudieran conocer los efectos sociales de sus ideas, serían más cuidadosos en expresarlas.   Así, si Marx hubiese sido carpintero en lugar de filósofo y político, la humanidad sería más numerosa en habitantes.

 

La Revolución Francesa tiene como sustento jurídico la obra de Charles Montesquieu, jurista francés (1689-1755), y como fundamento filosófico las ideas de Jean Jacques Rousseau, filósofo suizo-francés que vivió entre 1712 y 1778.

 

Montesquieu es reconocido por haber formulado aquello que hoy parece obvio: el principio de separación de poderes, lo que hizo en su obra “El Espíritu de las Leyes”.   Cabe destacar que para él la separación de poderes era compatible con la monarquía, en la medida que el monarca delegara debidamente las tres funciones a poderes independientes.

 

Por su parte, Rousseau, en su obra cumbre “El Contrato Social” (1762), sentó las bases del positivismo.   Declarado republicano y antimonárquico, sostuvo que el hombre nace libre de prejuicios y tendencias, las que sólo moldea en contacto con su entorno.   Que el pueblo es el sujeto y objeto de la soberanía.   Que el orden jurídico emana sólo de la voluntad popular, que él llamaba “Volonte Generale”.   Sostenía la necesidad de ejercer democracia directa, idea recogida después por la Constitución General Suiza de 1849.

 

Pero lo más relevante del planteamiento de Rousseau es su desprecio por el derecho de propiedad. Sostenía textualmente,             “La desigualdad reconoce su fundamento en el derecho de propiedad, saca al hombre de su estado natural de generosidad”.

El positivismo de Rousseau, en el cual la voluntad de la mayoría no tiene límites, su obsesión por la igualdad, y su desprecio por el derecho de propiedad fueron recogidos por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán (1770-1831) en su obra “Elementos de Filosofía del Derecho”, en el cual aplica a lo social la conocida dialéctica aristotélica de “tesis, antítesis y síntesis”, planteamiento que recogió Karl Marx, filósofo judío-alemán (1818-1883), quien propuso el materialismo dialéctico, la lucha de clases y la dictadura del proletariado, en su obra cumbre “El Manifiesto Comunista” publicado  en 1848.

 

De Marx a la revolución Bolchevique, la dictadura soviética, el fascismo y el nazismo, no había más que un paso, y la humanidad lo dio, con las trágicas consecuencias que conocemos.

 

Nótese como hemos llegado a la explicación histórica-valórica del asambleísmo, el positivismo jurídico sin límite, fundado en mayorías circunstanciales, la obsesión por la igualdad a cualquier costo, y la aversión hacia el derecho de propiedad, planteamientos que hoy esgrimen los sustentadores del proceso constituyente, y que golpea las puertas de nuestras vidas.

 

 

                   Digamos algo sobre el modelo jus naturalista

 

Los norteamericanos suelen jactarse de lo que ellos llaman “El modo de vida americano” y de la estabilidad de su Constitución Política que data del año 1787.   Eso tiene también una explicación histórico-filosófica.

 

La aceptación social que tiene el modo de vida americano en quienes lo viven es un tema apasionante que nos produce una razonable envidia, especialmente hoy cuando vemos como se cuestiona el modelo institucional chileno más exitoso de nuestra vida independiente.

 

El padre intelectual de la independencia y el modo de vida norteamericano es el filósofo y médico John Locke (1632-1704, 72 años) representante de la filosofía moderna, que registra entre sus numerosas obras  “Cartas sobre la Tolerancia”, “Tratados sobre el Gobierno Civil”, “La Conducta del Entendimiento” y otros.   Es considerado uno de los primeros empiristas británicos, seguidor de las ideas de Bacon. Es el padre del liberalismo clásico, pero su principal aporte a la historia de la humanidad es su influencia directa en los revolucionarios norteamericanos, en el sustento valórico de la independencia de los Estados Unidos, y por ende en lo que hoy es el modo de vida americano.

 

Fue el primero en plantear que los derechos humanos no sólo incluyen el derecho a la vida y a la libertad, sino también a la felicidad para lo cual es necesaria la protección irrestricta al derecho de propiedad.    Que sin propiedad no hay libertad porque quien detenta los bienes o su distribución, sea el príncipe o quien ejerza el poder, está en situación de doblegar la voluntad y la libertad de quienes necesitan de dichos bienes.

 

Sostuvo también que el hombre tiene derechos que le corresponden por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, superiores  y anteriores a su nacimiento, por su sola condición de persona, derechos que la autoridad debe proteger y no conceder porque el hombre ya los tiene.   Estos conceptos son valóricos, no religiosos, y por ende válidos para todos los cultos.

