Los ajustes presupuestarios a las Fuerzas Armadas y su impacto en la seguridad pública

Por : Richard Kouyoumdjian Inglis

Experto en Defensa y Seguridad Nacional

Realizar ajustes es normal, pero efectuarlos a las instituciones que se dedican a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que cumplen algunas de las labores y obligaciones principales del Estado, las que están en el artículo 1 de la Constitución.

Uno de los temas que preocupan a los que se dedican a los temas de seguridad y defensa son los ajustes presupuestarios que el Gobierno va a aplicar a las Fuerzas Armadas dentro del ajuste anunciado de $ 544 mil millones, el que desde ya les indico que tendrá consecuencias tanto para la seguridad nacional como para la seguridad pública.

El ajuste en cuestión, del cual están excluidos Carabineros, la PDI y Gendarmería, pero no las Fuerzas Armadas ni el Ministerio Público, los tribunales y otras reparticiones públicas que tienen participación en el sistema de seguridad pública, no está bien pensado, ya que si bien deja fuera a las policías y Gendarmería, no mira la seguridad pública como un sistema o proceso, pues renuncia a entender que un ajuste de $ 7 mil millones en el Ministerio Público le quita efectividad al trabajo de Carabineros y la PDI, ya que son ellos los que procesan a los delincuentes, y los que dirigen el trabajo investigativo que ellas realizan. Lo mismo aplica a los tribunales.

El Ministerio Público tiene la suerte de ser una entidad autónoma, que no reporta al Ejecutivo y que lo puede enfrentar en caso de tener diferencias en materias presupuestarias, algo que las Fuerzas Armadas no pueden realizar por ser obedientes y disciplinadas, y estar bajo el mando del Gobierno, solo pudiendo eventualmente representar sus diferencias en caso de que no se cumpla la Constitución, lo que implica que no vamos a ver a los comandantes en jefe hablando con la prensa sobre los ajustes en cuestión, algo que de seguro representarán a la ministra de Defensa Nacional y al Presidente de la República si es que llega a ser necesario.

Algunos que se dedican a la política ficción indican que la citación a la senadora Allende y la ministra Fernández es la forma en que el Ministerio Público le está mostrando los dientes al Gobierno. Yo no creo que sea así, pero que tienen el poder y la autonomía para hacerlo, de más que sí, y de más que lo puedan haber hecho en el pasado.

Dicho eso, los ajustes van a impactar principalmente al Ejército y la Armada, y en menor medida a la Fuerza Aérea. Van a afectar la capacidad operativa porque serán sobre los subtítulos 21 y 22, que son las líneas de sueldos y gastos generales. Estimo que estamos hablando de a lo menos $ 19 mil millones en el Ejército y $ 13 mil millones en la Armada, incluyendo en mi cálculo a todas las reparticiones asociadas a ambas instituciones.

Si bien los ajustes debieran ser del orden del 2 % en sueldos y 5 % en gastos generales, los que porcentualmente no suenan muy relevantes, se suman a ajustes que se realizaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando establecieron una pseudobase cero, o los que se dieron con motivo del llamado “Estallido Social”, o los que se realizaron con motivo de las reasignaciones que se dieron con la pandemia.

Antes de eso existían presupuestos de operación que daban cierta flexibilidad y que implicaban presupuestos que tranquilamente podrían ser un 25 % más altos, si no más. Sin embargo, el ajuste que se pretende ya no elimina reservas presupuestarias que las Fuerzas Armadas siempre deben tener a mano, sino que elimina capacidades operativas y mantención de capacidades estratégicas.

Por “capacidades operativas” me refiero a la capacidad de concurrir al socorro de personas afectadas por desastres naturales o eventos climáticos, así como para apagar incendios forestales, destinar gente a cubrir estados de emergencia o resguardar la frontera norte. En lo naval -que es lo que más conozco-, esperaría una reducción de los esfuerzos antárticos, de patrullaje marítimo de la zona económica exclusiva y de soporte a zonas extremas, olvidándosele al ministro de Hacienda que la Armada es la que realiza la función de policía marítima y que nuestros puertos y mares son usados para fines criminales.

En el caso de las capacidades estratégicas estamos hablando de menos horas de entrenamiento, de navegación, de mantención o de vuelo. Estamos hablando de que con este recorte se hace difícil dar forma a las mejoras al Servicio Militar, así como completar las dotaciones de conscriptos y soldados de tropa profesional. También estamos hablando de disminuir las dotaciones a contrata, que son normales en posiciones administrativas y educacionales, cuyos efectos quizás no se vean ahora sino a futuro, en lo que es pan para hoy y hambre a futuro.

Habiendo sido buena parte de mi vida director financiero, entiendo la difícil labor del ministro de Hacienda, el que tiene que hacer calzar los ingresos con los gastos, algo que en Chile no está claramente balanceado. Entiendo que el ajuste se debe hacer, pero también se debe buscar disminuir el tamaño del Estado, al contrario de lo que se ha hecho en tiempos recientes, en que solo vemos iniciativas que buscan agrandarlo, como son la creación de nuevos ministerios sin acciones de optimización, como sucedería si se fusionaran Interior, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia.

