Salvador Allende y la propiedad privada

Por Julio Alvear Téllez 

Hay  muchas cosas que se olvidan. Una de ellas es la “vía chilena al socialismo” (1970-1973). Se trata de una estrategia ideada por Allende y la Unidad Popular para conducir a Chile al comunismo. La revolución se haría, en su primera etapa, por los cauces legales de la denominada despectivamente “república burguesa” a fin de destruirla a través de sus propios mecanismos, rumbo a la construcción del sistema marxista, a imagen del modelo soviético y cubano, aunque a la chilena (con “empanadas y vino tinto” se decía).

En el mensaje del 21 de mayo de 1971 al Congreso Nacional, Allende notifica al país que, a ejemplo de la URSS, la Unidad Popular se empeñará en “construir la sociedad socialista”:

“Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio […] Las circunstancias de Rusia en el año 17 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante […]. Como Rusia entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista […]. En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica, como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad” (Salvador Allende, “Primer Mensaje del Presidente Allende al Congreso Pleno”, 21 de mayo de 1971).

La abolición de la propiedad privada, particularmente de los medios de producción, está en el centro de todo proceso revolucionario marxista, y también en la denominada “vía chilena al socialismo”. El asalto a la propiedad privada es impresionante durante los mil días del gobierno de Allende. El objetivo era controlar la riqueza privada y la libertad económica.

Los propósitos se encuentran bien expresados en el Programa de la Unidad Popular, del 17 de diciembre de 1969. En materia de tierras, la finalidad es transformar el régimen de propiedad sin contemplaciones, de un modo drástico, efectivo y directo, sin recursos jurídicos que lo retarden, rumbo a formas colectivas socialistas que, eufemismos aparte, anuncian los koljoses y sovjoses de la Rusia Soviética. En la actividad económica y comercial, no se trata de controlarla o intervenirla de un modo más o menos intenso, sino de someterla lisa y llanamente a la planificación global del Estado. En cuanto a los grandes medios de producción, se busca suprimir también la propiedad privada, pues aquellos deben pasar a manos del Estado, integrándose a la denominada “área social” (eufemismo de estatal).

Sobre este punto, Allende es bastante explícito. En un Mensaje de 1971 al Congreso Nacional advierte: “La construcción del área de propiedad social (sic, estatal) es uno de nuestros grandes objetivos. La incorporación a ella de la mayor parte de nuestras riquezas básicas, del sistema bancario, del latifundio, de la mayor parte de nuestro comercio exterior, de los monopolios industriales y de distribución, es una tarea ya iniciada que debemos profundizar. En el plano económico, instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. En este contexto, la construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico […]. La planificación será la principal orientadora de los recursos productivos”.

Adicionalmente, en su mensaje al Congreso de 1972, Allende recalca que “nuestra misión histórica es demoler construyendo. Demoler los pilares básicos que sostienen el régimen capitalista. Construir los fundamentos del régimen socialista” (Segundo Mensaje del Presidente Allende al Congreso Pleno”, 21 de mayo de 1972). El “capitalismo” se entiende en clave marxista: incluye no sólo la infraestructura económica sino la superestructura cultural.

De esta forma, como el gobierno de la Unidad Popular no tenía mayoría parlamentaria, se decide intervenir la propiedad de los medios de producción a través de los llamados “resquicios legales”. El concepto refiere a la utilización de normas jurídicas vigentes con una finalidad diferente al sentido original, y que, aplicadas ahora con una interpretación extensiva y de manera sistemática, permiten dar cobertura legal a la estatización de la propiedad. Los “resquicios legales” se aplicarán a la banca, la industria y el comercio sin necesidad de pasar por el Congreso.

Así, por ejemplo, en virtud del Decreto-Ley 520 (art. 22 letra i), el Gobierno dispone, entre otras medidas, la requisición de importantes industrias y empresas (Yarur, Nestlé, CCU, Lucchetti, Pizarreño, etc.), sea como regulación económica, sea como sanción. El año 1970 se publica en el Diario Oficial sólo un decreto requisitorio; en 1971, 60; en 1972, 113 y en 1973, 219 (hasta el 11 de septiembre).