 

Su ideario institucional fue republicano y demócrata, en el entendido que debe respetarse la voluntad popular.   Pero la diferencia sustancial con Rousseau es que la voluntad popular de Locke no es absoluta, tiene límites.   Estos límites son los derechos naturales del ser humano, vida, libertad, propiedad y felicidad, los que jamás quedan a merced del asambleísmo o las mayorías circunstanciales, son naturales, absolutos e inalienables.   Todas estas ideas las desarrolló magistralmente causando un impacto decisivo en lo que hoy es el modo de vida americano.

 

Locke es el padre del jus naturalismo, así como Rousseau se le considera el padre del positivismo.

 

 

El Proceso de Independencia Norteamericano

 

Diremos hacia 1770 reinaba en Gran Bretaña e Irlanda Jorge III, apodado el “Granjero” por sus formas vulgares.   Las posesiones inglesas en Norteamérica estaban compuestas por trece Colonias o Estados (hoy son 50) sometidos a la autoridad real.

 

Comenzaron los conflictos entre la corona y las colonias.   Los colonos sentían que las instituciones británicas no protegían suficientemente sus derechos, especialmente que la justicia no era equitativa en la resolución de conflictos entre colonos e ingleses; y también que los impuestos eran altos y expropiatorios.   El conflicto se agravó cuando a la corona se le hizo muy costosa la mantención de las tropas que protegían a los colonos de los nativos del oeste americano, y por decreto real ordenó que los colonos debían   negociar y comprar las tierras a los nativos para reducir los gastos de defensa.   También se impuso un impuesto a la exportación de té.   La tensión se hizo insostenible.

 

El 11 de junio de 1776 un congreso de 56 delegados de los 13 Estados se reunió en Filadelfia, acordó que había llegado la hora de independizarse y nombro a 5 delegados para redactar la Declaración de la Independencia.

En rigor histórico,  ellos fueron:

 

• John Adams de Massachusetts (futuro Presidente)
• Benjamin Franklin de Pennsylvania
• Thomas Jefferson de Virginia (futuro Presidente)
• Robert Livingston de Nueva York
• Robert Sherman de Connecticut.

 

El redactor principal fue Jefferson y la histórica Declaración de la Independencia se aprobó el  4 de julio de 1776  que es el día nacional de los Estados Unidos.

Como mención anecdótica, firmado el documento, Benjamín Franklin llamó a la unidad, diciendo, “debemos permanecer juntos, o vamos a colgar por separado”.  

 

                   La declaración de independencia hace referencia a la voluntad del pueblo, incorpora las ideas sustanciales de la obra de Locke, incluso párrafos textuales en cuanto a derechos naturales, resalta la estabilidad institucional, y apela a lo que llama Juez Supremo del mundo. Hasta nuestros días, se estampa en cada dólar norteamericano el apotegma “creemos en Dios” (in god we trust”)

 

Luego de una cruenta guerra, triunfaron las armas de las colonias, al mando de George Washington, en las decisivas batallas de Saratoga, octubre de 1777, y Yorktown, octubre de 1781. Se formalizó la independencia con el Tratado de París de 3 de septiembre de 1783, y se aprobó la Constitución de 1787, cuyo redactor principal fue James Madison 1751-1836, que sería luego el cuarto Presidente de EE.UU. (1809-1817).

 

La Constitución de 1787 rige hasta hoy y garantiza las libertades “y el modo de vida americano”.

En 230 años ha experimentado sólo 27 enmiendas, que no son modificaciones, sino aclaraciones o extensiones para armonizar el ejercicio de los derechos civiles cuando se produce colisión entre ellos.

 

Lo concreto es que el modelo jus naturalista de Locke ha permitido la notable estabilidad institucional de los países anglo-sajones, porque la soberanía popular tiene límites representados por los derechos inalienables de las personas como son la vida, la libertad y la propiedad;  mientras el positivismo de Rousseau ha costado, además de inestabilidad institucional, 30.000 guillotinados en la Revolución Francesa; millones de muertos en la Revolución Bolchevique y posterior dictadura comunista Soviética; el holocausto judío del nazismo; el Muro de Berlín; y todas las llamadas “democracias populares” regímenes estatistas que han arrasado con los derechos humanos básicos de las personas.   Es el precio que se paga cuando los países quedan a merced del populismo, el asambleísmo, o de las mayorías vociferantes, y transitorias, que invocan la voluntad popular como única fuente del derecho, sin límites éticos.

