¿Qué será lo que traman?

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz

Recuerdo una anécdota que oía cuando niño que contaba que, en una determinada época, ante la pésima campaña de la UC, la broma decía que “CDUC” significaba algo así como “cada domingo una c… más.” Por respeto a los lectores Cruzados, digamos que la letra “c” se refiere a cretinada.

Estos años de gobierno del Presidente Boric han sido tal como aquella broma: cada día una cretinada más. Los desaciertos de los primeros meses de su gobierno olían a inexperiencia y a las cretinadas propias del arrogante. Hoy en día ya está claro que las brutalidades desde el ejecutivo responden a un plan concertado, profundamente enraizado en la corrupción y en la incompetencia.

Los miles de fulanitos que apernaron en cargos públicos y en fundaciones de mala muerte, nos los encaletaron a todos. Sospecho que, una vez rechazada la monstruosidad de Constitución que nos querían imponer, se dieron cuenta que su gobierno estaba liquidado. Ante ello, pusieron en marcha el Plan B. Este plan consistía en dos partes: la primera, saciar a los hambrientos –que por supuesto no era el pueblo del que tanto hablan, sino ellos mismos– y, la segunda, dejar todo listo para legar al próximo gobierno su evidente inviabilidad.

La primera parte de lo que llamo de Plan B la han cumplido a cabalidad. Con más de 100.000 nuevos amigotes que llegaron a misteriosos cargos públicos con la servilleta puesta y con sueldos de no menos de 3 millones de pesos, tenemos que nos cuestan 318 millones de dólares (digamos en dólares sólo para fastidiar al Sr. Grau, quien nos iluminaba tiempo atrás diciéndonos que no nos debía importar el dólar si nuestra moneda es el peso) al mes. Haga la cuenta de lo que significan 4 años y, si desea aumentar su rabia, súmele lo que nos han costado las fundaciones. Es decir, ante el evidente fracaso y la inminente estampida de estos fulanos a final de año, era preciso al menos arreglarse los bigotes. ¡Y por Dios que les fue bien!

La segunda parte del plan tiene dos componentes: una evidente y otra oculta, que, como todo lo oculto, resulta siniestra. La parte evidente consiste en dejar decenas de miles de incompetentes listos y dispuestos para atornillar al revés y así bloquear al próximo gobierno de oposición. Si por esos trágicos designios de la historia terminamos con un próximo gobierno de la misma línea, bueno, remítase a los números del párrafo anterior y arremánguese la camisa para trabajar más duro para alimentar por cuatro años más a estos sujetos.

El plan oculto –y siniestro– involucra preparar una nueva asonada insurreccional. De eso no me cabe duda. Hace algunos años advertía en una columna sobre la paciencia y la malignidad del PC. No me cabe duda de que, ante un próximo gobierno de oposición, ya estén preparando el organigrama, actores y logística de una nueva insurrección que temo, si la ciudadanía responde muy diferente a que el 2019, nos empuje a un conflicto mayor.

¿Qué será lo que realmente traman? No lo sabemos, pero con experiencia, sentido común y algo de astucia, podemos sospechar lo peor. Sea lo que fuere, la única certeza que tenemos es estar atentos, porque entre cretinadas espontáneas y otras tantas premeditadas, de ellos sólo podemos esperar el juego sucio.

Las licencias médicas:

https://youtu.be/GuuZ3FvrdHc?si=6yBey8HSCyXFpyDl

¿Sorprendidos o pillados?

Por Pilar Molina 

Parece que en verdad se sorprendieron en el Gobierno con la fiscalización de la Contraloría, que sólo cruzó dos variables: licencias médicas en el sector público en los años 2023 y 2024 con el registro de salidas y entradas al país. Y ¡puaf!, 25 mil funcionarios viajaron incumpliendo el período de reposo médico, por el cual el Fisco, por el “esfuerzo” de trabajar para el Estado, les paga el 100% de sus sueldos. Ese era el caso del 69 % que estaba afiliado a Fonasa. El restante 31% estafó a las Isapres, de las cuales no reciben el mismo trato que en el seguro estatal. Como en el sector privado cuesta ganarse la plata, no les reembolsan el 100% y tampoco les pagan los 3 primeros días de licencia, salvo que ésta sea superior a 11 días.

Se trata de 25.078 funcionarios públicos que no engañaron con una sola licencia, sino que con 35.585, y que tampoco hicieron un solo viaje, sino que los titulares entraron o salieron del país en casi 60 mil oportunidades. Nuestros servidores públicos tienen pasaporte de “viajeros frecuentes”, con más de un millón 200 mil entradas o salidas al país en los últimos dos años. El economista Jorge Quiroz calculaba en US$ 800 millones el fraude anual con licencias que paga el Fonasa. Quizás es más, pero lo cierto es que el seguro estatal paga anualmente sobre US$ 1.500 millones de dólares en permisos de reposo a funcionarios públicos (Horizontal) y que destina el 70% de sus ingresos por cotizaciones a financiar este ítem.

