UNA CARTA IMPORTANTE DE ANCIANOS INJUSTAMENTA PRESOS:

Santiago, Junio 2024

Estimados,

Nos dirigimos a ustedes con la esperanza de esclarecer algunas realidades a menudo ocultas en la historia reciente de nuestro país.

Queremos exponer nuestra profunda preocupación por la influencia y las decisiones del Poder Judicial en las causas de Derechos Humanos relacionadas con eventos de hace más de 50 años. En la actualidad son pocos en las fuerzas democráTIcas que se atreven a denunciar los abusos judiciales que nos afectan ya que existe temor reverencial a la ultra izquierda, sin embargo, ustedes han demostrado la capacidad de abordar la información de manera libre de prejuicios y objeTIva. Con su habilidad para exponer situaciones complejas representan una nueva voz de esperanza.

Queremos, antes que nada, expresar que nunca hemos negado a que se haga jusTIcia, pero esta debe ser justa, desideologizado y libre de presiones de ONG ́s y querellantes manipulados por el ParTIdo Comunista. La JusTIcia no debe ser Venganza.

El público general desconoce que los miembros de las Fuerzas Armadas estamos siendo juzgados y condenados bajo un sistema procesal anTIguo, establecido en 1906. Este sistema fue reemplazado en el año 2000 por un nuevo proceso penal, al que cualquier chileno puede acceder hoy en día. Sin embargo, nosotros hemos enfrentado condenas bajo un sistema denominado inquisiTIvo, en el que un juez es quien acusa, invesTIga y condena, sin que dispongamos de ningún TIpo de garanTÍas, a veces ni siquiera del derecho a conocer los antecedentes de las acusaciones en nuestra contra y aunque este sistema fue abolido en la reforma procesal penal por considerarse abusivo, anTIcuado e inquisiTIvo, seguimos siendo condenados bajo sus preceptos. Además, una vez condenados, no tenemos derecho a ningún beneficio carcelario, incluso habiendo cumplido gran parte de los requisitos y condiciones. Se nos acusa de Lesa Humanidad, cuando en Chile no existe su definición o de manera especifica en el Código de procesamiento penal. Se escudan en el Estatuto de Roma, cuando a la vez éste establece que no se puede juzgar bajo estos preceptos situaciones ocurridas antes de su vigencia, que en el caso de Chile entra en rigor el año 2009. Usan de manera retroacTIva El estatuto de Roma escondido tras el IUS COGENS. La persecución ha sido implacable, abusando de un sistema que lo permite.

La II Sala penal que trata los casos de militares ha estado durante años desequilibrada, con tres votos claramente inclinados hacia la izquierda. Entre estos jueces se encontraba el Ministro Juica, quién en una entrevista al momento de su reTIro admiTIó su simpaTÍa por las juventudes del ParTIdo Comunista durante sus años estudianTIles. Del mismo modo, el ex Ministro Solís, Haroldo Brito y su pareja Lya Cabello (ex fiscal de la Corte Suprema) TIenen antecedentes que los vinculan a la izquierda, según el abogado Luis Hermosilla (Diario La Tercera 31/03/24 pag. 12-13). Del mismo modo, los abogados alineados con esta ideología han demostrado su influencia a través de los recientes nombramientos efectuados por el gobierno.

A nivel de la Corte de Apelaciones y entre los ministros de primera instancia, la situación no es diferente. Ministros como Mario Carroza anteriormente, o los actuales Marianela Cifuentes y Miguel Vásquez Plaza son conocidos por condenar sistemáTIcamente a militares, y es en el mismo Poder Judicial que varios aseguran que mientras mas miembros de las FF.AA condenen, mas rápido serán considerados para la Corte Suprema.

En los fallos emiTIdos en años anteriores, y especialmente durante el jubileo del 50 aniversario, se han vulnerado garanTÍas procesales y se han empleado presunciones judiciales que no se ajustan a lo dispuesto en el arTIculo 488 del Código de Procesamiento Penal, y es aquí donde se viola uno de los principios básicos de nuestra cons>tución que es la “igualdad ante la ley”.