 

 

     Fundamentos  Constitucionales  en  Chile

 

Como breve reseña diremos que en 1808, bajo el reinado de Fernando VII, invadió España Napoleón Bonaparte, apresó al Rey e instaló en el trono a su hermano mayor José Bonaparte conocido como “Pepe Botella”, quien se autoproclamó José I de España.

 

Esto produjo desconcierto e inestabilidad en las Colonias españolas americanas, que eran de dominio de la Corona.   Eso, más la reciente independencia de los Estados Unidos alentó los impulsos independentistas.

 

Fue así como se constituyó la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810 sin otro propósito que gobernar a Chile mientras se mantuviera el cautiverio del Rey.

 

Se originó entonces la denominada Patria Vieja, con algunos ensayos constitucionales sin mayor relevancia, hasta 1814; luego la Reconquista Española durante los cuatro años siguientes; y por último la independencia sellada en las batallas de Chacabuco de 1817, y Maipú de 1818.

 

A partir de ese momento, nuestro país y su nueva institucionalidad, pasó por el llamado Periodo de Anarquía que duró poco más de 10 años y terminó con la Batalla de Lircay  el 17 de abril de 1830, en que las tropas de Joaquín Prieto se impusieron a las de Ramón Freire en una sangrienta batalla que culminó con la masacre de las tropas de Freire, después de su poco digno retiro del campo de batalla.

 

A partir de ese momento se inicia en Chile un periodo virtuoso, sustentado en la Constitución de 1833 que tuvo como padre político a Diego Portales, y como redactores y autores intelectuales a Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas.  Experimentó 8 modificaciones entre 1871 y 1893 siendo la más importante la de 1891, al término de la revolución de ese año, dándose inicio al parlamentarismo.

 

En la década de 1920 se iniciaron las tensiones sociales posteriores a la Revolución bolchevique, con gran inestabilidad política, existiendo en Chile un acentuado parlamentarismo.

 

El 4 de septiembre de 1925 se produjo un episodio determinante en nuestro devenir institucional, el denominado Ruido de Sables.   Un grupo de Oficiales de Ejército se presentó a una sesión del Senado, molestos por la aprobación de una nueva dieta parlamentaria, y la postergación de proyectos sociales del Presidente Alessandri Palma.   Conminados a retirarse, lo hicieron arrastrando sus sables, en amenazante gesto de protesta, lo que produjo efectos políticos sustanciales.   El día 9 de septiembre el parlamento en sólo una sesión aprobó 9 leyes largamente postergadas, bajo la abierta presión de un alzamiento militar.

 

Con el respaldo del ejército, y bajo los efectos del ruido de sables el Presidente Alessandri designó una comisión constituyente presidida por el Ministro José Maza Fernández, que redactó una nueva Constitución sometida a plebiscito el 30 de agosto de 1925 y que entró en vigencia el 18 de octubre del mismo año.   Nace así la Constitución de 1925, y que experimentó 7 reformas entre 1943 y 1971, y se mantuvo vigente hasta el año 1980.

 

 

         Los fundamentos del proceso constituyente ACTUAL

 

El proceso constituyente que hoy se nos impone, reconoce como fundamento básico que la Constitución de 1980 sería ilegítima porque fue precedida por el pronunciamiento militar de 1973.   Incluso algunos ideólogos propugnan ignorar la Constitución de 1980 y tomar como base de la nueva constitución, la “democrática” Carta Fundamental de 1925.   Eso no ha tenido respuesta adecuada del sector político que se dice defensor de nuestra actual institucionalidad.

 

Cabe preguntarse ¿sabrán nuestros políticos que todas las constituciones del mundo civilizado que han impuesto modelos de vida, están precedidas de rupturas sociales y hechos o amenazas de fuerza?.   La Constitución Norteamericana, posterior a la Guerra de la Independencia de 1787;  la Constitución Francesa de 1793, efecto de la sangrienta revolución de 1789;  la Constitución Española de 1978, impuesta por el legado del Gobierno de Francisco Franco;  todas las Constituciones Hispanoamericanas, surgidas de guerras de independencia; y en lo que toca a Chile las Constituciones de 1833 y 1925 son la consecuencia directa de la Batalla De Lircay y del Ruido de Sables, respectivamente.

 

Entonces, cuando se dice que la Constitución de 1980 es ilegítima y la de 1925 es democrática, sorprende el silencio de nuestra clase política, producto de su desconocimiento, no sólo de lo que representa un proceso constituyente, y de sus fundamentos doctrinarios, sino la ignorancia respecto de nuestra historia reciente.