Y lo insólito es que el sector salud, donde se generan los permisos médicos, es el más tramposo. Los trabajadores de Salud tienen un 30% más de licencias médicas que el resto de los funcionarios, con un promedio de 35 días anuales. No extraña, por eso, que estén punteando en el ranking de pícaros los que laboran en la Subsecretaría de Salud Pública. La de la militante del Frente Amplio, Andrea Albagli, que no tiene tiempo de controlar su organización, preocupada de las campañas de vacunación, que según el ex Ministro Jaime Mañalich, al menos la actual, “es un fracaso”.

El fraude al seguro médico público no puede sorprender a nadie, menos después de las recientes investigaciones a mafias de licencias, la mayoría colombianas, que han estafado al Fisco en decenas de millones de dólares. El rechazo a estos permisos es mínimo: 6,4% en 2023 (en las Isapres es el doble). Hay muchas facilidades para cometer el engaño. Y el gobierno ha sido laxo en la fiscalización, desoyendo las advertencias anteriores de Contraloría sobre trabajadores con licencias extensas (332 días tomó una psicóloga de Dipres) que simultáneamente ejercían otras actividades remuneradas y o viajaban. El Fisco no puede recortar más sus gastos, como se lo recomendó el Consejo Fiscal Autónomo, porque prefiere seguir alimentando los subsidios de reposo del seguro estatal que entre 2018 y 2022 crecieron un 76%. Y continuaron al alza.

Las actuales autoridades saben perfectamente que los viajeros con reposo legal no son los únicos pillos, sino que debe haber millares que viajaron dentro de Chile y tampoco están contabilizados los que hicieron el mismo chanchullo, pero con alternativas al turismo. Esta administración tiene el máximo de licencias desde que hay registro, para llegar a un promedio anual por funcionario de 34 días hábiles en la primera mitad del gobierno (Pivotes). En el sector privado la cifra cae a 15 días en promedio, menos de la mitad. Sobre eso súmele vacaciones y días administrativos a los servidores fiscales.

Aquí “no paga Moya, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos”, señaló el Ministro del Interior Álvaro Elizalde. Pero bajo sus narices se comete el fraude, y peor, las dos organizaciones más comprometidas son las que tienen que garantizar la educación parvularia a través de los jardines infantiles y salas cunas de administración directa e indirecta. Son la Junji e Integra, las que concentran el 12% del total con 2.280 y 1.934 casos, respectivamente. La Contraloría inició sumarios para fiscalizar por qué, además de las jefaturas, incumplen con su deber de control: la Compin, la Súper de Seguridad Social y Fonasa, con 50 casos de pillines los dos últimos (para no creerlo…).

Parece increíble que recién se den cuenta en La Moneda que esos fraudes los pagan los chilenos con sus impuestos y no hay recursos para acortar las históricas listas de espera en Salud (Los de Isapres financian además la estafa de sus afiliados). Hacienda ordenó informes, procesos disciplinarios (aparte de los sumarios que dispuso Contraloría) y hasta la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, que seguramente se diluirá en el tiempo junto con la noticia, porque, ¿por qué tanta premura ahora?

Huele más bien a estrategia comunicacional, porque la “mejor directora de Presupuesto de la historia”, Javiera Martínez, ya había publicado a inicios de año, una preocupante “Radiografía del Ausentismo Laboral en el Sector Público”. Martínez reaccionó al informe de Contraloría preocupada, aportando que en 2024 el Estado gastó sobre US$ 350 millones por la suplencia y reemplazo de las licencias médicas de los funcionarios públicos, lo cual equivale a 8 millones de días perdidos al año. Pero de medidas sancionatorias o estrategias concretas para atacar la impunidad ante el saqueo de recursos públicos, de eso ¡nada! Sólo un compromiso asumido el año pasado, en la discusión presupuestaria para este año, de presentar en el semestre que vence en junio un proyecto para modernizar el régimen de licencias médicas.

Si no hay voluntad para sancionar la corrupción, de poco y nada sirve seguir haciendo leyes. Ya está tipificado el engaño como fraude o estafa, incluso con penas de cárcel, y el Congreso despachó otra ley, aún no promulgada, que regula el uso del beneficio médico.

Pero los gobiernos que lucran electoralmente con platas ajenas prefieren mirar para el lado en vez de controlar el buen uso de las licencias médicas. Para qué se va a hacer problemas la izquierda y aparecer en contra de funcionarios ministeriales de la coalición de Gobierno que viajaron a costa del Estado o del Colegio Médico, que ha combatido un mayor control de las licencias, y de los funcionarios públicos que ha pastoreado y acrecentado en 100 mil como botín electoral esta administración.

Ya veremos a los nuevos servidores públicos aferrados a sus cargos en el próximo gobierno de derecha, “tirando licencias” cada vez que quieran viajar, acusando hostigamiento laboral si los miran con mala cara, o iniciando una huelga ilegal, si se propone eliminar incentivos perversos del Fonasa como pagar anticipadamente las licencias y el 100% de las mismas.

