Fallece otro anciano Carabinero preso injustamente:

PÉSAME

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Orden, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares y amigos en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución de la República.

La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

ONG-CREN

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que dieron la cara en 1973 cuando tuvieron que salir a la calle para poner término al nefasto régimen marxista de Salvador Allende han sido implacablemente perseguidos desde 1990 en adelante.
Aún hoy día, más de cincuenta años después, esa venganza persigue a quienes en la época no eran sino jóvenes oficiales o soldados que recién comenzaban sus carreras y que cumplían órdenes de sus superiores.

Es cierto que hubo excesos en el uso de las armas y del poder, pero la responsabilidad por lo que sucedió, recae en primer lugar en quienes que, con el mal uso del gobierno del que formaban parte, obligaron a nuestros uniformados a dar el paso de 1973.
Cuando se entrega la solución de los conflictos a las armas, los excesos -que siempre existirán-se producen en el empleo de estas, con las consecuencias que cualquiera puede prever. Podemos sí decir que esos excesos en Chile fueron menores a los que hubo en otros países enfrentados a situaciones similares.

Desgraciadamente, los tribunales de nuestro país se han dejado influir por concepciones jurídicas teñidas de revanchismo y se han convertido en instrumentos de venganza.
Toda la clase política, de un extremo al otro, cuando no ha aplaudido este actuar de los tribunales, ha guardado silencio frente a condenas arbitrarias y absurdas. Se ha hecho cómplice así de la materialización de la injusticia.

Chile hoy paga las consecuencias de esa actitud.

Si lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 no fue sino un atentado contra la democracia, volvamos entonces al día anterior, al 10 de septiembre. En eso estamos y vamos cada día de mal en peor, con la delincuencia dominando al país.

La recuperación de Chile exige, en primer lugar, reconocer la verdad de nuestra historia y que cada uno asuma sus responsabilidades en lo que sucedió. No se puede condenar a nuestros militares cuando quienes hicieron imperioso su pronunciamiento se pasean aún por nuestras calles como si fueran santos de altar.

Hoy, la reconciliación nacional exige cerrar el capítulo de lo sucedido en esos años. La paz y la justicia exigen de una vez por todas la amnistía para nuestros uniformados.
Que esta amnistía no avance constituye tal vez la peor vergüenza de la política nacional.

EL ESTADO DE CHILE, EL SERVICIO DE GENDARMERÍA Y LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS MILITARES PRESOS POLÍTICOS (MPP):

JAS

La realidad actual de Chile – política, institucional, social, económica, geopolítica y otras – refleja una crisis generalizada que, por sabida e evidente, no es necesario entrar a describir ni explicar.

Dentro de todo este amplio abanico de problemas, el sistema carcelario se destaca por la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos, en orden a adoptar drásticas medidas tendientes a solucionar los graves problemas existentes: falta de infraestructura, severas condiciones de hacinamiento y problemas derivados de sus propios recursos humanos.

Con respecto a su propia planta de funcionarios, Gendarmería sufre de dotaciones insuficientes para cumplir con las demandas del servicio, pese a que las remuneraciones son comparativamente superiores a las otras instituciones armadas. Existe una dificultad muy marcada para atraer y reclutar una masa de jóvenes que permita superar el déficit de personal. Naturalmente, no es atractivo cumplir 20 horas corridas de turno, 3 semanas sin salir franco y otros incumplimientos de la legislación laboral, como efectivamente llega a ocurrir.

Sólo en la última década se ha conseguido remecer los cimientos de esta angustiosa situación, debido principalmente a la violenta explosión de la delincuencia y el crimen organizado, unido a una crítica fuerte y progresiva de la comunidad toda cada vez más consciente de la realidad carcelaria.

Sin embargo, se advierte que las respuestas van más bien en la línea de lo material y lo tecnológico, y no en cuanto a la renovación de la cultura institucional, la gestión del servicio, la adecuación a los cambios legales y sociales, y la capacitación de su personal.

La medida de eficacia operacional del servicio de Gendarmería está basada en el concepto de seguridad – que no se escape nadie -, y no paralelamente en la observancia de los derechos humanos de la población carcelaria. Recordemos como ejemplo, la atroz tragedia del incendio de la cárcel de San Miguel años atrás.

Como sea, ninguno de los referidos esfuerzos ha tomado en consideración a este grupo de ancianos de alta vulnerabilidad que son los ex militares discutiblemente procesados y condenados a largas penas de prisión, por hechos ocurridos medio siglo atrás (MPP). Dejando al margen el interés persecutorio de carácter ideológico que todavía anima a las organizaciones de izquierda, se podría asumir que su número es proporcionalmente irrelevante en comparación con una población carcelaria nacional de más de 50.000 internos, algo así como un 1% del total, y por lo tanto no están ni remotamente en el foco de la atención de los gobiernos, políticos y del servicio de Gendarmería.