 

La Constitución de 1980, ha sido modificada en democracia en 19 oportunidades, contra 8 modificaciones de la Constitución de 1833, y sólo 7 de la de 1925.   Su texto actual está sancionado desde el año 2005, con la firma del Presidente Ricardo Lagos y, entre otros, de los Ministros de Interior Francisco Vidal, y Hacienda Nicolás Eyzaguirre, quienes hoy la acusan de ilegítima.   Incluso Eyzaguirre anunció en estos días que organizará un cabildo en su domicilio para “reemplazar la Constitución de Pinochet”.  No se conoce respuesta adecuada a tamaño despropósito.

 

Concluimos entonces que la imputación de falta de legitimidad que se formula a la Constitución de 1980 carece de todo fundamento,   y que si hemos de someterla a prueba de blancura, es más democrática que la del año de 1925.   Que se sepa, nadie arrastró sables por el Congreso cuando se aprobaron sus 19 modificaciones.

 

Otro fundamento para desmantelar nuestra institucionalidad, es que la Constitución actual tiene trampas o claves autoritarios,  representados por las leyes de quórum calificado y por el Tribunal Constitucional.

 

En cuanto al quórum, de aceptarse que se legisle por simple mayorías, no tendría sentido una Constitución, ya que, no existiendo un procedimiento de control de la supremacía constitucional, cualquier ley implicaría la modificación o derogación tácita de la constitución vigente.   De esta forma, no sólo los derechos humanos, sino que todo el orden jurídico quedaría a merced de mayorías circunstanciales.   Esto representa la aplicación práctica de la voluntad popular sin límite que sostuvo Rousseau.

 

Todas las Constituciones del mundo occidental exigen quórum calificado para su modificación.   En el caso de los Estados Unidos, se requiere dos tercios del Congreso esto es el 67% de los parlamentarios, y además la aprobación de tres cuartos de los Estados de la Unión (38 de 50).   Esto explica la estabilidad de la Constitución Norteamericana, no sólo sustentada en el arraigo ciudadano, sino en su altísimo quórum calificado de modificación. Sin embargo, nadie puede sostener que Estados Unidos no tiene un régimen democrático.

 

Es tan relevante el sentimiento de estabilidad institucional de los norteamericanos, que existen numerosas organizaciones no gubernamentales que lo cautelan.

 

Una de ellas el Instituto Ron Paul, defensor de las libertades civiles, con sede en Springfield, Virginia, liderado por el Senador del mismo nombre, diez veces congresista y dos veces candidato a la presidencia de la Nación.   Es médico ginecólogo.  Le llaman el Dr. NO, porque se opone por principio a cualquier modificación institucional.  Tiene gran arraigo popular.   En una reelección le faltó financiamiento, lo que se informó en la página del Instituto.   En 24 horas recibió depósitos por millones de dólares y hubo que cerrar la cuenta porque estaban ingresando fondos innecesarios.  Así defienden los norteamericanos sus libertades civiles.

 

Preguntado Ron Paul si era democrático que, por el sistema electoral, el Presidente George Bush hijo resultara electo con menos votos respondió “No, porque cuando nuestros padres fundadores aprobaron la declaración de independencia, no lo hicieron para defender la democracia,  sino que la libertad”.

 

Su respuesta conmovió a la opinión pública, celosa defensora de sus libertades civiles.   Lo dijo todo, la democracia es sólo un medio para defender la libertad, y no un fin en sí misma.   Venezuela, donde rige una democracia formal, es hoy un ejemplo dramático de violación de derechos humanos.

 

Otra organización por las libertades civiles es la Asociación Nacional de Rifle, fundada en 1871 que hoy preside el abogado James W. Porter.   Defiende la segunda enmienda a la Constitución, que autoriza la tenencia y porte de armas, derecho que algunos pretenden limitar.   Tiene 5 millones de socios y controla cerca de 20 millones de votos.   Nadie se atreve a tocarla.   Preguntado Porter por la inconveniencia de autorizar armas en los colegios respondió “Lo único que puede detener a un chico malo con un arma, es un chico bueno con otra arma”.

 

En suma, es absurdo e impresentable pretender que todo se legisle por simples mayorías.   Eso no es democracia, es populismo, enemigo de la libertad y el progreso.

 

En cuanto al Tribunal Constitucional, éste no existía hasta la modificación del año 1970.   El control de constitucionalidad se hacía a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el que sólo tenía valor para el caso particular y a condición de la existencia de un juicio.  Era un control posterior, no preventivo, y de efecto particular.   La norma inconstitucional permanecía vigente, agraviando los derechos de los demás.