Finalmente, lo que está detrás es un problema moral y al Gobierno no le gusta discutir estos temas porque ellos son “la” moral. Son quienes establecieron que era legítimo evadir el pago del transporte público ante un alza de 30 pesos en la tarifa. Como también no pagar el CAE, si estudiaron con crédito la educación superior. Que la mayoría de los chilenos, según diversas encuestas, esté de acuerdo con falsear una licencia o conocen a personas que las han comprado o se las han conseguido… es más de lo mismo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 24 de mayo de 2025.

Descarados e inmorales

Por Jaime Jankelevich

Parece el título de una serie de Netflix, pero lamentablemente no se trata de eso.

Los descarados e inmorales son quienes, sintiéndose dueños de los recursos públicos, distribuyeron miles de millones de pesos entre sus “amiguis” de todo el país, disfrazándolos de causas nobles destinadas a ayudar a los más necesitados, pero en realidad lo que hicieron fue destinarla a favorecer a sus partidarios y a posibles financiamientos de campañas políticas –lo que está en investigación– usurpándoselos a quienes eran los reales beneficiarios de dichos fondos, el pueblo del que se jactan ser sus defensores. Hacer eso, sin duda, es inmoral.

Son los mismos que llegaron a “habitar” el poder con ínfulas de superioridad moral. Eran jóvenes puros y castos  que estaban por encima de todos los que los precedieron en política, y nos venían a demostrar que su ética era superior a todo lo conocido y a imponer en el país nuevas formas de gobierno.

Pero a poco andar se destapó el caso Convenios, que parte con Democracia Viva, fundada por Daniel Andrade, pareja de Catalina Pérez, expresidenta de RD a partir de 2019, partido al que se unión en 2014, después de militar en las juventudes comunistas desde los 13 años y que llegó a ser VP de la Cámara de Diputados. Por supuesto que ella negó toda participación y conocimiento de lo que pasaba en Democracia Viva, pero las grabaciones obtenidas por la justicia determinaron que no solo sabía lo que pasaba, sino que entre otras cosas, con Andrade trataron de disfrazar un departamento como oficina de la fundación, cuando llegara la policía a investigar.

La inocente Catalina Pérez está desaforada y hoy se encuentra en arresto domiciliario total imputada por tres delitos por fraude al fisco.

Democracia Viva fue apenas el prólogo de una trama que vio surgir  fundaciones fraudulentas en todo Chile, como por ejemplo el caso Lencería, donde Patricia Polizzi, en una fundación que ni siquiera era de ella. Recibió $250 millones que utilizó para comprarse ropa y lencería. Hace pocos días fue reformalizada y continúa con arresto total desde noviembre de  2023.

Según la Fiscalía, el daño que estas falsas Fundaciones le han provocado al Fisco sería de $14.000 millones.

Y en paralelo, ocurrió ese robo de película desde el MIDESO cuando Giorgio Jackson era Ministro, lo que le costó el cargo. Se robaron 23 computadores y la caja fuerte con documentos relevantes para la investigación del financiamiento de fundaciones, la cual –curiosamente– se encontró posteriormente vacía.

Esto continuó hasta llegar hoy al caso ProCultura, el que  tiene muy complicado al Gobierno, pues impacta incluso hasta al Presidente por un posible financiamiento de su campaña presidencial y también de la campaña por el Apruebo. Más de $53 millones en depósitos directos y $4.400.000 en aportes triangulados forman parte de las transferencias a candidatos relacionados a Procultura, según la fiscalía. Boric es  amigo de Alberto Larraín –como lo reconoció en el diálogo que sostuvo con su exesposa Josefina Huneeus conocido recientemente–, lo que complica al Gobierno.

El jueves pasado, el Fiscal Yáñez comentó en Antofagasta que investigaban delitos de fraude al fisco y lavado de activos y que se atrevía a agregar delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, calificando a Alberto Larraín como líder  de esa operación. Las platas involucradas llegan casi a los $6.000MM. Cabe destacar que tan solo en 2022, primer año de gobierno de Boric, ProCultura recibió 10 veces más fondos que al final del gobierno de Bachelet 2, pasando de $316.849.723 a $3.282.841.556, a los que se agregan $1.808.295.423 en 2023.

Esta información surge de la intervención de celulares autorizadas por la justicia. Pero para el Frente Amplio, se trataría de espionaje político. Si bien el Gobierno se desligó de esos dichos, Constanza Martínez, su Presidenta, insiste en calificar la acción de la justicia como intento de espionaje político contra el Presidente Boric, lo que es inaceptable, porque los fiscales no son espías, solo persiguen posibles delitos.

Cuando los recursos públicos destinados a ayudar a los más desvalidos son capturados para fines espurios, quienes lo hacen son inmorales y aquellos que pretenden hacerle creer a la ciudadanía que la Fiscalía realiza espionaje político para perjudicar al Presidente, merecen  calificarse de descarados, pues saben perfectamente que eso es falaz.

Según Ayn Rand, autora de La Rebelión de Atlas, uno de los libros más influyentes del mundo –con más de 10 millones de ejemplares vendidos– la máxima virtud de la moral es la búsqueda de la verdad. Cuando se carece de esa virtud, la verdad se intenta ocultar, como ocurre en estos días.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 18 de mayo de 2025.