Cinco artículos del Decreto-Ley 520 (4, 5, 6, 7 y 8), nunca aplicados, permiten expropiar las empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos declarados de primera necesidad. También se utilizan las leyes 12.927 (art. 38), 16.640 (art.171) y 17.074 (art.4) para designar interventores que asuman la administración de empresas industriales o predios agrícolas. La medida más recurrente es la intervención de empresas por reanudación de faenas. Durante el año 1970, se dictan 195 decretos que ordenan dicha medida; en 1971, 335; en 1972, 223 y en 1973, 94 (hasta el 11 de septiembre).

También se va a radicalizar la política de control de los precios, con una fiscalización cada vez más severa. Las empresas deben producir cada vez más y más barato, como lo enuncia Allende en su ya citado mensaje del 21 de mayo de 1972 al Congreso Nacional. Precisamente, para controlar los precios, la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) refuerza su dotación y crea las temidas Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) para cada unidad vecinal (DIRINCO, Resolución nº 112, D.O. 4.4.1972). Las temidas JAP tienen como objetivo “atender los problemas de abastecimiento de los comerciantes detallistas (…) y cooperar con el control de los precios teniendo al día en cada unidad vecinal las listas de los precios oficiales”. A través del Diario Oficial, se fijan los márgenes de comercialización y se establece el racionamiento de productos, o el estanco, como en el caso del trigo. Las JAP son conocidas por administrar o fiscalizar el racionamiento para toda la población, pero favoreciendo a quienes forman parte de las organizaciones revolucionarias.

La DIRINCO cuenta con gravitantes atribuciones, como requisar y vender por cuenta de sus dueños artículos de primera necesidad que se consideren acaparados u ocultados (art. 43 del decreto 1379), establecer almacenes reguladores (art. 45), obligar a productores a realizar ventas directas a las cooperativas o centrales de compra (art. 47), etc. Las sanciones aplicables son multas (art. 49) e incluso la clausura (art. 52). Se incluyen figuras de delito económico con penas de presidio (art. 53, 62, 63 y 67). Los funcionarios de la DIRINCO son ministros de fe para efectos de atestiguar las infracciones.

El objetivo no solo es económico, sino político y social. En este contexto, la Unidad Popular no pretende entregar la propiedad a los trabajadores del campo o de la industria. Lo que se busca es instaurar el socialismo marxista, por lo que la propiedad no puede ni debe quedar en manos de obreros o campesinos. No se trata de que la propiedad privada cambie de titular, sino de que no exista propiedad privada. Así lo declara Allende a Regis Debray en enero de 1971, a propósito de la referida “área social”:

RD: En la Moneda, usted se refirió a que en el campo del área de la economía social, el gobierno iba a dar participación en el directorio de empresas a los trabajadores.

SA: Exacto. Y empleados y técnicos.

RD: Eso para mí, y siendo usted socialista, y conociendo las relaciones del partido socialista para con la Yugoeslavia, me hace pensar en autogestión.

SA: No. No. Nosotros hemos planteado como una necesidad la presencia de obreros, empleados y técnicos en un porcentaje en la dirección de las empresas. Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para producir. No. Nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fije el gobierno.

En síntesis, Allende tenía un solo empeño: la Revolución. Con un solo apellido: “marxista”. Para alcanzar un solo fin: transformar a Chile en una segunda Cuba. Primero utilizando los cauces electorales y legales, y después la violencia revolucionaria, como lo declaró sin ambages en su discurso en La Habana: “responderemos utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria”. Se trata, además, de un proceso que declara “irreversible”, en diversas oportunidades.

Es bueno conocer nuestra propia historia, para no volver a repetirla.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Suroeste el viernes 8 de septiembre de 2023. La ilustración fue realizada por José Ignacio Aguirre para Revista Suroeste.