Se criTIca mucho al Poder Judicial ¿acaso se cree que la única instancia proba es la II Sala que condena a militares? ¿Saben ustedes que para algunos Ministros en visita, les basta simplemente presumir culpabilidad el haber sido militar y haber usado el uniforme en 1973?

¡Esto, ocurre en Chile!

No obstante, en el colmo de la hipocresía, el Poder Judicial acusa a los militares de pactos de silencio, ignorando que para que esto ocurra debe exisTIr “control”. Cosa que no sucede con el personal en reTIro de las Fuerzas Armadas, ya que éstas no TIenen control sobre sus ex miembros, y muchos han entregado información a cambio de beneficios ofrecidos por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. En cambio, en el Poder Judicial si existen pactos de silencio, y podemos mostrar algunos ejemplos;

1. Es reconocido por varios integrantes del Poder Judicial que el ex presidente de la Segunda Sala ejerció durante al menos los dos úlTImos años con serios problemas de memoria y o demencia senil. Sin embargo, nunca se respondió a las interrogantes planteadas, ya que nadie se atrevió a denunciar este grave incumplimiento a pesar de conocer la situación. Es inconcebible que un ministro con tales condiciones pueda seguir dictando condenas, mientras sus colegas encubren este hecho

2. La Fiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello es la pareja del Ministro Haroldo Brito. ¿Qué imparcialidad espera un militar, cuando la Fiscal y el Presidente de la Sala se van a dormir juntos?. ¿Cómo podría fiscalizar la Fiscal? ¿ocurrirá esto en un país civilizado?

3. ¿Cuánto se ha pagado en indemnizaciones y falsos exonerados políTIcos, cuando aún hay osamentas conservadas en el SML sin iden$ficar? Si se realizan pagos de reparaciones, es esencial que estos lleguen a los verdaderos familiares. Sin embargo, hoy en día ni siquiera tenemos la certeza de que así sea.

4. En SepTIembre de 2023, el Ministro Mario Carroza visitó la Araucanía con el cuestionado Juez Baltazar Garzón. ¿Cual fue el fin de esta visita? ¿Por que llevar a un juez acusado de prevaricación a una zona tan conflictiva y cuestionada hoy en día como es la Araucanía? A la fecha aún no tenemos información de la razón de este viaje, ni menos el motivo.

Tantas interrogantes aun sin respuesta, tantas atropellos a la verdad jurídica, a la ética y la moral.

Se presenta una imagen engañosa de nuestra realidad carcelaria, como si Punta Peuco fuera una cárcel de excepción y la única, sin considerar que actualmente ese penal alberga a 137 presos, mientras que Colina I cuenta con más de 186 internos y la cárcel de San Joaquín con 15 mujeres. Además de varios ex uniformados que cumplen sus sentencias en cárceles comunes a lo largo de Chile para estar cerca de sus familias, todos con pena efectiva, en condiciones mínimas y con niveles altos de hacinamiento. La edad de la población penal de estos centros es mayoritariamente avanzada, hay internos de 80 e incluso 90 años, todos con exámenes y diagnósticos que son rechazados por los jueces a pesar de su gravedad. Incluso algunos con enfermedades terminales.

Recientemente, la Dra. Van Rysselberghe renunció como experta psiquiátrica del SML, tras ser desacreditado su informe por un ministro en visita, lo que resalta la falta de ética e imparcialidad para nuestro casos.

Los casos son muchos y diversos que no se limitan solo a los casos más emblemáticos, sino que involucran alrededor de 400 miembros de las FF.AA y sus familias, ya que no solo nos quitan nuestra libertad si no también el de nuestros hijos y nietos.

Hemos sido injustamente encarcelados por jueces que usan ficciones y presunciones jurídicas basadas en meras suposiciones, condenando a unidades militares completas, incluso a aquellos soldados conscriptos que se encontraban cumpliendo su servicio militar obligatorio.