 

La Constitución de 1980 sólo perfeccionó las facultades del Tribunal Constitucional incorporado en 1970.   Ejerce un control preventivo de constitucionalidad, como lo ha hecho recientemente respecto a la reforma laboral, impidiendo la aberrante imposición de la titularidad sindical, que borraba de una plumada la garantía constitucional de libertad de asociación.

 

Todos los países democráticos tienen Tribunal Constitucional.   En los Estados Unidos la función la ejerce la Corte Suprema, con notable eficiencia.

 

Es habitual que la justicia constitucional deba dilucidar colisiones y alcances de libertades civiles.   La Corte Suprema Norteamericana resolvió en 1984 (causa Texas con Johnson), el alcance de la libertad de expresión frente al derecho de los Estados a sancionar la profanación de los símbolos nacionales.   El ciudadano Gregory Johnson, en el marco de una protesta por la política bélica del Presidente Reagan, quemó una bandera norteamericana en Dallas, Texas.   Fue acusado y condenado, pero se amparó en la libertad de expresión, reconocida en la primera enmienda.   A esa fecha, 48 Estados sancionaban la quema de la bandera como delito, en cualquier caso.   En definitiva, en un notable fallo, Johnson fue absuelto con el fundamento que su acto no pretendió profanar la bandera, sino que fue una forma extrema de expresión de protesta, agregando que debía ponderarse el marco de la conducta.   La quema de una bandera con el afán de agraviar, era delito, y no ejercicio de la libertad de expresión; pero en el caso de Johnson, éste lo había hecho como una expresión de protesta por un acto de la autoridad, en el marco de una manifestación, de lo que necesariamente se concluye que su propósito era protestar y no agraviar a la nación.   Fue absuelto y todos los Estados debieron adecuar su legislación a esta decisión.

 

Esta sentencia ilustra la notable eficiencia con que la justicia constitucional tutela y armoniza el ejercicio de las libertades civiles cuando se produce colisión entre ellas.   Es una función esencial a la que nuestro país no puede renunciar.

 

 

 

El modelo que se pretende imponer

 

 

El derrumbe los regímenes socialistas y de la Unión Soviética, hizo pensar en el término de la amenaza socialista.   El economista norteamericano y Profesor de Harvard  Francis Fukuyama publicó en 1989 su notable obra   “¿El fin de la Historia?”, sosteniendo en síntesis que la historia, como lucha de ideologías, ha terminado, se ha impuesto un mundo final basado en la democracia liberal.   Las circunstancias históricas le daban la razón.

 

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no es así.   La política no es racional, es un sentimiento en que impera la emoción sobre la razón.   Así, sin éxitos económicos, pero con argumentos valóricos y emocionales como la igualdad, la solidaridad, y otros, crecientes grupos de intelectuales han vuelto a proponer el estatismo como forma de vida.

 

Ese fenómeno también se ha dado en Chile.   Los promotores del desmantelamiento de nuestro orden institucional tienen nombre y apellidos.  Son un grupo de cinco profesionales, abogados, ingenieros y profesores universitarios, que se integraron al comité programático de la entonces  candidata Michelle Bachelet, y publicaron el 2013 la obra  “El Otro Modelo” como “Propuesta fundacional para sembrar las bases del Chile del futuro”, proponiendo la sustitución del régimen de libertades al régimen de lo público.   Son Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignant.

 

El libro está en el mercado y su lectura ahorra mayores comentarios.   Propone paso a paso lo que está ocurriendo en estos días, la Reforma Educacional con el término de la educación subvencionada y la prohibición de selección; la Reforma Tributaria; la sustitución del sistema previsional y la dictación de una nueva Constitución que cambie el modelo de vida chileno.

 

Con la habilidad que caracteriza al socialismo, han impuesto paso a paso sus ideas.   Leer el libro sinceramente atemoriza porque se advierte de inmediato que es una descripción exacta de lo que nos está pasando.

 

En el libro está el modelo de la Constitución que se nos viene.   Toda esta simulación de cabildos y participación ciudadana, es sólo un montaje para dar credibilidad a lo ya resuelto.

 

Son positivistas, al extremo que pretenden eliminar el quórum calificado y el tribunal constitucional, proponiendo un populismo legislativo sin límites, que según ellos es la forma real de democracia.   Atria sostiene en un ensayo llamado “La Trampa Constitucional”, cito “al fin y al cabo, la ley es una declaración de la voluntad soberana, y no el ejercicio de la razón”.   Con este criterio una mayoría del 51% de católicos podría encarcelar por vía legal al 49% de evangélicos.    Es el positivismo de Rousseau llevado al extremo.

