Mas de la casa de Allende

Mas de la casa de Allende
UNA PATALETA SOCIALISTA
Por Humberto Julio Reyes
Aunque aún no se conoce el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional mediante la cual cesa en su cargo de senadora la señora Isabel Allende, su colectividad reaccionó prontamente y de manera que me ha llevado a recordar el comportamiento de dicho partido durante los 1000 días de la Unidad Popular, cuando a sus miembros se les llamaba termocéfalos.
Transcurridos ya varios días, pocas dudas quedan de la sorpresa que produjo un fallo desfavorable a la senadora socialista, toda vez que muchos, entre los que me cuento, pensaban que el cuoteo político existente en dicho tribunal, lo hacía altamente improbable.
Así, la sorpresa produjo frustración y, a continuación, una reacción similar a la de un niño enfrentado a su padre cuando su deseo no es satisfecho, es decir una pataleta.
La solidaridad partidista ha buscado “responsables” del revés; ha ensalzado las virtudes ciudadanas de la supuesta víctima de un atropello; ha reflotado el supuesto legado allendista; para terminar con amenazas apenas veladas hacia sus socios de coalición que no habrían estado a la altura de las circunstancias.
Expresiones como “precedente grave” y persona “intachable” han sido repetidas como si se tratara de verdades absolutas, siendo el broche de oro el vocear a coro, siguiendo a la presidente del partido ofendido, quien no paraba de agitar su puño en alto, mientras majestuosamente subía unas escaleras: “Allende, Allende, Allende está presente”.
Ante el espectáculo brindado en televisión, imposible no recordar a Carlos Altamirano y sus encendidos discursos, cuando el partido que ahora se dice democrático, no descartaba la lucha armada para llegar al poder y se preparaba a tal efecto.
Conviene recordar que siendo el partido del presidente Allende, en lugar de apoyarlo, lo arrinconó, haciéndole imposible que negociara con la oposición una salida a la crisis institucional de 1973, sin embargo en la actualidad reivindican su “legado” y se declaran fieles custodios del “honor familiar” que este fallo habría mancillado.
Pero esta sobrerreacción de dignidad ofendida, que podría incluso ser respetada por algunos y constituir una forma de solemne pronunciamiento, estaría terminando bastante desdibujada, me explico:
En la aludida búsqueda de responsables se reparó en que dos miembros del tribunal habrían estado dentro del voto de mayoría, sin cumplir con su supuesta obligación de rechazar la acusación ¡PORQUE ERAN DEL FRENTE AMPLIO!
En la lógica socialista, este supuesto deber solidario debió pesar más que cumplir con el deber como ministros de atenerse al texto constitucional.
Con esta curiosa perspectiva, pintaba mal la candidatura de una diputada de dicho partido a presidir la mesa de la respectiva cámara. Los indignados socialistas podrían pasar la cuenta y no apoyarla.
Pero, estimado lector, la candidata no fue elegida, aunque por otras razones ya conocidas, y la pataleta quedó en eso. El frustrado niño tuvo que tragarse su ira y aquí no ha pasado nada.
Se rasgaron vestiduras pero, finalmente, entre bueyes no hay cornadas.
8 de abr. de 25
Casa de Allende complica más a Boric: Jefa jurídica de Bienes Nacionales declaró que advirtió a Presidencia por conflicto de interés
Ex-Ante
La abogada Macarena Diez. (Sitio web de la Universidad Finis Terrae)
El 22 de enero, Macarena Diez, hoy exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, declaró que el 9 de octubre advirtió a Presidencia del conflicto de interés que implicaba que las vendedoras de la casa de Guardia Vieja fueran una ministra y una senadora, y que leyó una minuta con el punto. La exministra Sandoval validó sus dichos, negados por los asesores de Presidencia.
Por qué importa. La declaración como testigo de la abogada Macarena Diez asegurando que el 9 de octubre advirtió a Presidencia del conflicto de interés que había en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, abrió un nuevo flanco para La Moneda, en medio de las interrogantes sobre la información que tuvo el Presidente Gabriel Boric cuando firmó el decreto 38 que dio curso a la fallida adquisición.
- El mandatario aseguró en marzo a Chilevisión que, si bien el impulsó personalmente la transformación de los inmuebles de los expresidentes Allende y Patricio Aylwin en casas museos, “no tuve a la vista esa inhabilidad”.
- Ésta provenía de que entre las dueñas de la casa de Guardia Vieja en Providencia estaban la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la senadora socialista Isabel Allende, lo que está prohibido en los artículos 37 bis y 60 de la Constitución.
- El conocimiento que tenía el mandatario generó interrogantes desde el principio, pero se agudizaron luego de que este lunes la abogada Francisca Moya —jefa de la división jurídico-legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)— dijera a la comisión investigadora de la Cámara que el 28 de noviembre —fecha en que llevó al Presidente Boric el decreto 38 que dio curso a la transacción—, sabía de las inhabilidades.
