LA GUERRILLA NARCOTERRORISTA DE IZQUIERDA EN LA MACROZONA SUR.
LA GUERRILLA NARCOTERRORISTA DE IZQUIERDA EN LA MACROZONA SUR.
https://www.clave9.cl/2022/08/04/encapuchados-atacaron-a-balazos-el-reten-de-carabineros-de-pua/
Macrozona Sur: el diagnóstico es la clave
por Richard Kouyoumdjian Inglis 3 agosto, 2022
Lo que la ministra del Interior y Seguridad Pública tiene al frente es un problema de seguridad nacional, que involucra la soberanía del Estado de Chile, su integridad territorial, la autodeterminación de la población chilena, su seguridad con riesgo cierto de vida y todo eso por la fuerza de las armas. Podemos echarle la culpa al Ministerio Público, al Congreso o a las leyes, pero lo cierto es que, si no definimos con claridad el problema, no lo vamos a solucionar nunca.
Se le atribuye a Albert Einstein un dicho que reza así: “Si tuviera 60 minutos para salvar el mundo, dedicaría 59 minutos para definir el problema y 1 para solucionarlo”.
Después de ver el espectáculo de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señalando a la Cámara de Diputadas y Diputados que “alguien se pegó en la cabeza” para tratar de conseguir extender por 15 días el Estado de Excepción Constitucional y fundamentar que el problema de la Macrozona Sur es anterior a este Gobierno, no queda otra alternativa que levantar la voz para decir que el problema está mal planteado y el diagnóstico está mal hecho. Lamentablemente, la generación que actualmente ejerce el Poder Ejecutivo creció en un entorno donde el lenguaje, el idioma, se distorsionó de tal forma que algunos han llegado a pensar que basta con cambiar el nombre o el significado de algo para solucionar el problema o, bien, que todo obedece a problemas comunicacionales. Los porfiados hechos demuestran que la realidad es muy distinta.
El Gobierno no solo no está solucionando correctamente el problema, sino que corre el riesgo de que se le vaya completamente de las manos con una escalada de violencia que ya ha sido anunciada, sin intermediarios, por Héctor Llaitul. La CAM se ha declarado abiertamente en rebeldía contra el Estado de Chile y ha declarado la vía insurreccional armada, sembrando el terror y la inseguridad entre nuestros compatriotas que viven y trabajan en la zona, para reivindicar sus objetivos políticos e ideológicos. ¿Cómo se llama ese problema? El problema se llama terrorismo e insurgencia armada, algo que nunca hemos conocido en democracia como tal en Chile, ya que no es comparable a los esfuerzos del FPMR en los primeros gobiernos de la Concertación.
Es cierto que hay pobreza, es cierto que hay postergación, es cierto que hay falta de oportunidades, es cierto que hay crimen organizado, es cierto que hay tráfico de armas y de drogas. Todo eso es cierto. Pero la definición del problema se pierde si no se prioriza adecuadamente. Sin seguridad, no es posible generar las condiciones para corregir todas las falencias que hay en la zona. No nos perdamos. Lo que Héctor Llaitul declara no tiene que ver con ninguna de estas situaciones de postergación. Su llamado es claro a levantarse en armas en contra del Estado de Chile para establecer autonomía política y administrativa en un territorio que reclama como propio, y agrega un fundamento racial indigenista y además ideológico en contra de la propiedad privada y del capitalismo. No está pidiendo más Estado, mejores oportunidades o mayor inversión. Ni siquiera pide que le entreguen tierras. Lo que está diciendo es que a Chile no se le reconoce soberanía, autoridad ni jurisdicción en ese territorio, el que él y otros llaman Wallmapu.
Lo que la ministra del Interior y Seguridad Pública tiene al frente es un problema de seguridad nacional, que involucra la soberanía del Estado de Chile, su integridad territorial, la autodeterminación de la población chilena, su seguridad con riesgo cierto de vida y todo eso por la fuerza de las armas. Podemos echarle la culpa al Ministerio Público, al Congreso o a las leyes, pero lo cierto es que, si no definimos con claridad el problema, no lo vamos a solucionar nunca.
