Un fallo que no se cumple y que debería ser obligatorio para el Pabellón “Asistir” de Colina I, Punta Peuco y San Joaquín: 

CS Fallo Sáez -Gendarm. 2025

Lo que se sabe del violento robo de armamento por parte de encapuchados en una base de la Armada

Ex-Ante

El Ministerio Público y la Fiscalía Naval investigan el asalto y robo de armas en un campo de entrenamiento de la Armada. Para algunos, el asalto reveló la vulnerabilidad de recintos militares, donde se resguarda armamento letal. Los delincuentes ingresaron al lugar disparando y no fueron repelidos por los efectivos navales.

Lo que pasó. Este jueves a las 02:40 horas, un grupo de sujetos armados asaltó el campo de entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada de Chile, ubicado en las cercanías del Fuerte Aguayo, en Concón. Según la Primera Zona Naval, los individuos, que estaban encapuchados, “se enfrentaron al personal de guardia y sustrajeron material institucional antes de huir”.

Pese a que en un inicio desde la institución naval se informó que fueron cinco las personas que ingresaron al recinto militar, la Fiscalía Regional de Valparaíso —que investiga el hecho— precisó que fueron cuatro los civiles involucrados en el delito.
El fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, relató que los sujetos entraron a la caseta de vigilancia armados con pistolas e intimidaron a dos infantes de marina.
Altas fuentes de Defensa señalan que uno de ellos era un cabo segundo y el otro había terminado hace poco tiempo su servicio militar.
“Dispararon al interior del lugar, para luego intimidar a los infantes de marina que estaban de guardia, y sustraerles sus cascos balísticos, sus chalecos antibalas, su armamento fiscal consistente en fusiles, sus especies personales, y municiones que se encontraban en el lugar, y finalmente huyeron”, narró Gallardo.
Los dos efectivos navales fueron trasladados al Hospital Institucional de Viña del Mar, sin registrar lesiones de gravedad.
Luego del asalto se activaron los protocolos de la Fiscalía Naval —que lleva la indagatoria interna— y se instruyó al OS-9 de Carabineros y a Labocar concurrir al recinto militar.
Durante la madrugada, el hecho se denunció ante el Ministerio Público, que ha instruido nuevas diligencias, a cargo del fiscal Gallardo.
La Fiscalía Regional de Valparaíso decretó secreto de la investigación por 40 días.
“La Primera Zona Naval condena categóricamente este acto delictual y ejercerá todas las acciones legales pertinentes en contra de quienes resulten responsables. Asimismo, reitera su compromiso con la seguridad de sus instalaciones y el resguardo de su personal, colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos”, afirmó la Armada en comunicado.
El precedente de 2021. Entre expertos consultados generó sorpresa el hecho de que no haya existido una reacción armada por parte del personal naval para repeler los disparos de los encapuchados, pues en casos como este operaría —afirman— la figura de la legítima defensa.

En ese sentido, especialistas en Defensa sostienen que se ha instalado en las instituciones castrenses una cultura de no uso de la fuerza por parte de los funcionarios.
Un caso que marcó esa tendencia —aseguran— fue el del cabo segundo infante de marina Ricardo Seguel, imputado por el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi Machacán, de 23 años, ocurrido el 3 de noviembre de 2021 en Cañete.
En medio de un incidente que involucró disparos y una disputa entre tres efectivos de la Armada y comuneros, Llempi resultó muerto tras recibir un balazo en su casa mientras en su comuna regía el estado de excepción constitucional de emergencia.
Seguel y el teniente Luis Videla fueron detenidos en mayo de 2022 en la base naval de Talcahuano. Tras su formalización, ambos quedaron en libertad.
Recién en diciembre pasado, Seguel fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete luego de que el Ministerio Público no lograra acreditar que el balazo fue percutado por el cabo segundo. Según Cooperativa, el abogado defensor Sergio Contreras planteó que “esta investigación se realizó con sesgo. Aquí solo se investigó una única tesis, nunca se investigó los ataques se sufrió la gente de la Armada y que fue el detonante de porqué ellos usaron sus armas de servicio”.
“Cómo es posible que la acusación del Ministerio Público no contenga en los hechos acusados que los infantes de marina fueron atacados por armas largas, semiautomáticas, armas cortas, durante un periodo de tiempo”, cuestionó Contreras.
Protección de recintos militares. Otro aspecto que ha llamado la atención entre fuentes especialistas es que el campo de entrenamiento donde ocurrió el asalto tiene la categoría de recinto militar que, según el Código de Justicia Militar, se define como “todo espacio debidamente delimitado, vehículo, naves o aeronaves en los cuales ejerce sus funciones específicas una autoridad militar o policial”.

Por tanto, se establecen guardias para proteger al personal y evitar que el equipamiento militar y el armamento letal que resguardan quede en manos de civiles y, sobre todo, de bandas de crimen organizado.
Además, normas internas de las Fuerzas Armadas facultan a detener a civiles y efectivos castrenses que sean sorprendidos cometiendo delitos flagrantes en recintos militares, hecho que en este caso no ocurrió.

Enrique Yunis