Desde nuestra perspectiva, se puede afirmar que el Estado de Chile ha fallado en cuanto al tratamiento de los MPP, ya que el sistema penitenciario y el servicio encargado de ejecutar la tarea, están preocupados de otras prioridades y no están preparados para ello. Se cae así continuamente en situaciones inaceptables, y, en lo que nos toca, en desatenciones graves en cuanto a las condiciones de salud, garantizadas por la Carta Fundamental, las leyes y reglamentos, y los tratados y convenios internacionales reconocidos por el Estado de Chile, lo que ha llevado incluso a desenlaces fatales.

En la actualidad, la media etaria de los MPP internos es sobre 78 años, y sufren todas los males y limitaciones propias de su edad, en lo físico y en lo intelectual: Más del 80% de estos MPP sufren de una o más patologías en sus diversos grados, hasta llegar a los casos de los enfermos terminales. Esta situación está denunciada y es conocida por todas las instituciones del Estado de Chile.

Pero, además, la situación lleva en si una pronunciada tendencia a su progresivo empeoramiento y crisis total, por el aumento de los ancianos procesados y encarcelados, quienes son cada vez más viejos, más enfermos y más demandantes de una atención de salud adecuada por parte de los órganos del Estado, es decir, ni más ni menos de lo que corresponde desde el punto de vista constitucional y legal.

Consecuente con lo anterior, son cada vez mayores las necesidades de apoyo y servicios que se exigen a Gendarmería y que este servicio no quiere o no puede cumplir. A mayores niveles de enfermedades y necesidades de atención médica, mayores requerimientos de medios de transporte para trasladar a los MPP a los centros asistenciales, sea en forma programada o como producto de las frecuentes emergencias de salud. A mayor cantidad de viajes, mayores necesidades de funcionarios que deben acompañar a cada interno. Si el interno queda hospitalizado, junto con él debe quedarse un funcionario de Gendarmería (esto es considerado por los gendarmes casi como una bendición, ya que les asegura descanso).

Si se produce una emergencia diurna, muchas veces el afectado ha debido esperar a que llegue el vehículo que anda afuera. Si la emergencia es nocturna, es más crítica la situación, ya que hay que avisar a la guardia mediante el timbre, y no siempre es atendido oportunamente.

Si las condiciones que afectan a los MPP, específicamente en lo de la salud, no han sido peores, es por la acción decidida de los propios MPP internos cuando han podido recurrir y recibir el apoyo de abogados inteligentes, responsables y bien inspirados.

El camino legal, es decir los diversos recursos planteados ante la justicia, han sido resueltos casi todos en forma exitosa por los tribunales, quienes se han pronunciado sobre la obligatoriedad para Gendarmería en orden a cumplir con su deber de atención de salud con los MPP. Pero Gendarmería simplemente contesta que no cuenta con los medios para cumplir con las resoluciones judiciales, lo cual es desgraciadamente cierto. Y así va corriendo el tiempo y el problema va en aumento.

Pero, ¿qué podría hacer realmente el Estado (Gobierno, Ministerio, Dirección Nacional de Gendarmería), si tuviera la voluntad de ponerse al día y solucionar los problemas anteriormente expuestos?

Hay una serie de medidas que en su mayoría no implican cambios radicales que alteren y compliquen la agenda gubernamental, asumiendo como se dijo que haya voluntad política e institucional para ello. Nos permitimos hacer jugar un poco la imaginación y enunciar algunas.

En primer lugar, se debiera modificar la clasificación de riesgo diseñada para toda la población carcelaria nacional, en cuanto a los MPP. La actual clasificación considera 13 factores de evaluación para los hombres y ubica a los MPP en el más bajo nivel de riesgo. Pero sólo 12 de los 13 factores aplican a los MPP, el grueso se refiere a la población penal común. Ergo, habría que agregar un nivel todavía más bajo en la clasificación de riesgo aplicable a los MPP, integrado por aquellos factores de riesgo que realmente son propios de los MPP, si los hay.

Íntimamente relacionado con lo anterior y como su consecuencia de orden práctico, debieran reestudiarse las medidas de seguridad aplicables a los MPP en los CCP. Referido sólo a las salidas a los centros asistenciales de salud, aparecerían medidas de “buen criterio” que permitirían la economía de recursos humanos, materiales y financieros para Gendarmería, con la consecuencia inmediata de una mejor atención de salud a los MPP y un alivio en el stress de los funcionarios más jóvenes.

Julio ALARCÓN Saavedra

Capitán de Fragata IM ® Interno Módulo 3 C.C.P.

Punta Peuco Punta Peuco,

25 de enero de 2025