 

 

 

Fundamentos  de  los  Reformistas

 

Para el logro de sus objetivos hacen énfasis en nuevos derechos humanos, derechos individuales, derechos sociales o de segundo grado y derechos de los pueblos, o de tercer grado.

 

Según ellos la Constitución debe ser una larga lista de derechos, que por su extensión sólo puede satisfacer el Estado, lo que nos lleva a lo que ellos llaman el “régimen de lo público”, retornando así a los estatismos de la primera mitad del Siglo XX.

 

No son ideas populares, están impuestas desde arriba, desde la élite política, pero son ideas atractivas.   Según plantean, deben aplicarse por razones éticas, aunque provoquen malos resultados prácticos y económicos como está ocurriendo en el Chile de hoy.   Basta recordar que el Ministro Eyzaguirre, en un desliz, sostuvo, justificando la eliminación de la selección, que había que “bajar de los patines” a los estudiantes más aventajados.   Así se iguala hacia abajo, pero eso no importa, se logra la igualdad.   También desconoció a los padres la capacidad para decidir la educación a sus hijos, sosteniendo que los colegios subvencionados “los hacían lesos”.    Postula que un burócrata del Estado decide mejor sobre la suerte de los hijos que sus propios padres.   Es la aplicación práctica del régimen de lo público.

 

Estos planteamientos pueden y deben ser contradichos, pero hasta el momento no ha ocurrido.   El argumento simplemente económico de la baja de la productividad, no es suficiente.   Los suecos vivieron un proceso similar que terminó con el asesinato del primer Ministro Olof Palme en febrero de 1986.   Convirtió a Suecia en un Estado benefactor, imponiendo una carga tributaria insostenible, y reconociendo derechos ilimitados en la forma que hoy se pretende en Chile.   Hoy Suecia está en un periodo desregulación.   Ellos ya retornan del sistema al que nos quieren llevar.   Esto lo describe magistralmente Mauricio Rojas, exiliado chileno converso al libre mercado, en su libro “Suecia el Otro Modelo”.

 

El ejemplo sueco es un excelente argumento en defensa de nuestra institucionalidad.

 

 

En  cuanto  al  problema  indígena

 

Los reformistas proponen autonomías incompatibles con un país unitario, recurriendo a los llamados derechos de tercera generación, que suponen incluso parlamentos étnicos que autoricen la aplicación de la ley general en territorios indígenas.

 

Los pueblos originarios históricamente han sido utilizados por el marxismo para provocar alteraciones invocando derechos ancestrales. –

 

En nuestro país el ultimo hecho grave, fue el alzamiento de Ránquil, del año 1934, en el cual Mapuches ejecutaron actos de violencia, asaltos y robos  en contra de los agricultores inmigrantes, lo que obligó al Presidente Arturo Alessandri, a mandar fuerzas de Carabineros, produciéndose un enfrentamiento en el Fundo Ránquil, Lonquimay, el 6 de julio de 1934, resultando muertos numerosos indígenas.

 

Menciono este triste suceso porque hay evidencia documental que fue provocado por el partido comunista.   Así lo reconoce la Profesora de la Universidad de Moscú Olga Ulianova, en un ensayo publicado en el año 2003 que tituló “El Levantamiento Campesino en Lonquimay y la Internacional Comunista”.   Acredita y rescata como un mérito del partido, con documentación clasificada obtenida en Moscú, que la organización, planificación y ejecución del alzamiento de Ránquil  fue obra del partido comunista chileno, y no un acto espontáneo.   Esta información está disponible en internet.

 

En conclusión, el problema indígena es un conflicto artificial que debe ser atendido aplicando el estado de derecho, con concesiones y beneficios, pero imponiendo el cumplimiento de la ley.  Hoy  la Araucanía es tierra de nadie, y reina la impunidad que alienta la violencia, provocando una insostenible sensación de indefensión a sus habitantes.  Los grupos violentos no son espontáneos, actúan bajo el control de activistas, ignorarlo provoca la situación de violencia e impunidad delictual que hoy vive la Araucanía.

 

 

 

      Dedicaremos un par de minutos al tema del Orden Público

 

Podemos conceptuar el Orden Público como el estado de paz social que permite a la ciudadanía desarrollar sus actividades, cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos, sin impedimentos y bajo la protección de la autoridad.

 

En nuestro país su mantención es responsabilidad prioritaria de Carabineros de Chile.   En estos días, las graves alteraciones al Orden Público constituyen preocupación ciudadana.

