CARTA DE HIJAS DE MILITARES PRESOS POLÍTICOS:

Estimados,

Hablar, restringir, decir que no se va a negociar, recontra tapizar de presos cárceles en todo el país con una mezcla de internos con diversas condenas, mientras se hace vista gorda a las malas condiciones de los “buenos” gendarmes, y permitir el operar a los”malos gendarmes”, ya le explotó en la cara a “La Justicia”.

Ver cárceles ambientadas como hoteles de lujo, donde los internos continúan delinquiendo desde el interior, haciendo Tik Toks, y hasta desvalijando ministerios por teléfono, evidencia que ya no se puede seguir escondiendo ni auspiciando esta situación. Resulta por lo bajo “sospechoso” cómo el Gobierno ha permitido que esto pase tan encubierto.

Más sospechoso aún es que la mayoría de los ocupantes de estas cárceles de lujo en todo Chile son extranjeros de alta peligrosidad, quienes vienen aquí a sacar su “postgrado” en crímenes y luego huyen o entran y salen de las cárceles y del país cuantas veces quieran, mientras no hay lugar para los presos nacionales, que hoy son los “empleados” de estos extranjeros y los primeros en ser asesinados como demostración de poder.

Éste mes se atrevieron a publicar y mostrar en TV, cómo criminales perseguidos en todo el continente y que están hospedados en la cárcel de alta seguridad de Santiago 1, se unieron espectacularmente y organizaron un motín, donde no solo destruyeron absolutamente decenas de celdas especiales, sino que atacaron a gendarmes y no

conforme con eso, muy organizados hoy tienen una abogada que los representa y exigirá más derechos para ellos, hasta una carta firmada en conjunto por ellos pudimos leer, mientras el Gobierno nuevamente va a invertir más de 200 millones de pesos en volver a habilitar sus habitaciones de alta seguridad. Esto es “no negociar” y seguir manteniéndolos ahí.

En Chile los únicos “Trenes” que funcionan son los de Aragua, los Pulpos, los Trinitarios y los Trenes de la Corte Suprema y sus ministros. Hoy se está recién destapando la olla para ver el raspado que tantos tenían escondidos en corrupción e influencias; como los juicios y casos a militares y miembros de las fuerzas armadas y civiles de 1973 que después de casi 50 años están siendo condenados irregularmente a presidio en Colina1, Punta Peuco, centro de mujeres y otros lugares que no tienen espacio ni instalaciones para recibirlos, donde las causas de “Derechos Humanos” por los cuales han sido condenados veteranos de hasta más de 90 años, las destinan donde se sabe que no pueden ser cuidados ni vigilados por gendarmes que no están preparados ni capacitados para eso, sobre estresándolos y vulnerando también sus derechos laborales.

Ancianos que ya cargan con varias patologías básicas y siquiátricas, son hacinados en condiciones indignas, sin espacio para moverse, dormir, abrigarse, alimentarse ni recibir atención médica (que aún siguen pagando mes a mes). No tienen donde instalar sus tanques de oxígeno, hacerse diálisis o quimioterapia, y les restringen las visitas y

la entrada de alimentos y medicamentos, dificultándoles además salir a consultas médicas. Lo que ha resultado en muertes negligentes, falleciendo de manera dolorosa en los brazos de sus compañeros de celda o frente a sus familias en día de visita, pidiendo a gritos ayuda por el traslado a un centro asistencial.

Restringen a las ONG, fundaciones, agrupaciones y organizaciones que intentan llegar con ayuda básica para ellos, y los mantienen incomunicados por días, ese es el derecho más vulnerado y que más afecta a los internos y a las familias, ya que Gendarmería a nivel nacional tiene por obligación entregar un sistema de comunicación básico de teléfonos públicos disponible diariamente y no se ha cumplido, por lo que en fechas importantes o cada ciertos días del mes, simplemente los teléfonos públicos dejan de funcionar sin razón y empieza la psicosis en todas las familias repartidas en el país y en los internos que comienzan un ciclo de desesperación que los angustia y desequilibra. Es importante mencionar que el “servicio” no es gratuito y solo lo pueden usar si tienen monedas de $100 pesos nuevas o de $500 y bajo un corto plazo de horas al día, no cómo en las otras cárceles llenas de celulares.

