MENTIRAS VERDADERAS Y PUNTA PEUCO



MENTIRAS VERDADERAS Y PUNTA PEUCO

Por  Humberto Julio Reyes

Confieso que el programa de marras no es uno de mis favoritos, por decir lo menos.

Hace años fui advirtiendo un sesgo que, contrastando con mis puntos de vista, lo hacía decididamente “partisano”, por usar la expresión de un distinguido historiador nacional ya fallecido.

Dicho de otra forma, cualquiera que fuese el tema se podía anticipar hacia qué lado se cargarían tanto el entrevistador como los entrevistados.

Sin embargo, la semana que hoy termina, tuve una grata sorpresa, al permanecer en él sólo por curiosidad ya que el tema era, nuevamente el penal de Punta Peuco, a raíz de las recientes y discutibles declaraciones de la titular de Defensa.

Ya expresé mi opinión al respecto pero en esta ocasión el invitado era nada menos quien desempeñaba  el cargo de director de Gendarmería cuando se construyó dicho penal, lo que me parecía de especial interés como para volver a exponer las razones que aconsejan mantenerlo, al menos mientras no se ponga fin a la prisión de sus actuales ocupantes.

Como voz autorizada me pareció que este confeso militante socialista frustró las expectativas de quienes esperaban que respaldara a la señora Fernández o quizás también a su entrevistador o a su habitual audiencia. No les dio en el gusto.

A la recurrente idea de cerrar el penal contrargumentó que, dada la responsabilidad del Estado de proteger la integridad de los reclusos, si se cerrara igual habría que destinar un recinto con dicho propósito, de tal manera que la necesaria segmentación, no exclusiva de los militares, se cumpliera.

También hizo ver, sirviéndose de las mismas imágenes seleccionadas por el canal, que se trata de un penal no diferente en comodidades del de alta seguridad, desmintiendo así la difundida visión que muchos repiten majaderamente.

Finalmente expresó su personal opinión respecto a que a futuro debía ser conservado como museo que diera testimonio de la forma ejemplar (sic) en que la justicia chilena ha cumplido sus obligaciones, desmintiendo de paso la leyenda de la impunidad cacareada hasta el día de hoy.

No todo fue de mi agrado ya que al planteársele el tema humanitario creo que cayó en lo “políticamente correcto” al asignarle a los familiares de las víctimas una suerte de última palabra en el tema lo que, salvo casos muy particulares, implicaría la imposibilidad de siquiera sugerir un beneficio por esta vía pese a que, dada la generalizada ausencia de pruebas, resulta aventurado que alguien pueda atribuir una autoría con certeza suficiente como para oponerse a él, basando su predicamento en las mismas presunciones que han respaldado la mayoría de las condenas.

Resumo dicha negativa posición: como ignoro quien es el autor me opongo a que cualquiera sea beneficiado, es decir “disparo al bulto”, tal como lo hacen quienes califican a todos los recluidos equivocadamente como autores de crímenes brutales, de “lesa humanidad”.

Y si de opiniones personales se trata quedó claro para la audiencia, al reproducir otras autorizadas declaraciones, que las autoridades deben evitarlas y referirse solamente a los temas que les son propios ya que nadie está en un cargo para darse gustos.

Gratamente sorprendido por el giro que tomó la entrevista resolví volver sobre el tema para reconocer, en lo que a mí respecta, que no recordaba de parte de anteriores administraciones esta elemental clarificación toda vez que nos hemos acostumbrado a que, cada vez que asume un nuevo gobierno, se pregunte a las autoridades si se va a cerrar el penal o por qué no se cierra, escuchando ambiguas respuestas, mezcla de deseos personales o temor por bajar en las encuestas.

Termino expresando que las mentiras propaladas durante años y que se respaldan en la supuesta inigualdad ante la ley no son verdaderas toda vez que se trata de medidas necesarias justamente para garantizar los derechos de los condenados sin que importen privilegio alguno.

Darle en el gusto a la titular de Defensa o a quienes piensan como ella sería un nuevo atropello que se sumaría a la ausencia de debido proceso.

25 de abr. de 22