Efectivamente, más de quince millones de habitantes de nuestro territorio ven violados día a día sus derechos humanos, debido a la violencia promovida por quienes pretenden lograr que Chile siga los mismos pasos de Venezuela y a que el Estado no ha cumplido con su función esencial: la conservación del orden público.
A fin de resguardar los derechos de las personas y de promover el bien común el Estado, inevitablemente, debe usar la violencia física legítima —de la cual tiene el monopolio— contra quienes ejercen la violencia ilegítima. Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para garantizar el Estado de Derecho, reprimir los saqueos, los actos vandálicos, la subversión, el terrorismo y la insurrección revolucionaria, que ponen en gravísimo riesgo la estabilidad del Estado y el orden institucional de la República.
Lamentablemente el gobierno ha actuado con pusilanimidad y ha renunciado a usar la fuerza con el rigor requerido para reprimir a quienes subvierten el orden social. Esta lenidad se debe, en gran parte, al “discurso de los derechos humanos” —pronunciado por quienes han sido sus mayores violadores en la historia moderna—; el que ha sido utilizado eficazmente para desarmar moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados a aplicar la violencia física legítima.
Debido a tal renuncia los violentistas —a quienes no se les puede neutralizar con buenas palabras o con exhortaciones a la paz— actúan casi con absoluta impunidad puesto que, en la práctica, no existen fuerzas de orden y seguridad que cuenten con la capacidad ofensiva suficiente y con la voluntad de utilizarla; ya sea para disuadirlos —con la amenaza de un daño que no estén dispuestos a aceptar— o para reprimirlos.
Esta actitud del gobierno ha dejado a Chile prácticamente indefenso ante la subversión y el terrorismo, lo que puede conducir a la anarquía y a la disolución social o a la consolidación del proceso revolucionario en curso —el proceso constituyente, con el que se pretende introducir cambios profundos en la estructura política, social y económica de nuestra comunidad nacional es, por definición, un proceso revolucionario— y a la instauración de un régimen totalitario en nuestra patria.
El Estado tiene el deber de defenderse, con todos los medios a su alcance; aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est (la salvación del pueblo es ley suprema) era el primer principio del Derecho Público Romano.
La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.
Adolfo Paúl Latorre, Abogado.