Por favor, pongan en su radar este abuso sistemático manipulado por la izquierda y alimentado por millonarias indemnizaciones pagadas con los impuestos de cada uno de los chilenos.

La justicia no debe ser una herramienta de venganza política, sino un pilar fundamental de nuestra sociedad, que garantice la equidad y el respeto por los derechos de todos.

Nosotros, como generaciones mayores, confiamos en que ustedes analizarán críticamente estos abusos e iniciarán investigaciones al respecto. Reflexionen sobre estas situaciones y piensen en cómo pueden contribuir a construir un país donde el sistema judicial sea más justo, imparcial y respetuoso de los derechos humanos de todos. Visibilizar estos abusos es crucial para detener el activismo judicial y promover un cambio hacia un sistema verdaderamente equitativo y justo.

Con profunda esperanza, y a vuestra disposición,

Los internos de Colina 1.

Imparcialidad de mentira

Señor Director:

Las fuentes legales que constituyen el debido proceso en el derecho procesal penal surgen de diferentes cuerpos legales o tratados internacionales aprobados por el legislador chileno, entre los cuales se encuentran el Código de Procedimiento Penal de 1906; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aprobado en 1989; la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobada en 1991; el Código Procesal Penal (CPP) del año 2000; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el año 2009 (ERCPI).

Así, el juez en su función de interpretar la ley para integrar todas las normas legales que constituirán el debido proceso penal, deberá reforzar, por así decirlo, las falencias garantistas que tiene el viejo Código adjetivo de 1906, y que dicen relación básicamente con la falta de imparcialidad inherente a un sistema de juzgamiento inquisitivo, y que el Mensaje del Presidente Jorge Montt del año 1894, en sus párrafos 13 y 14, reconoce expresamente, admitiendo riesgos de “visiones de túnel” o de “sesgos de confirmación” derivados del “exceso de celo” del persecutor/juez, y que son déficits que no tienen las legislaciones más modernas como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI, creadas con mayores y mejores conocimientos, bajo una concepción del hombre y de la sociedad muy distinta de aquella existente en el Siglo XIX.

Así las cosas, para decir que se está respetando el debido proceso, no basta con hacer una aplicación literal de la letra del antiguo Código de 1906, al margen de lo que manda otra legislación procesal, nacional o internacional. Y más reprochable es ufanarse de estar cumpliendo con este deber judicial, pero en el momento de aplicar la ley, hacerlo con sesgo (contra reo).

Por ejemplo, el artículo 11 del CPP -que regula la aplicación temporal de la ley procesal penal- implícitamente se refiere al Código de Procedimiento Penal cuando alude a los “procedimientos ya iniciados”. Es cierto -por desgracia- que el sentido y alcance de esta norma adjetiva estaría supeditado a las limitaciones orgánicas y funcionales que harían imposible aplicar institutos propios del sistema acusatorio en la investigación y juzgamiento de causas de DD.HH. seguidas ante ministros de fuero -una cuestión que la política chilena no ha querido abordar- y que lamentablemente ha sido refrendada por la mayoría de nuestro Tribunal Constitucional, en una interpretación a nuestro juicio errada de la disposición Octava Transitoria de la Constitución Política.

Sin embargo, el alcance de esta norma del artículo 11 del CPP, sí debería extenderse a las disposiciones que reconocen derechos y garantías, que, en todo caso, reconocen expresamente otros instrumentos nacionales e internacionales como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI (además de nuestra Carta Fundamental).

Dicho esto, habría que señalar que como abogada defensora de causas de DD.HH., me ha tocado ver cómo los ministros de fuero, cual “exégetas del Código de 1906”, al momento de resolver sobre cuestiones “pro reo”, escudándose en una aplicación textual de este compendio normativo, deniegan diversas actuaciones de la defensa o autorizan actos en los cuales se vulneran los derechos fundamentales de los justiciables, develando una imparcialidad en su actuar (p. ej. causa Rol n° 63.534, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre).

