Falta de respeto de Ministra Tohá con Consejala:

Terremoto educacional

Por Germán Gómez Veas 

Al drama educativo en Atacama algunos lo han calificado de terremoto educativo. En cierta medida esa calificación es atinada, sin embargo, es necesario subrayar que este sismo no es obra de la naturaleza. Es una obra humana: lo han hecho individuos concretos.

En efecto, la mala gestión de los ejecutivos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) es la causa inmediata del drama que están viviendo más de 30.000 estudiantes. También tiene responsabilidad el equipo central de los SLEP. No son ni el azar ni un acontecer nefasto que la naturaleza haya provocado los responsables de la mega crisis que afecta a tantos niños y jóvenes. Además es necesario subrayar que también hay una gran responsabilidad en los legisladores que crearon y aprobaron la Ley 20.845. En este cuerpo legal se prohíbe taxativamente la creación de colegios subvencionados “a menos de que exista una demanda insatisfecha por matrícula”, con lo cual los estudiantes hoy afectados no tuvieron ni tienen alternativas para cambiarse de centros educativos. Claudio Sapelli, académico del Instituto de Economía de la PUC sostiene al respecto que esta ley “levanta evidentes barreras a la entrada de nuevos colegios, quitando una presión que tenían los colegios municipales a hacerlo bien, para evitar que un colegio particular subvencionado los desplazara. Este problema es posiblemente más grave en el caso de Atacama, donde, a diferencia del resto del país, seis de cada 10 estudiantes están ‘presos’ de la educación pública”.

La reconstrucción de este devastador terremoto educacional es compleja y es necesario abordarla en coherencia con la magnitud que los hechos exigen, sin mezquindades.

En específico, no se puede dilatar la definición de una estrategia pedagógica individual para ayudar a cada uno de los estudiantes. Acá la restauración de los aprendizajes y la reparación de los déficit de los aspectos humanos integrales exigen un acompañamiento o tutoría personalizada, que acompañe los procesos grupales para cada curso. Ningún estudiante puede ser dejado atrás.

Es conveniente señalar que debido a su magnitud, en este desafío el SLEP de Atacama no puede actuar solo, porque el requerimiento de capacidades excede lo que podría proveer por sí solo este Servicio Local de Educación. Esto indica que es deber del Ministerio de Educación poner en marcha un plan ad hoc que se haga cargo de la emergencia, nombrando un responsable del equipo que se haga cargo. Por ejemplo, así como en instancias de cierre de instituciones de educación superior se nombra un Administrador, en este caso tendría que ocurrir algo semejante pero con la misión de reconstruir. Asimismo, no se puede postergar una revisión al diseño del funcionamiento de los SLEP y tampoco se puede demorar una rectificación a los aspectos legales que impiden a las familias y a los alumnos tener amplias alternativas educacionales.

Por otra parte, debemos precisar que si no se establece una instancia transparente de fiscalización y rendición de cuentas, crecerá la desconfianza en que los alumnos puedan recuperar los aprendizajes de los que injustamente se les ha privado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Discusión el martes 28 de noviembre de 2023.

Instrumentalizar lo público

Francisca Echeverría 

Pende de un hilo. El lapidario informe de la Superintendencia de Educación del 27 de noviembre deja al descubierto la situación de la Universidad de Aysén, cuya realidad financiera e institucional la tiene al borde del abismo. El caso desnuda también la peor cara del nuevo modo de hacer política, precisamente el de aquellos que prometían renovarla.

La Universidad de Aysén fue fundada en 2015, en un esfuerzo del gobierno de Bachelet por descentralizar y dotar de universidades estatales a todas las regiones del país. A poco andar, sin embargo, sus problemas se han revelado severos: durante cuatro años ha registrado pérdidas operacionales; el gasto en remuneraciones se triplicó entre 2018 y 2022, pese a un número de alumnos bajo y estable (aun hoy no supera los 650 estudiantes); los fondos estatales asignados para una sede propia no se utilizaron para ese fin, sino para cubrir gastos de operación; durante los últimos meses no se pudo pagar el arriendo ni los sueldos y la universidad culminó el año 2022 con patrimonio negativo (lo que sería motivo para disolver una organización en el ámbito empresarial).

En una reciente entrevista, la ex rectora María Teresa Marshall indica cómo las dificultades estructurales de financiamiento de una pequeña universidad pública se han visto exacerbadas en los últimos años por importantes problemas de gestión en el período 2019-2023, bajo la dirección de una militante de Revolución Democrática que habría incorporado a la universidad a mucha gente afín a su partido. Junto al desastre financiero, Marshall se refiere a una comunidad dividida, a una pérdida de pluralismo y a la existencia de ciertas formas de persecución política. Menciona la falta de control sobre la rectoría, que correspondería al consejo superior, que no está operando por haber cargos vacantes, que deben ser nombrados por el Presidente de la República. Con todo esto, la universidad se encuentra muy cerca de ser intervenida.

Una vez más, lo que saca a la luz la información de los últimos días es la brutal instrumentalización para fines particulares de instituciones proyectadas con un propósito público. Si el sentido original era descentralizar y favorecer la formación universitaria de los jóvenes del extremo sur del país, lo que hoy salta a la vista es la captura de la universidad por parte de grupos de interés, su repartición como un botín, la transformación de las instituciones públicas en meras máquinas de poder y beneficios.

La dinámica no es distinta a la del Caso Convenios, en que los recursos destinados a viviendas sociales terminan en manos de fundaciones de los amigos. La distorsión de los fines de la universidad o de las políticas de vivienda es patente: todo se desnaturaliza, todo se vuelve instrumento. Son casos paradigmáticos de la decepción que ha significado la nueva izquierda. Y quizás el cinismo que parece dominar la actuación pública de estos jóvenes viejos no sea más que un reflejo de su propia decepción, de un escepticismo irremontable respecto de la posibilidad de una forma digna de hacer política.

La Universidad de Aysén se ha convertido en una promesa incumplida para sus estudiantes y para la entera sociedad chilena, que ya parece encontrarse en un límite de resistencia frente a la destrucción de la confianza en la política. Salir de estas lógicas que permean la vida común no será fácil. Hará falta no bajar la guardia en el escrutinio público. Y también mantener una activa resistencia cultural ante la lógica instrumentalizadora, ante la idea de que lo único que cabe hacer si se está en el poder es servirse de él. De lo contrario, serán muchas las instituciones públicas que penderán de un hilo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 9 de diciembre de 2023.