 

Carabineros está sometido a exigencias mayores que otros funcionarios públicos, y cuenta con la confianza ciudadana.   Por eso cuando no llega la ambulancia, las madres van a dar a luz a sus Cuarteles y no a una Sede Parlamentaria, y ni siquiera a la Parroquia.  Eso es real poder de Policía, el respeto ciudadano ganado por años de rectitud y servicio.   Los Carabineros no andan por ahí vendiendo estudios de tránsito a las empresas de buses que controlan, o informes a Codelco sobre la delincuencia en Uganda.

 

Sólo los Carabineros ejercen su profesión por televisión y dan examen de grado diariamente.   Si se equivocan, pierden el trabajo e incluso la libertad.   ¿Cuántos ingenieros hay presos por los derrumbes de edificios defectuosos en los terremotos?;  ¿Y cuántos médicos por las continuas negligencias que cuestan vidas?;   Ellos también cometen errores sin que nadie imponga plazos para sancionarlos.  Tampoco los parientes de las víctimas tienen publicidad para exigir al Gobierno la destitución de sus jefes.  Los Carabineros son seres humanos, se equivocan, no hacen milagros, esos hay que pedirlos a la Virgen de Lo Vásquez.

 

Hoy enfrentamos una profunda crisis de autoridad.  Sectores ideologizados han impuesto la errada creencia que prevenir y sancionar rigurosamente la delincuencia es antidemocrático, y eso es falso.   En las democracias consolidadas se sanciona drásticamente al antisocial porque esos países entienden que el delincuente no es de derecha ni de izquierda,  ni progresista,   simplemente  es delincuente.

 

Los ingleses son un modelo de respeto de los derechos a manifestarse y discrepar, pero durante las protestas callejeras violentas de Londres del año 2011, la Policía reprimió los desmanes con máximo rigor y con total respaldo de la ciudadanía.   Detuvo a más de 2.500 personas, y la justicia aplicó  sanciones ejemplares, entre ellas, condenó a un menor de 12 años a dos años de internación correccional, que es prisión, por lo que llaman vandalismo reiterado.    No hubo cámaras para quienes justifican el violentismo, y nadie osó descalificar a la Policía.   Mensaje clarito y no más desmanes.   Así de simple.

 

Pero nosotros vamos por mal camino.   Se ha creado la figura del “delincuente manifestante”, al que se le otorga impunidad.   Si un delincuente asalta un local armado con un fierro, eso es robo con violencia y permite la legítima defensa privilegiada, que ampara cualquier daño al agresor.   Pero si ese mismo delincuente comete idéntico delito en el marco de una manifestación por alguna gratuidad, y la misma víctima se defiende, entonces pasa a ser un intolerante, porque no respeta “el derecho a manifestarse”, hay cámaras para los delincuentes y éstos se convierten en víctimas.

 

Existen sectores políticos, incluso parlamentarios en ejercicio, que han demonizado la acción policial, amparando que los vándalos se apoderen de los espacios públicos.   Existe un sentimiento de impotencia ciudadana, como ocurría en las películas del oeste en que un grupo de forajidos se instalaba en la cantina y cometía toda clase de tropelías, hasta que colmaban la paciencia de los habitantes que se organizaban y los reducían por la fuerza.   Hoy los chilenos tenemos a los malos en la cantina.

 

 

                                     La  Voluntad  Política

 

 

El Orden Público se mantiene con los medios y procedimientos que otorga la ley.   El control de la delincuencia supone prevención, sanción y reinserción.   Lo primero compete básicamente a la Policía que debe anticiparse a las conductas delictuales para evitar que se produzca, pero esto requiere sustento legal y respaldo del sistema.   Cuando aparece un grupo de vándalos encapuchados que portan mochilas con piedras, estamos frente a una delincuencia inminente, y la sociedad tiene el deber de impedirlo.   Ese deber es de todos, no sólo de la policía, también de las autoridades políticas, legislativas, judiciales y demás órganos estatales que deben protección a la ciudadanía, cada uno en su ámbito.

 

Hay sustento legal para eso.

 

El artículo 85 del C.P.P., luego de la modificación introducida por la Ley 20.253 del 2008, en relación al art. 496 N° 5 del C. Penal,  faculta a la Policía, sin orden previa de los Fiscales, para controlar a quien se dispusiere a cometer un delito o falta, y cito “A la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimilar su identidad”.   La ley autoriza la revisión de vestimentas, bolsos y vehículos, y el traslado al Cuartel o la detención, según corresponda.  El sólo hecho de encapucharse, ocultar la identidad a la Autoridad, o dar un domicilio falso, está penado en Chile.   Esta es legislación vigente pero no se aplica.

