Política y gobierno
Política y gobierno
De golpes y dictaduras:
De Golpes y Dictaduras
Probidad
Germán Gómez V.
Es curioso que el actual equipo de gobierno ignore en los hechos, las consecuencias o efecto de actuar con falta probidad en los funcionarios de su confianza, especialmente respecto de aquellos que han sido instalados en cargos con altas responsabilidades. Calificar de simples errores a conductas múltiples y diversas objetivamente deshonestas, o señalar que en ellas no hay problemas graves porque no hay delitos, es algo preocupante, porque la probidad en sí misma es un principio necesario e imprescindible en la función pública.
Al respecto, conviene tener presente que la probidad es decisiva en el desarrollo de las naciones. Por contraste, es distintivo de países subdesarrollados la corrupción y la ausencia de probidad en sus instituciones públicas. De esto hay múltiples estudios, índices, e incluso rankings que año a año publican diversos organismos internacionales, de manera que ninguna autoridad del Estado podría ignorar su importancia.
¿Queremos seguir siendo un país subdesarrollado? Si es así, no tiene sentido pertenecer a la OCDE ni compararnos con estándares de países de mejor nivel. Por el contrario, si se quisiera formar parte de las naciones del primer mundo, entonces se tiene que ser estricto y riguroso en la administración del Estado y también en la gestión de los bienes particulares. En tal concepto, se arbitrarían las medidas y mecanismos para contar con autoridades y funcionarios rectos, decentes, íntegros, es decir, probos, con una ética de la responsabilidad infranqueable a los diversos tipos de corrupción. Porque ni más ni menos, en esto consiste la probidad. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la probidad como “Honradez; rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. En inglés, el Cambridge Dictionary es más escueto pero bien preciso: “Completa honestidad. La calidad de ser honesto y comportarse correctamente”. Conforme a este criterio de sentido común y de cultura general han de actuar nuestras autoridades y todos los funcionarios públicos.
Pero como el sentido común y la cultura general no son suficientes, el Estado de Chile ha normado al respecto. En efecto, la Ley 20.880 Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses señala que “El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”. Es decir, los servidores públicos han de ser íntegros, no medianamente honestos, y en ningún caso, corruptos. Desde esta perspectiva, las autoridades y funcionarios públicos tienen que actuar con una tolerancia cero respecto de actos reñidos con la ética y las buenas costumbres, pues ello significa ejercer una conducta intachable.
Entonces ¿por qué las autoridades no hacen cumplir este principio, sancionando duramente a quienes lo conculcan?; ¿o es que la probidad ha dejado de ser un principio rector en el servicio público? Esta interpelación va dirigida a las autoridades que eligen, contratan, controlan y evalúan a estos individuos que tanto daño hacen a la sanidad del país.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Discusión.
Boric y la Unidad Popular
Sergio Muñoz Riveros |
Es posible que el deseo del Presidente Boric de “dar testimonio” ante sus partidarios, y probar cuánta razón tenía en los años de dirigente estudiantil y diputado, haya influido en ciertas decisiones que le han creado más dificultades que las impuestas por la realidad o por la acción de los adversarios. Con frecuencia ha parecido preocupado de demostrar la validez de sus credenciales izquierdistas. Tales condicionamientos han oscurecido su percepción de los límites y han generado dinámicas que pueden calificarse de autodestructivas.
Recién llegado a La Moneda, subordinó su mandato al rumbo de la Convención, y luego a la suerte que corriera el proyecto de Constitución allí elaborado.
Si no hubiera ganado el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, su gobierno pudo haber enfrentado una crisis institucional que probablemente habría sobrepasado sus fuerzas.
La derrota le permitió seguir ejerciendo las atribuciones establecidas por la misma Constitución que se empeñó en desmantelar.
De esa experiencia, el mandatario pudo haber extraído lecciones provechosas para su gestión, pero no fue así. Lo determinante fue probar que había tenido la razón desde el principio en materia constitucional. Así, embarcó a los partidos oficialistas y opositores en un segundo proceso constituyente, con la esperanza de que la derrota del plebiscito quedara en el olvido. La elección del 7 de mayo de 2023 significó una nueva derrota.
Ahora, el mandatario se encamina a conmemorar los 50 años del golpe de Estado en clave militante, alejado de cualquier preocupación por la posibilidad de reeditar las divisiones del pasado. Se trata, a todas luces, de la opción de “cerrar filas” en horas difíciles para el Frente Amplio, como consecuencia de los latrocinios que investiga el Ministerio Público. El problema es que convertir los 50 años en un momento de reafirmación político/ideológica del oficialismo solo contribuye a reforzar la desconfianza hacia sus motivaciones.
Una cosa es condenar el golpe de Estado y rechazar la dictadura, y otra muy distinta es reivindicar el camino de la Unidad Popular. Necesitamos que el país no vuelva a perder la democracia ni vuelva a pasar por una experiencia tan traumática en el campo de los derechos humanos como la de los años de Pinochet, pero necesitamos también que el país no reproduzca las condiciones políticas, económicas y sociales que fueron el prólogo del derrumbe institucional. No debemos caer de nuevo en una situación de antagonismos ciegos como la de 1973, cuando los sentimientos predominantes eran el miedo y el odio.
En su reciente viaje a Europa, el Presidente Boric se esforzó por ser visto como el heredero de Allende. No se entiende cuál era su propósito. ¿Quiere, realmente, seguir esas aguas? ¿Eso explica su afirmación de que una parte de su ser quiere “derrocar el capitalismo”? ¿Acaso hay algo que no sabemos sobre sus planes para los próximos dos años y medio? Es cierto que el país es resistente, pero él no puede seguir usando desaprensivamente el lenguaje. Hace 50 años, la fraseología revolucionaria fue el punto de partida de la insensatez política.
En la Unidad Popular se sintetiza todo lo que Boric no debe hacer. Los debates y las publicaciones en torno a la conmemoración han contribuido a dejarlo de manifiesto. Se demostró que el proyecto de “hacer la revolución”, o sea, conquistar todo el poder para establecer el socialismo, a la manera de Cuba y los regímenes sovietizados de Europa del Este, era incompatible con la vida en democracia, la sociedad abierta y la alternancia en el poder. Precisamente por eso, Fidel Castro consideraba ilusoria la perspectiva de una revolución por vías legales, y se esmeró por demostrarlo en Chile.
¿Ejemplo de qué, entonces, vendría a ser la experiencia de la UP? Del anhelo de igualdad, podría responder alguien, y no nos costaría compartirlo. Del interés por cambiar la sociedad para que la vida sea mejor para todos, y también podríamos adherir a tal deseo. El asunto es que las buenas intenciones no bastan para mejorar las cosas, y que la historia de los últimos 100 años entrega lecciones contundentes acerca de cómo han progresado y cómo se han hundido las naciones. En los años de Allende, parecía una verdad revelada que la condición del bienestar de las mayorías era echar abajo el capitalismo. Estaba escrito en el programa de la UP. Y era equivocado.
Podemos aprender de la historia, pero lo primero es enfrentar los hechos. Necesitamos comprender lo que nos pasó, con el fin de evitar la repetición de los errores trágicos. Es crucial que Boric lo tenga claro para que no intente imitar lo que no merece ser imitado.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el martes 22 de agosto de 2023.