El abuso del secreto de sumario, inclusive post procesamiento; la declaración coaccionada bajo juramento (Nemo Tenetur) o bajo la imposición simultánea de una prisión preventiva (aun sin defensa designada); ni siquiera la posibilidad que abogados defensores acompañen al inculpado en sus indagatorias, careos o reconstituciones de escena, por mencionar sólo algunas, son ejemplos de esta mala praxis judicial.

Y si a ello le agregamos la preeminencia -que bajo el sistema inquisitivo imperante tienen las presunciones judiciales como medio de prueba condenatorio, transformando casi en una utopía la posibilidad de una anulación por infracción a las causales objetivas del artículo 488 del viejo Código, la situación procesal del encartado por estas causas de DD.HH. es de una indefensión y desamparo total.

Porque no se concibe un juicio sin un juez imparcial, y es de la esencia de la existencia de un juez, la cualidad de imparcial. No obstante, para nuestra realidad “chilensis”, la imparcialidad como valor supremo de la justicia, en la práctica, no existe.

Porque de nada sirve decir que está presente, cuando el propio Mensaje del aquel Código del cual pende la vida de una persona (y de su familia), no es capaz de garantizarla, y frente a esta impotencia del Ejecutivo de la época de no ser un “país rico y poblado” que permita adoptar otro sistema más justo (párrafos 9° y 10°), entrega cándidamente la solución, a la praxis de un “juez honrado” (párrafo 14°).

El panorama es simplemente desolador.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

 1 comentario

1. Carlos Souper Quinterosdice:

29 junio, 2024 en 01:17

Super claro, el sistema procesal penal antiguo, es una burla a la justicia, al debido proceso y a la dignidad humana, así es hoy la justicia chilena, cuestionada por corrupta y trucha.

Publicado por El Líbero.

Gabriel Zaliasnik: «Hay consejeros del INDH que se sumaron al intento de poner término anticipado al gobierno de Piñera»

El abogado, quien representó al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, en causas por presuntos delitos contra DD.HH. en el contexto del 18 de octubre, aseguró que «el INDH forzó un relato que el tiempo va demostrando que se construía sobre falacias». Sostuvo que «la mayoría del consejo del INDH está capturado por ideología de extrema izquierda» y que «se han instrumentalizado las querellas».

por Magdalena Olea26 junio, 2024

Durante los últimos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha generado polémica. Primero, por la querella que presentó después de conocerse los mensajes telefónicos del ex juez Juan Antonio Poblete con Mario Desbordes, candidato a alcalde por Santiago.

Esto se suma a las declaraciones que dio la directora del organismo, Consuelo Contreras, en Tolerancia 0, donde defendió la presentación de esta querella, y planteó que en Chile “no hubo violaciones sistemáticas de DD.HH.” durante el estallido, “pero que sí fueron generalizadas”.

Con esto, se evidenció un cambio de postura de Contreras, considerando que en 2022 ella, junto a otros consejeros, firmaron una carta para pedir la renuncia del entonces mandamás de la entidad, Sergio Micco, en la que afirmaban que existían «violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. De hecho, muchas querellas fueron presentadas bajo esa premisa.

En el programa «Mirada Líbero», el abogado Gabriel Zaliasnik, consejero del Colegio de Abogados, y quien representó al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, en causas por presuntos delitos de DD.HH. en el contexto del estallido de 2019, se refirió a los dichos de Contreras y los últimos acontecimientos.

«A estas alturas lo que dijo Consuelo Contreras no debiera sorprender a nadie»

«Ya se ha hecho una práctica habitual este cambio de posiciones, volteretas, de uso del derecho como una herramienta política desde los hechos de violencia e intentos antidemocráticos posteriores a octubre del 2019. Por lo tanto, a mí no me llama la atención, A estas alturas lo que dijo Consuelo Contreras no debiera sorprender a nadie«, sostuvo Zaliasnik.