- “Efectivamente”, respondió a una pregunta directa del diputado Andrés Longton sobre las inhabilidades de Fernández y Allende.
- En su declaración en fiscalía del 22 de enero, Diez —quien hoy es exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales—, dijo que el 9 de octubre advirtió a Presidencia del conflicto de interés que implicaba que las vendedoras de la casa de Guardia Vieja fueran una ministra y una senadora. La exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval validó sus dichos, los que fueron negados por los asesores de Presidencia que asistieron al encuentro.
- El caso ha derivado en la caída de las ministras Sandoval y Fernández y en la cesación del cargo de la senadora Allende por parte del Tribunal Constitucional, tras requerimientos presentados por Chile Vamos y Republicanos.
Nuevas diligencias. En este marco es que el abogado Raimundo Palamara, querellante en la causa, dijo al teléfono que pedirá citar nuevamente a declarar a Francisca Moya y a los otros testigos que puedan clarificar de qué se advirtió a La Moneda y al Presidente.
Qué declaró Diez. “Se me transmitió a mí y a jefaturas de división, de parte de Denisse Hernández (jefa de gabinete de Bienes Nacionales) que este proceso debería tratarse de manera prioritaria, según lo instruido por Presidencia”, declaró como testigo el 22 de enero.
- “Me empezó a preguntar qué era lo que faltaba para continuar, en este sentido le manifesté mis aprehensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para revisar esta revisión era muy poco, además (de que) no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles”.
- “Con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende, y adicionalmente que, para el caso de esta última, que las propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político”.
- “En conocimiento de mis aprehensiones, y en razón de ellas, Denisse Hernández me confirmó que el día 9 de octubre a las 15 horas tendríamos una reunión en Presidencia”.
- “Leonardo Moreno dirigió la reunión y nos preguntó qué era lo que causaba la demora en el proceso de compraventa de las casas presidenciales”.
- “Este detalle lo tenía redactado en una minuta para uso personal, que durante la reunión leí”.
- “Hice mucho hincapié en la motivación de este acto y su justificación, dentro de ello que no existía justificación para la adquisición de los inmuebles, no existía orden de compra”.
- “Para el caso de la casa de Guardia Vieja señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra”.
- “Adicionalmente, porque además de la ministra de Bienes Nacionales, (el decreto) lo firmaba el Presidente”.
- “Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo y con la Secretaría de la Presidencia Secom, en conjunto con comunicaciones del ministerio”.
Qué declaró Sandoval. “Recuerdo que hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez, quien confeccionó una minuta donde nos contó tanto a Denisse como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera”, declaró como imputada el 24 de enero.
- “Recuerdo que esto fue transmitido a Moreno y Nazar en reunión por parte de Macarena Diez y Denisse Hernández, según lo informado por estas profesionales”.
Leonardo Moreno, jefe de seguimiento de políticas públicas de La Moneda. “Respecto (de) si Macarena Diez nos hizo alguna referencia de consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés o conflictos jurídico, debo mencionar que no se nos hizo ese tipo de advertencia”, declaró como testigo el 24 de enero, testimonio en que mencionó que fue invitado a trabajar al gobierno por el ex jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.
Bernardita Nazar, abogada del Segundo Piso. “En todo este proceso no se levantó ninguna alerta de inhabilidad”, declaró como testigo el 24 de enero.
[Confidencial] Las platas que traspasó el gobierno a la Fundación Salvador Allende tras fallida compraventa
Manuel Izquierdo P.
La casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia. Imagen: Agencia Uno.
En febrero, semanas después de que el Gobierno paralizara la compra de la casa del ex presidente Allende, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el traspaso de $98,1 millones a la Fundación Salvador Allende. Del total de recursos, un 89,79% estará destinado a gastos en personal.
Qué observar. Un mes y medio después de que estallara la crisis por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, el 19 de febrero, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat) aprobó transferir $98.156.000 a la Fundación Salvador Allende para su funcionamiento general.
- Según la resolución exenta 225, firmada por el director nacional (s) del Serpat, Gustavo Poblete, el objetivo de la transferencia es destinar los recursos a tareas como administración contable y general, actualización y conservación de la biblioteca, comunicaciones y creación de especiales en el sitio web, catastros de documentación y archivos.
- Además, se busca financiar “dos conversatorios en torno a los ejes democracia, solidaridad, paz y derechos humanos”, “iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales públicos de niveles parvulario y escolar” e “instalar una exposición permanente en la sala Fundación Salvador Allende ubicada en el primer piso del Museo de la Solidaridad Salvador Allende”.
- Estos aportes se suman a los $197.298.248 que el Serpat le ha transferido durante la administración Boric a la fundación que actualmente preside Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y nieta del exmandatario.
