Carta publicada hoy en el Diario Austral de la Araucanía:

*APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES A MILITARES (R)*

Señor Director:
Creo que todos estamos de acuerdo que, quien comete un delito debe ser condenado, pero es indiscutible que los sentenciadores deben respetar la ley, y no apartarse de un debido proceso.

Hace más de 51 años, las FF.AA y Carabineros debieron intervenir por órdenes superiores, obligando al presidente Salvador Allende a entregar su cargo, todo ello, ajustado a la Constitución Política del Estado vigente a la fecha, avalado por el Parlamento, Corte Suprema y Contraloría General de la República, además del apoyo de los partidos políticos de oposición al gobierno marxista y de los dirigente más importantes de la Demócrata Cristiana, todo ello con la presión de la gran mayoría de la ciudadanía, que sufría los abusos y restricciones que imponía el gobierno.

La mayoría de los chilenos y extranjeros radicados, desconoce la existencia del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por Chile en el año 2009, que tipifica los delitos de Lesa Humanidad, que tienen la particularidad que no prescriben los delitos.

Lo que muchos ignoran, es que los tratados y las leyes, no se pueden aplicar retroactivamente, lo que quiere decir que no existe ningún militar o policía al que se le pueda considerar culpable de haber cometido un delito de Lesa Humanidad antes del 1 de septiembre de 2009, es más, el propio Estatuto de Roma en su artículo 24 Nº1 “Irretroactividad ratione personae”, señala “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

Otra ilegalidad que cometen la mayoría de los jueces, es que condenan a uniformados a base de meras conjeturas, suposiciones y especulaciones lo que constituye otra tremenda ilegalidad, toda vez que, si bien el Código de Procedimiento Penal de 1906, artículo 488 establece como prueba la “presunción judicial”, éstas, para que puedan constituir prueba completa de un hecho, requiere cumplir –copulativamente- los siguientes requisitos según el artículo 488, que paso a señalar textualmente:
“1° Que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales;
2° Que sean múltiples y graves;
3° Que sean precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas;
4° Que sean directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y
5° Que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata.”

Lo increíble es que estas y otras normas, sencillamente no las aplican, quedando los militares y policías procesados y condenados totalmente indefensos. Es de esperar que los tribunales superiores (CA y CS) corrijan estas ilegalidades cometidas especialmente por jueces de primera instancia.

Luis Alberto Miño Rojas