«Ellos trataron de forzar un relato, que la perspectiva del tiempo va demostrando que se construía sobre falacias. Es decir, pretender que aquí había casos de lesa humanidad para tratar de impugnar al Presidente democráticamente electo Sebastián Piñera, y a las altas autoridades del país», explicó.

«Hay consejeros del INDH que se sumaron al intento de poner término anticipado al gobierno de Piñera»

Asimismo, dijo que «hay consejeros y gente vinculada al mundo del Instituto de Derechos Humanos que se sumaron a una agenda, que tenía un intento de poner término anticipado al gobierno del Presidente Piñera. Hubo un intento totalitario, de pasar por alto la decisión democrática que el país había tomado. Eso quedará en el registro de la historia».

Agregó que «el INDH, o algunos de sus consejeros, han sido capturados hace mucho tiempo por esos sectores violentos, tanto que le costaron el cargo a Sergio Micco, por confrontar el uso político que se intentaba hacer del INDH», y que «lo que hace hoy día Contreras es que trata de matizar con esa suerte de carácter generalizado, para mantenerse dentro de un ámbito de delitos de lesa humanidad, que los chilenos están conscientes que nunca existieron».

«Fue un intento frustrado de golpe de Estado por mecanismos modernos«

Así, el abogado enfatizó que «bajo ningún punto de vista los hechos subsumían en el carácter de delitos de lesa humanidad», y que «en Chile no existieron violaciones de DD.HH., no existieron delitos de lesa humanidad en forma sistemática y generalizada«.

«En ese momento había un aprovechamiento político de una situación. Había un intento golpista, se intentó desestabilizar al país y al gobierno de turno (…). Fue un intento frustrado de golpe de Estado por mecanismos modernos. Los golpes de Estado hoy día ya no son como antes, aquí no iba a haber un bombardeo a La Moneda. Ahora se hacen a través de redes sociales, a través de la quema del metro, a través de violencia», agregó.

«Van a llegar a la conclusión de sobreseer definitivamente estas causas, que nunca se debieron haber abierto»

Eso sí, en cuanto a las causas que están abiertas, el penalista advirtió que «no por los comentarios de Contreras va a haber un cambio. Los fiscales hacen su labor de forma independiente. No debería afectar este tipo de definiciones (…) van a llegar a las únicas conclusiones que es posible llegar, que es sobreseer definitivamente estas causas, que nunca se debieron haber abierto«. Aunque, dijo que esto «genera un mejor clima, porque la gente empieza a ver cómo se va desenmascarando este uso espurio del INDH, que es querellante en muchas causas».

Añadió que «claramente se ha instrumentalizado las querellas, han sido frívolas, tratando de buscar responsabilidades penales en carabineros que cumplían con su deber». «El INDH está capturado por ideologías de ultraizquierda, de extrema izquierda», cerró.

«Se le ha tolerado al INDH querellarse por delitos en los que no está habilitado»

Además, Zaliasnik afirmó que «el INDH ha exorbitado completamente las atribuciones que le da la ley. Es más, incurren ellos en un delito que es de prevaricación administrativa, que es cuando se toman decisiones que son abiertamente contrarias a derechos. Ninguna autoridad en Chile, por disposición de la Constitución, puede ejercer o exceder el ámbito de sus competencias. Y el Instituto de Derechos Humanos no está al margen».

«Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo, ha habido una laxitud en que se le ha tolerado al INDH querellarse por delitos en los cuales no está habilitado para querellarse (…) la pretensión que tienen ahora de hacerse parte en querellas por causas de eventual corrupción, como es el ‘caso topógrafo’, lo que pretenden hacer al final es inhabilitar a una ministra de la Corte Suprema para que no resuelva otras causas en las que ellos tienen intereses. Eso es algo que no debiera tolerarse», enfatizó.

En esa línea, el abogado afirmó que en ese caso «no es tráfico de influencia, porque en esa época, el señor Desbordes no era funcionario público. O sea, ni siquiera tipifica el delito«, y que «en el caso donde involucran a Desbordes, el INDH no tiene ninguna atribución o facultad. Hay que ponerle atajo para que no se haga uso político».