Antes de cerrar, quiero dejar claro que realizar ajustes es normal, pero efectuarlos a las instituciones que se dedican a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que cumplen algunas de las labores y obligaciones principales del Estado, las que están en el artículo 1 de la Constitución. Por ende, si vamos a ajustar el presupuesto porque no hay ingresos o ya copamos nuestra capacidad de endeudamiento, hagámoslo sobre los ministerios y reparticiones no fundamentales y críticas y, en paralelo, seamos serios acerca del tamaño de Estado que podemos tener y financiar, sin miradas ideológicas, sino financieras, y buscando cumplir lo que la Constitución exige al Estado cumplir y proveer.

Si no entendemos lo anterior, olvídense de que vayamos a poder echar a andar el Ministerio de Seguridad Pública, de la construcción de nuevas cárceles, de fronteras más protegidas, de poder implementar la organización y dotación que la nueva ley de inteligencia propone, o de tener militares disponibles en números relevantes para ser destinados a funciones de seguridad pública. Es por ello que candidatas como Evelyn Matthei saben que para ser exitosos sus programas de gobierno requieren de ajustes profundos del tamaño del Estado para liberar los recursos que sus programas de seguridad pública van a requerir.

Hacer lo mismo con menos no existe, como tampoco -obviamente- se puede hacer más con menos. De serlo asumiría que hasta ahora no han sido eficientes, algo que espero haber dejado claro que no es el caso. Ajustes como los antes indicados van a implicar que se va a reducir el nivel de actividad en lo que a las Fuerzas Armadas se refiere y que, por consecuencia y debido a que están involucradas en labores de seguridad en la Macrozona Sur y en las fronteras con Perú y Bolivia, va a haber un impacto en lo que a seguridad publica se refiere. Puede que sus tareas constitucionales en estas materias no cambien, pero van a ser con menos gente y, por ende, menos efectivas.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

COMUNISTAS Y CARDENALES: Al rescate de una verdad “conveniente”.

Del Blog de Christian Slater E.

enero 25, 2025

La Santa Alianza de la duda: Comunistas y Cardenales al rescate de la verdad (¿o de sus versiones?)

Dicen que los milagros existen, y quizás este sea uno de ellos: un ministro de justicia comunista, ateo confeso, extiende la mano a la Iglesia Católica chilena para una noble misión de reconciliación histórica. Jaime Gajardo, cual San Francisco de Asís redivivo, ha decidido convocar al cardenal Fernando Chomali y al sacerdote Tomás Scherz para iluminar, con la luz del perdón y el diálogo, los oscuros pasillos de la memoria histórica chilena. El propósito: que 140 supuestos “perpetradores”, ancianos de Punta Peuco con un promedio de 78 años, confiesen lo que nunca han dicho por que no saben o ya no se acuerdan, sobre los desaparecidos durante el Gobierno Militar.

La Iglesia y el Partido Comunista: ¿Un acto de buena fe?

¿Será este un acto de buena fe o un casting para la próxima temporada de “La Santa Cruzada de la Reputación”? Porque, si de reputaciones se trata, tanto el Partido Comunista como la Iglesia Católica podrían beneficiarse de una profunda sesión de confesión conjunta. Según cifras oficiales del también desprestigiado, controvertido y descalificado Instituto Nacional de Derechos Humanos (CONTROVERTIDA ACTUACIÓN DEL INDH), Chile aún tiene 1.469 detenidos desaparecidos cuyo paradero se desconoce.

¿Tiene la Iglesia Católica claridad sobre cuántos inocentes se encuentran hoy en Punta Peuco o cuántos exuniformados son perseguidos mediante ficciones jurídicas y relatos falsos? El papel político de la Vicaría de la Solidaridad queda claramente expuesto, al igual que las actuales intenciones del Cardenal Chomali, cuando las investigaciones y denuncias se centran exclusivamente en los casos de detenidos desaparecidos, dejando en el olvido deliberado historias como la de Guillermo Farías o la del Coronel (R) Julio Castañer. Este evidente sesgo no solo cuestiona la imparcialidad de la Iglesia, sino que además otorga una sombra de legitimidad a movimientos revolucionarios responsables de sembrar el terror, la violencia y la muerte entre miles de chilenos inocentes.

Lamentablemente, no es la primera vez, en la hisoria del mundo y de Chile, que la Iglesia Católica, en lugar de cuidar, defender y apoyar a sus propios seguidores, prefiere mirar y buscar “hacia otro lado”, sacrificando principios fundamentales por conveniencia política. Este comportamiento, lejos de consolidar su rol como guía moral y espiritual, la convierte en un actor político que prioriza intereses circunstanciales sobre su deber de justicia y verdad. En este contexto, la indiferencia hacia las víctimas invisibles, como Guillermo Farías, y el abandono de quienes han sido perseguidos injustamente bajo relatos fabricados como lo del Coronel (R) Julio Castañer, no solo traiciona su misión pastoral, sino que perpetúa una narrativa parcial y polarizadora que absuelve a los victimarios ideológicos mientras condena unilateralmente a otros actores de la historia.