 

La razón es que hay una infundada interpretación restrictiva que le quita el piso a la acción policial.   Se ha derogado de hecho la función policial preventiva, y eso alienta a la delincuencia.   Hace pocos meses el alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, suspendió el procedimiento policial preventivo de detención y registro, debido a las protestas raciales, lo que provocó un incremento del 43% de los homicidios en los 5 meses siguientes.   Esto es una demostración estadística del efecto de renunciar a la prevención del delito.

 

Los americanos saben, partiendo por el Presidente Obama, quien es afroamericano, que la solución no está en desautorizar y satanizar a la Policía, y eso lo entienden todos, incluyendo la justicia.   En los disturbios de Ferguson, Missouri, iniciados por la muerte del joven negro Michel Brown a manos del Policía blanco Darren Wilson, este último fue absuelto de todo cargo porque se estimó que las circunstancias justificaban su error de apreciación y el uso del arma.  Eso ocurrió en un país democrático, con justicia rigurosa y confiable.   El Policía Wilson tiene la fortuna de ser norteamericano, porque en el Chile de hoy, otra sería su suerte.

 

Digo responsablemente que hoy para enfrentar la mantención del orden público, el vandalismo y los encapuchados, no hace falta una nueva ley de control preventivo, basta una reunión de 30 minutos entre el Ministro del Interior, el Fiscal Nacional y el General Director de Carabineros, interpretar la ley vigente en beneficio de la comunidad, y respaldar la función preventiva de Carabineros.   Los encapuchados pueden y deben ser controlados y separados de las manifestaciones públicas antes que comience el saqueo y el pillaje.  Esto supone voluntad y coraje para ejercer la autoridad en beneficio de la ciudadanía.    Esa voluntad hoy no existe.

 

 

 

Carabineros  y  el  Proceso  Constituyente

 

Es preocupante el destino que pueda afectar a la legislación relativa a Carabineros.   Al llamado progresismo le incomoda la Ley Orgánica Institucional, principalmente en dos aspectos: la proposición legal que el sistema asigna a la Institución para ascensos y retiros, no siendo ésta facultad privativa de la autoridad política, y la norma constitucional que limita las facultades presidenciales para designar al General Director,  otorgándole estabilidad en el cargo e impidiendo su designación para un nuevo periodo.

 

Resulta impostergable que Carabineros tenga una posición y planteamientos concretos respecto de la nueva institucionalidad.  Por eso sería conveniente que organizaciones como ésta, que hoy nos convoca, pudiese realizar una labor creativa para ponerla a disposición del mando, y que sirva de fundamento a los planteamientos institucionales para los momentos de cambios que se avecinan.

 

 

 

       El  concepto  de  Igualdad

 

Deseo terminar refiriéndome al concepto de igualdad que obsesiona a quienes hoy desmantelan nuestra institucionalidad, la más exitosa de la historia.

 

La igualdad es sólo una aspiración, porque no todos estamos dotados de los mismos insumos de origen, como son la inteligencia, la perseverancia, el afán de superación, la iniciativa, el espíritu de sacrificio, el bagaje valórico, la habilidad física y otros atributos que determinan los resultados en todos los ámbitos de la vida.   Entonces, como la igualdad no se da naturalmente, sólo puede imponerse al precio de la libertad.   Cuba, Norcorea y otras sociedades totalitarias, han logrado la igualdad en la pobreza, pero igualdad al fin, expropiando la libertad.   Si queremos disfrutar de una sociedad libre y abierta, tenemos que asumir cierto margen de inevitable desigualdad proveniente de nuestras diferencias individuales.   Una sociedad sana debiera aspirar a la igualdad de oportunidades, y eso no se logra con pillaje y vandalismo, esos son métodos de quienes creen que la solución de todo la tiene el Estado, olvidando que el estatismo ya jugó su partido en la historia, y lo perdió.        El pitazo final fue la caída del Muro de Berlín.

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**El autor es Abogado, licenciado en la Facultad de Derecho de la  Universidad de Chile, con estudios de Post Grado en Derecho Civil ( Universidad de Valparaíso);  en Derecho Penal (Universidad de Chile)  y en Derecho de Familia ( Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).

 Coronel (J) de Carabineros,  en situación de retiro.

 Delegado de Chile a la Convención Latinoamericana de Derecho y Justicia de Tránsito.   Panamá 1992.

 

*Este trabajo corresponde a conferencia dictada por el autor en  Seminario de Actualización en materias de Orden Publico, realizado por esta Corporación en Olmué los días  6 y 7 de Mayo de 2016.