«En los chats de Desbordes o del ex juez Poblete no sólo no hay tráfico de influencias, en las respuestas que da la ministra Letelier no advierto nada impropio en esa conducta», advirtió.

«No basta con pedir perdón. Hay que exigir responsabilidades»

«A estas alturas la reparación del intento de quiebre de la convivencia democrática requiere que quienes fueron parte debieran realmente hacerse cargo. No basta con pedir perdón. Hay que exigir responsabilidades de quienes actuaron irresponsablemente», sostuvo.

Por último, respecto a la reunión del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, con el ministro Luis Cordero, para modificar el sistema de nombramiento de jueces, Zaliasnik dijo: «Soy muy respetuoso del funcionamiento del Poder Judicial y a veces uno advierte una cierta campaña para intentar erosionar la credibilidad del Poder Judicial. El mecanismo de nombramiento de jueces puede perfeccionarse, eso no te asegura que no va a ser efecto de formas de influencia en esa designación (…) No porque cambies a quienes han de designar a los ministros, vas a evitar lo que hoy se cuestiona».

ETIQUETADO:Consuelo Contreras.DD.HHGabriel ZaliasnikindhPiñeraViolaciones sistemáticas

2 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

25 junio, 2024 en 23:54

Muy claro, directo y acertivo, así fue, un intento de golpe de estado a través de mentiras, montajes, tv comprometida con el golpe. Se usó de fiscalias y jueces corruptos para neutralizar a FFAA con todos los CJ querellado previo al intento de golpe, y durante la ejecución de éste, miles de querellas contra Carabineros. Y todo esto cuadro con un pdte pusilánime, cobarde, y partidos de ese gobierno que daban asco y verguenza

2. Humberto Julio Reyesdice:

26 junio, 2024 en 08:24

Ni siquiera los representantes de la izquierda pueden sostener una supuesta imparcialidad de este organismo pero parece difícil ponerle el cascabel al gato. En el intertanto, sigue interviniendo en diversos procesos, ya que pareciera que todo permite argumentar la violación de algún derecho humano.

Tal como funciona hoy, el INDH no puede continuar.

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Es hora de revisar la función que cumple el INDH en nuestra institucionalidad. Son demasiado contundentes las señales de que fue capturado por una corriente sectaria para hacer negocio político. Sus representantes desvirtuaron y desacreditaron una causa que creyeron que podía disociarse de la suerte del Estado de Derecho. Se ha comprobado, una vez más, que en nombre de los DD.HH., se puede hacer baja política. El espíritu de bando ha terminado por quitarle toda autoridad ante el país.

El alevoso ataque sufrido por nuestra convivencia en octubre de 2019 desnudó muchas miserias. Una de las peores fue la instrumentalización de la causa de los derechos humanos en el mismo momento en que la democracia sufría la peor agresión desde que la recuperamos, 30 años antes. En el centro de ello, estuvo el activismo de quienes buscaron poner al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al servicio de una estrategia que no reparó en medios para “demostrar” que en Chile había surgido una nueva dictadura.

El empeño por probar que el Estado impulsaba una política de violación sistemática de los DD.HH. fue la base del plan de la izquierda golpista para derribar al presidente Sebastián Piñera. Y ya sabemos lo suficiente respecto de quiénes fueron los que se entusiasmaron entonces con la posibilidad de asaltar el poder. Desde las cómodas instalaciones del Congreso Nacional, hubo cómplices descarados de la irracionalidad, a los que solo les interesaba congraciarse con las turbas.