Es inaceptable que, en un período de tanta división y desencuentros, la Iglesia no adopte una postura verdaderamente imparcial que ponga a todas las víctimas, sin importar su origen, en el mismo nivel de dignidad y justicia. Si la Iglesia Católica no se atreve a enfrentar estas verdades incómodas y sigue alineándose con intereses políticos, corre el riesgo de continuar perdiendo, aún más, su debilitada autoridad moral y su capacidad de reconciliar a una nación profundamente herida.

Farías, víctima de un atentado con una bomba de ácido el 3 de julio de 1986, relata cómo sufrió graves quemaduras junto a otros seis pasajeros mientras viajaba en una micro del recorrido San Cristóbal-La Granja. Según su testimonio publicado en el sitio de la ONG CREN (GUILLERMO FARÍAS QUEMADO POR UNA BOMBA DE ÁCIDO), las lesiones lo dejaron con el rostro desfigurado y múltiples secuelas físicas y emocionales. Sin embargo, su tragedia no tuvo la misma atención que otros casos. Farías señala que fue ignorado por los organismos de derechos humanos y que, incluso, la Vicaría de la Solidaridad le sugirió que acusara a agentes de la CNI como responsables del ataque, a pesar de no tener pruebas. Su negativa a mentir lo convirtió en un “invisible”, condenado al olvido.

¿De qué justicia estamos hablando?

En un artículo reciente titulado Corrupción y el deber ciudadano (ver enlace), planteé que las prioridades del Cardenal Fernando Chomali parecen inclinarse más hacia intereses políticos que hacia un sentido genuino de justicia. Hoy, frente a esta nueva iniciativa, surgen preguntas aún más complejas: ¿Está el Cardenal poniendo a todos los muertos en el mismo nivel de comparación? ¿O solo confirma lo que temo: que no está siendo imparcial?

Es difícil hablar de justicia cuando exuniformados son condenados mediante la retroactividad de la ley, un principio que debería estar prohibido en cualquier sistema jurídico que respete el estado de derecho. Mientras tanto, a los detenidos no se les garantizan ni siquiera los derechos humanos que se reclaman para otros.

Además, ¿qué sucede con los cientos de uniformados asesinados a sangre fría mientras cumplían su deber? ¿Sus vidas son de segunda o tercera categoría? Según datos históricos, muchos de ellos fueron ejecutados en actos terroristas o emboscadas organizadas por grupos armados como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estas muertes, ignoradas por las narrativas dominantes, dejan un vacío de justicia que no puede ser obviado si buscamos una reconciliación auténtica.

La manipulación de la verdad: el Caso Quemados y más.

El caso de Farías no es único. En el Caso Quemados, un exconscripto confesó haber mentido bajo presión, lo que resultó en un montaje mediático para incriminar a militares. Según Radio Bío Bío, (FALSOS TESTIMONIOS PARA ACUSAR AL CORONEL CASTAÑER), este falso testimonio fue clave para condenar al Coronel (R) Julio Castañer, quien nunca comandó la patrulla involucrada en los hechos. Este caso expone cómo las ficciones jurídicas y la manipulación mediática han distorsionado la justicia en Chile.

Otros relatos falsos han sido reconocidos incluso por figuras de la izquierda. En Uruguay, José Mujica y Lucía Topolansky admitieron que numerosos testimonios sobre crímenes de la dictadura fueron fabricados (FALSOS TESTIMONIOS, UNA ESTRATEGIA COMUNISTA). Otro tema que demuestra la falta a la verdad y el abuso de relatos falsos, es cuando en Chile, la Senadora con más experiencia, Isabel Allende, reconoció “haberse equivocado” en la venta de la casa del expresidente Salvador Allende (UNA TRUCHA VENTA QUE NO PROSPERÓ).

Comunismo y su legado de muerte.

La historia nos enseña que las mentiras y manipulaciones son herramientas recurrentes del comunismo, un sistema que ha dejado millones de muertos en Europa, Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros lugares. ¿Cómo ignorar los horrores de regímenes comunistas como los de Stalin, donde millones perecieron en gulags, o los recientes crímenes del chavismo en Venezuela?

En este último caso, un reciente informe revela que Diosdado Cabello habría colaborado con el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas de América Latina, para asesinar al exmilitar Ronald Ojeda, según el fiscal chileno Claudio Suárez (LOS GORILAS DE MADURO). Este caso evidencia cómo las redes de corrupción y violencia de regímenes comunistas trascienden fronteras y perpetúan el sufrimiento.

Reflexión final:

La Iglesia Católica tiene una oportunidad única para ser un actor relevante en la reconciliación nacional. Sin embargo, esto requiere imparcialidad y valentía para enfrentar verdades incómodas. No basta con buscar confesiones de un solo lado de la historia; es necesario que todas las víctimas, sin importar su origen, reciban el mismo trato y respeto. Porque, al final, santos solo hay en los altares, y en este país parece que los pecadores sobran.