La pregunta es: ¿Cómo atacamos un problema de seguridad nacional generado por un grupo de personas que por la fuerza de las armas busca vulnerar la integridad territorial de la República, desconoce sus leyes, autoridades y soberanía, pretende pasar por encima de la autodeterminación de la ciudadanía e imponer su ideología por la violencia armada?
La ministra y el subsecretario del Interior tienen a su disposición todo el poder del Estado. Tienen que generar respuestas multiagenciales e interministeriales. El equipo ministerial es el que debe coordinar, sincronizar los esfuerzos y darle contundencia al actuar del Estado para sofocar el foco de insurgencia y llevar a los insurgentes ante la justicia. Crear y mantener las condiciones de seguridad nacional y de seguridad pública necesarias en la Macrozona Sur para permitir corregir todos los defectos y falencias que se vienen arrastrando por años. Nadie pretende atribuirle a este Gobierno, en sus 5 meses de gestión, la responsabilidad por los problemas que heredó de las administraciones anteriores. Nadie se ha pegado en la cabeza. Pero ahora es el momento de que la crítica vociferante que tuvieron cuando fueron oposición se vuelque a la acción. La valentía para gritarles a los uniformados en la cara sus consignas ahora tienen que demostrarla teniendo el coraje de imponer el Estado de derecho, y aliviar la angustia y el terror de la población que ve con desesperación que nadie hace nada ante las amenazas y el terror sembrado por la CAM y otras organizaciones insurgentes.
Lo que están haciendo actualmente no sirve para nada. Es más de lo mismo y peor aún, ya que la insurgencia percibe la debilidad política y la falta de definición del Gobierno. Se necesita un antibiótico potente en las dosis adecuadas para hacer retroceder la enfermedad. No sirve de nada seguir intentando con aspirinas o paracetamol o una dosis menor del antibiótico recomendado por los médicos, ya que solamente contribuirá a hacer más resistente la enfermedad y las bacterias que nos atacan. Al igual que en la medicina, la clave es el buen diagnóstico, y un buen y robusto sistema autoinmune.
CEP: 59% de mapuche opina que nunca se justifica la violencia en el reclamo de tierras
Publicado:
Miércoles, 3 de Agosto de 2022 a las 17:10hrs.
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Según una encuesta especial dedicada a la población de la Macrozona Sur, el 66% de no mapuche también rechaza estos actos de violencia.
A la vez, la mayoría de ambas muestras estimó que el diálogo entre los grupos en conflicto es la principal medida para lograr la paz social en la región.
Si bien la restitución de tierras fue la medida de reparación preferida, el 62% de chilenos y mapuche prefiere que el Estado destine recursos a la educación y salud de dicha etnia.
Una encuesta especial del Centro de Estudios Públicos (CEP), enfocada en conocer las percepciones y actitudes de los habitantes de la Macrozona Sur -Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, arrojó que el 59 por ciento de quienes se identifican como mapuche señaló que la violencia nunca se justifica en el reclamo de tierras.
A la vez, el 26 por ciento de dicha muestra cree que se justifica en algunas circunstancias, el 11 por ciento piensa que se justifica siempre y el 4 por ciento no sabe o no contestó la pregunta.
Entre la población no mapuche consultada, el 66 por ciento estima que no se justifica nunca, el 23 por ciento cree que a veces, el 8 por ciento dice que siempre y el 3 por ciento no sabe o no contestó.
Respecto a cómo creen que deberían darse las reparaciones al pueblo mapuche, ambas muestras abogaron mayormente por tres alternativas: restituirles tierras (26 por ciento y 30 por ciento entre no mapuche y mapuche); reconocerlos constitucionalmente (22 por ciento y 19 por ciento) y mejorar su acceso a educación de calidad (17 por ciento ambas poblaciones).