No fueron manifestantes pacíficos los que dieron la partida al 18 de octubre, sino delincuentes dispuestos a todo, saqueadores organizados, grupos de antisociales que no se detuvieron ni ante las iglesias. Es cierto que muchos jóvenes salieron a las calles, creyendo que se movilizaban por la igualdad, y que ello sirvió para exaltar la manifestación del 25 de octubre, en plaza Baquedano, como expresión del genuino espíritu de la protesta. Pero, en ese mismo momento, se cometían desmanes en las cercanías, como el ataque incendiario a la Universidad Pedro de Valdivia, a la entrada de Vicuña Mackenna. Y las organizaciones feministas, ecologistas, indigenistas y animalistas, que llamaron a esa manifestación, nunca condenaron a los violentos.

En ese cuadro, el papel de los activistas que operaban dentro del INDH fue ignominioso. Los revolucionarios con sueldo estatal actuaron sin conciencia alguna de que el fuego que estaban atizando podía quemar a la sociedad entera. Por supuesto que el organismo debía cumplir con su obligación de denunciar los abusos de los agentes del Estado, pero no fueron disturbios corrientes los que hubo entonces, sino una ola de violencia, destrucción y pillaje en una escala que no tiene precedente en nuestra historia. El crimen organizado sacó amplio provecho del quiebre del orden público para golpear a Carabineros y desestabilizar al Estado.

Sin la valerosa actitud del abogado y académico Sergio Micco Aguayo y de otros consejeros del INDH en aquellos días, que se opusieron al frenesí y a la instrumentalización sediciosa del organismo, todo pudo ser mucho peor. Consuelo Contreras, integrante del consejo, sostenía entonces que había una violación sistemática de los DD.HH. por parte del gobierno, lo que buscó potenciar, dentro y fuera de Chile, la falacia de que Piñera era un nuevo dictador que debía ser expulsado del poder a cualquier precio. Ella encabezó la acción interna para inhabilitar moralmente a Micco y sacarlo de la presidencia del organismo, lo que finalmente consiguió. Hoy, es la presidenta.

No obstante que reconoció en el programa Tolerancia Cero que no hubo violaciones sistemáticas de los DD.HH. en 2019, Consuelo Contreras afirmó luego en una carta al diario El Mercurio que, en todo caso, las violaciones fueron masivas y generalizadas, y que hasta podrían constituir delitos de lesa humanidad. Contumacia militante, sin duda.

Para describir la situación de entonces habla de “crisis”, como si inesperadamente y sin razón visible, el orden legal hubiera empezado a resquebrajarse por todos lados. ¿Qué noción tiene ella sobre el terrorismo? ¿Qué idea se ha formado sobre lo que pasó en el Metro? ¿Quiénes cree que atacaron las comisarías y las unidades militares? En materia de DD.HH., ¿le dicen algo los miles de funcionarios policiales heridos? Y, por último, ¿tuvo alguna preocupación personal por la posibilidad de que se hundiera la democracia y se impusiera en Chile la ley de la selva?

No hay otro episodio en la vida del país que pueda compararse con lo que pasó hace 5 años. Y ya está claro que habrá que esperar que vengan otro gobierno y otro Congreso para que se produzca finalmente la investigación que hace falta sobre la oscura trama de 2019, la coalición político-delictual que estuvo detrás de todo y, particularmente, la decisiva intervención extranjera

Es hora de revisar la función que cumple el INDH en nuestra institucionalidad. Son demasiado contundentes las señales de que fue capturado por una corriente sectaria para hacer negocio político. Sus representantes desvirtuaron y desacreditaron una causa que creyeron que podía disociarse de la suerte del Estado de Derecho. Se ha comprobado, una vez más, que en nombre de los DD.HH., se puede hacer baja política.

El INDH no ofrece hoy garantías de responsabilidad republicana. Es un organismo que, por la acción de quienes tienen el control, genera aguda desconfianza en amplios sectores de la sociedad, lo que quedó reforzado por la presentación de una querella en un ámbito ajeno a su competencia, como parte de una maniobra electoral contra el candidato opositor a la alcaldía de Santiago. El espíritu de bando ha terminado por quitarle toda autoridad ante el país. Tal como funciona actualmente, el INDH no puede continuar.

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