Mientras el ministro y varios jueces, además del presidente, se enfocan en volver a gastar nuestra plata para rearmar celdas de alta seguridad para delincuentes que ya no deberían estar en Chile, casi 200 adultos mayores en los pabellones “asistir” intentan, con sus propios recursos, trabajo y esmero diario, cuidar las celdas y pabellones donde están hacinados. Ellos mantienen los baños y lugares comunes sin pedir un peso al Estado. La condición de espacio es tan indigna que externos independientes han ofrecido contenedores gratis y cubrir el costo de su instalación en Colina 1 para descongestionar el lugar, que viola todos los derechos humanos mínimos que la cárcel debería garantizar. Sin embargo, Gendarmería Central y el Gobierno no lo autorizan (recordemos que van a reinvertir en Santiago 1). Esto no solo tortura diariamente a los casi 200 ancianos hacinados en Colina 1, sino que también genera un estrés indebido a los gendarmes, quienes tienen que cumplir funciones para las que fueron entrenados y no para mantener un geriátrico de tortura política.

Es brutal que se sigan negando a enviar los casos de los mayores de 75 años a cumplir condena a sus domicilio bajo el costo y cuidado de sus familias, y sigan condenando a internos que ya tienen 20 años de condena a 15 años más, es una inhumanidad digna del peor violador de derechos humanos. Ni el más cruel de la historia se ha igualado a Carroza o a la señora Cifuentes, por mencionar algunos. Si a ellos les gusta inculpar a los militares que quedan vivos por “autoridad de mando” fácilmente se les podría culpar y por lo visto comprobar a ustedes, de todos los errores y de las irregularidades judiciales que han cometido en sus juicios y condenas, y como únicos responsables que son; paguen, indemnicen, se retracten y pidan disculpas públicas, tal como se ha descubierto y se ha podido desenmascarar a Chong.

Hijas de Colina 1. Carolina R. Bárbara A.C María José R. Javiera C.

Publicado por http://www.miscamaradas.cl

Editorial del Boletín Informativo de la ONG-JURE:

Por Álvaro Guzmán Valenzuela General de Brigada (R)

Las irregularidades que se cometen en la Corte Suprema de Justicia están quedando al descubierto y algunas ya son conocidas por la opinión pública, anunciándose por la prensa que ellas serán investigadas en una Comisión de Ética.

Preocupación y desaliento causa el hecho de que quien fuera Presidente de esa Corte, don SERGIO MUÑOZ GAJARDO en el bienio 2014 – 2015, y que ha sido uno de los más activos magistrados involucrados en los juicios por delitos supuestamente cometidos por uniformados durante el Gobierno Militar, es denunciado por filtrar información privilegiada a su hija, también jueza, para que, presuntamente, ella favoreciera el desarrollo de proyectos inmobiliarios. La Comisión de Etica, según reciente información de prensa, deberá investigar el caso que se suma a otros sobre posible tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Dado lo anterior, nos asiste una justificada preocupación sobre la rectitud, probidad y ética de los jueces que han llevado los casos en contra de los militares retirados, especialmente por aquellos que han integrado la 2a Sala Penal de la Corte Suprema. Lo mismo respecto del Ministro ÁLVARO MESA LATORRE, presidente de al Corte de Apelaciones de Temuco, por irregularidades cometidas que están invisibilizadas en la opinión pública y que han afectado notablemente a miembros retirados de las FFAA y Carabineros, quienes con razón estiman que la justicia en Chile es selectiva e injusta.

De ello hay sobradas pruebas: aplicación de un sistema procesal diferente al de los demás chilenos, condenas masivas sobre la base de presunciones y ficciones jurídicas, arbitrariedades, ilegalidades e incumplimiento de principios jurídicos internacionales firmados por el Estado de Chile.

Todo ello ha sido comprobado y documentado. Pero la Corte Suprema hace vista gorda a las evidentes irregularidades y arbitrariedades cometidas en relación a las normas del debido proceso, alto tribunal que ratifica o aumenta las penas provenientes de ministros en visita y de cortes de apelaciones.

En abierta traición a los principios del Derecho e incumpliendo su deber, los jueces sacrifican a militares y carabineros con una total falta de consideración a las normas más elementales del derecho humanitario.

Se procesa, acusa y condena con presidio efectivo a personas en su mayoría de la tercera edad y muy delicadas de salud. Son perseguidos, acosados y privados de libertad sin otro afán que el de mantener una elevada presión psicológica en contra del procesado y de su familia, pensando que sus vidas carecen de valor. En consecuencia, las sentencias, más que el cumplimiento de unos años de presidio, son penas a muerte porque nadie vivirá por más de 100 años para terminarlas.

Me pregunto: ¿estos jueces también podrán ser investigados en la Comisión de Ética, tal como se investiga al juez Muñoz y a otros magistrados cuya probidad ha sido puesta en duda por sus vinculaciones con el conocido abogado Luis Hermosilla?.

Lo que ha sucedido en en cuanto a muertes estos años en los Campos de Exterminio en  los diferentes gobiernos:

Nota: Esta lista está incompleta.