Si bien la alternativa de restitución de tierras fue la más elegida, el 62 por ciento de cada grupo dijo preferir que los recursos del Estado se destinen a programas de educación, capacitación y salud para los mapuche.
Asimismo, hubo división en cuanto a la idea de autonomías territoriales indígenas, con 43 por ciento de mapuche de acuerdo y 34 por ciento en desacuerdo, y entre chilenos, 33 por ciento de acuerdo y 41 por ciento en desacuerdo.
Finalmente, la mayoría de ambas poblaciones consultadas estimó que el diálogo entre todos los grupos en conflicto es la principal medida para lograr la paz social en la zona (51 por ciento y 55 por ciento de chilenos y mapuche, respectivamente), dejando bastante atrás una mayor presencia de carabineros (26 por ciento y 23 por ciento).
Carmen Le Foulon, investigadora de la CEP, comentó los resultados señalando que cuando se pregunta directamente sobre un estado independiente, “claramente la opción abrumadoramente mayoritaria es que no, la gran mayoría de la población, tanto la mapuche como la no mapuche no quiere que sean un Estado independiente”.
Por otra parte, indicó que en cuanto a la pregunta sobre las medidas de cómo en un Estado se debe lograr la paz social, “tienen poco porcentaje de menciones ‘multicultural’ y menor aún ‘plurinacional'”.
“Aparecen otros temas que habían estado en la agenda pública como presentes y que la verdad es que, por los datos que hemos podido observar, tienen menos relevancia. La plurinacionalidad tiene menos relevancia. Consultadas a las personas pareciera ser una discusión más teórica o más de grupos más elitistas“, comentó el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz.
“Incluso me llama la atención que en algunos casos, como por ejemplo tener independencia o tener banderas propias, aparecen algunos datos incluso más fuertes en población no mapuche que en la población mapuche. Es un desafío la información que se nos ha entregado, a estudiar más, a analizar los múltiples cruces”, agregó la autoridad.
BAJA CONFIANZA EN PODERES DEL ESTADO
Respecto a la confianza en diversas instituciones, quienes se consideran chilenos confían más en universidades (58 por ciento); la PDI (50 por ciento); empresas agrícolas y ganaderas (43 por ciento); Carabineros (41 por ciento) y las Fuerzas Armadas (40 por ciento), y menos en los tribunales de justicia (19 por ciento); el Gobierno (18 por ciento); Ministerio Público (15 por ciento); el Congreso (9 por ciento) y los partidos políticos (4 por ciento).
Un panorama similar se ve entre quienes se identifican como mapuche: confían más en universidades (59 por ciento); la PDI (46 por ciento); la CONADI (39 por ciento); las Fuerzas Armadas (39 por ciento) y Carabineros (38 por ciento), y menos en el Ministerio Público (18 por ciento); los tribunales de justicia (17 por ciento); las empresas hidroeléctricas (16 por ciento); empresas forestales (15 por ciento); el Gobierno (14 por ciento), y coinciden con la otra muestra en cuanto al Parlamento y los partidos.
Asimismo, la población mapuche rural y urbana demostró más confianza en autoridades de sus respectivas comunidades -lonkos, presidentes, machis, werken-, que en los convencionales que representaron a su pueblo en la Convención Constitucional.
Los resultados de esta encuesta se consiguieron entre el 23 de febrero y el 13 de julio, mediante la entrevista presencial de 2.915 personas mayores de 18 años que residen en la Macrozona Sur -salvo la Provincia de Palena-, entre las cuales 1.374 se autodefinen como mapuche y 1.541 no se describen de esa manera.
El error muestral se estima en ± 2,9 por ciento en la muestra mapuche y 2,7 por ciento en la no mapuche (considerando varianza máxima, un nivel de confianza 95 por ciento y un efecto del diseño estimado de 1,2).