- En 2023, cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado, se realizaron dos traspasos de fondos: el primero fue en abril, por $85.060.000, y el segundo en noviembre, por $10.116.260. En 2024 se hicieron otras dos transferencias: en enero, por $88.037.000, y el 10 de septiembre, por $14.084.988.
- Pese a esos aportes estatales, la fundación ha enfrentado, por momentos, problemas económicos. Por ejemplo, según una nota de La Tercera, en 2017 debió traspasar obras de arte para pagar deudas de la casona de calle República donde está su sede.
- La senadora Allende —quien el jueves fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional por su rol en la operación— es una de las fundadoras de la ONG y en su declaración de intereses y patrimonio figura como integrante honoraria, aunque sin remuneración.
¿Cómo se distribuirán los recursos? Según la resolución, de los $98,1 millones, $88.136.120 están destinados a gastos en personal, glosa que incluye “remuneraciones liquidas, leyes sociales, impuestos, honorarios, finiquitos, bonos, etc”. Esta cifra equivale a un 89,79% de los dineros transferidos.
- Los estados financieros de la Fundación Salvador Allende muestran que, hasta septiembre de 2024, la institución tenía seis funcionarios a contrata. A eso se suman los cinco integrantes del directorio que encabeza Tambutti.
- El convenio establece que $10.019.880 deberán utilizarse para el ítem bienes y servicios, categoría que contempla “gastos de funcionamiento, pagos de servicio, reparaciones y mantención de edificios”.
- Según el convenio, la fundación se obliga a destinar los recursos transferidos sólo a los objetivos concordados y a ejecutar el plan de gestión.
- “La fundación deberá cumplir con la realización del 100% de las actividades previstas en el presente convenio, con opción de reemplazar el 10% de ellas por otras actividades equivalentes, previa aprobación del Servicio, a través de su contraparte técnica”, asegura el documento.
- “Los recursos transferidos podrán financiar gastos destinados a programación, mantención, administración y/o funcionamiento de la entidad receptora, y deberán ser destinados al cumplimiento del objeto de este convenio, tal es la ejecución del programa de acciones, actividades y metas asociadas”, añade.
- Según el documento, la fundación puede financiar gastos de operación, destinados a costear el “diseño, planificación, producción, realización, distribución, control y evaluación” de actividades. Entre ellas, el arriendo de equipos e inmuebles, el pago de impuestos territoriales, “la contratación de todo tipo de servicios” y “gastos de viajes en Chile y en el extranjero”.
- En materia de inversión, “excepcionalmente, podrá financiar gastos destinados a la adquisición de activos que resulten indispensables para el desarrollo de las actividades materia del presente convenio, tales como: muebles, equipos, programas computacionales y obras de mantención de sedes de la fundación”.
- Respecto al personal prohíbe “expresamente destinar los fondos transferidos a la Fundación al pago de honorarios o de cualquier otro tipo de remuneración a personas que tengan la calidad de funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, personal contratado a honorarios por éste, o que mantengan vínculo de subordinación y dependencia con dicha entidad”. Este ítem incluye los gastos en haberes y beneficios para los trabajadores, en capacitaciones y bonos de convenio colectivo.
- Además, se fija que “las remuneraciones con cargo a este convenio, no podrán exceder a las del sector público”, no pudiendo exceder de 138 UF brutas mensuales, lo que equivale a $5.374.482 con el cambio de hoy. “Cualquier monto adicional deberá ser abordado por la fundación”.
- El convenio también establece que si la fundación no ejecutara la totalidad de los fondos, o no los rindiera, deberá restituir el resto al cierre del año.
La fundación y la casa de Guardia Vieja. En el expediente de la investigación a la fallida compraventa, que maneja el fiscal Patricio Cooper, está la declaración del abogado José Cortés, del Serpat, quien estaba a cargo de la operación y en marzo de 2024 se reunió con Felipe Vio, representante de la familia Allende y yerno de la senadora, y el arquitecto Genaro Cuadros.
- Vio y Cuadros entregaron al funcionario un proyecto escrito titulado “Guardia Vieja 392 Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens” para la adquisición, habilitación y restauración de un museo. Allí se proponía que, una vez comprada por el Estado, pasara en comodato a manos de la Fundación Salvador Allende.
- “Posterior a esta compraventa, se propone la creación de la Fundación Casa Museo Salvador Allende, quienes se harían cargo de la administración de la propiedad”, testificó Cortés.
- El funcionario relató en su testimonio que “di mi opinión respecto de su proyecto, diciendo en primer lugar que se debía analizar el bien raíz, es decir, ver el tema del saneamiento y revisar la factibilidad de adquirir el inmueble, que era lo primero que debía analizarse. Por otra parte, le comenté el tema de la sostenibilidad, es decir, se debía revisar que esto fuera sostenible en el tiempo, por tal motivo todo lo presentado debíamos analizarlo por parte”.
Lea la resolución del Serpat, aquí: