¿Morir en prisión?

Por Álvaro Guzmán Valenzuela. Señor Director: Escribo con profunda preocupación por una realidad que muchos prefieren ignorar: en Chile, hombres y mujeres militares mayores de 80 años, enfermos y dependientes…

31 julio, 2025

Señor Director:

Escribo con profunda preocupación por una realidad que muchos prefieren ignorar: en Chile, hombres y mujeres militares mayores de 80 años, enfermos y dependientes, muchos de ellos inocentes y condenados por ficciones jurídicas están cumpliendo condenas de 15, 20 o más años. La mayoría no vivirá para completarlas. Están, en los hechos, condenados a morir en prisión injustamente.

¿Eso es justicia? ¿Castigar hasta la muerte a personas ancianas, muchas veces por hechos de hace más de medio siglo? ¿Negarles toda posibilidad de compasión, redención o humanidad?

Siempre creí que la justicia debía equilibrar la razón con el corazón. Que debía proteger, no vengarse. Pero hoy veo una justicia que actúa con frialdad, como si el tiempo, la enfermedad o la vejez no significaran nada.

Estos hombres ya lo han perdido todo: su libertad, su salud, su familia. ¿No merecen, al menos, morir con dignidad?

No pido impunidad. Pido humanidad. Pido que dejemos de llamar justicia a lo que, en realidad, es venganza.

Ruego a los jueces que no endurezcan el corazón. Que recuerden que aplicar la ley también implica mirar al ser humano. Que aún pueden permitir que estos ancianos terminen sus días en paz, al cuidado de sus familias, sin dejar de cumplir sus condenas.

La historia preguntará qué hicimos frente a esta tragedia silenciosa. Ojalá podamos responder a la ciudadanía con la verdad y con compasión. No los dejemos morir en prisión. Aún estamos a tiempo.

Álvaro Guzmán Valenzuela – General de Ejército (r)

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 3 Comentarios

1. Adolfo Paúl Latorredice:

30 julio, 2025 en 21:59

«La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo». Platón.
Adolfo Paúl Latorre

2. Carlos Souper Quinterosdice:

30 julio, 2025 en 22:18

Es una vergüenza para el Estado de Chile no cumplir con los tratados internacionales voluntariamente firmados, referido a los derechos del adulto mayor, principalmente referidos a cumplimiento de penas. Es una vergüenza para el Estado de Chile tener dos sistemas procesal penal paralelos, para chilenos de primera y segunda categoría en cuanto a sus derechos procesales. Es una vergüenza para el Estado de Chile que los tribunales o jueces especiales que juzgan a militares en retiro, tengan un origen espureo, ilegal, inconstitucional, al existir y funcionar vía Autoacordado de la Corte Suprema, no teniendo atribuciones para ello. Nuevo resquicio legal, al igual que los pagos de gastos para ex pdte de la República. Es una vergüenza nacional tener un poder judicial y una corte suprema prevaricadora. Eso pienso, eso escribo. Es mi derecho.

3. Christian Slater Escanilladice:

31 julio, 2025 en 14:10

Señor Director:

¿Justicia, venganza o castigo eterno?

El reciente comunicado del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile, referido al proyecto de ley que busca permitir la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas para personas condenadas que se encuentren gravemente enfermas o en estado de avanzada edad, contiene una afirmación tan preocupante como inaceptable. Si bien valora el proyecto, el Comité introduce una distinción que, lejos de contribuir al respeto de los derechos humanos, los vulnera gravemente: plantea que los condenados por delitos de lesa humanidad no debieran acceder a tales beneficios si no manifiestan arrepentimiento o colaboración sustancial con la justicia.

Este doble estándar jurídico no solo es discriminatorio, sino profundamente inmoral y jurídicamente cuestionable. Condicionar un beneficio humanitario al “arrepentimiento” de una persona que alega su inocencia no solo desnaturaliza el sentido de justicia, sino que viola principios constitucionales y tratados internacionales. De hecho, prácticas de este tipo podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante, tal como lo prohíbe la Convención contra la Tortura, ratificada por Chile.

Más aún, cabe preguntarse: ¿cómo puede alguien demostrar arrepentimiento si no se reconoce culpable? ¿Qué sucede cuando la condena se origina en procesos judiciales cargados de ficciones jurídicas, pruebas inexistentes, declaraciones manipuladas o jueces ideologizados? En tales condiciones, exigir el reconocimiento de culpa como condición para acceder a un beneficio no es justicia: es coacción institucional. Y si esta presión la ejerce el Estado —validada incluso por organismos de derechos humanos—, nos encontramos frente a una forma moderna de tortura, amparada en legalismos retorcidos.

La desconfianza en el sistema judicial chileno no es un invento ni un capricho. Numerosos fallos recientes han sido criticados por ignorar el principio de cosa juzgada, reinterpretar hechos sin pruebas nuevas, o basarse en criterios ideológicos antes que jurídicos. Hemos visto jueces que abiertamente declaran su militancia política, fiscales que convierten procesos en tribunas morales, y organismos como el INDH que se han prestado para campañas contra instituciones como Carabineros, sin mayor rigor ni objetividad.

Por si fuera poco, las declaraciones del expresidente de Uruguay, José Mujica, y su esposa Lucía Topolansky —ambos figuras históricas de la izquierda latinoamericana— confirmaron públicamente que en su país se condenó a militares mediante testimonios falsos y acusaciones sin sustento, con claros fines políticos. Si eso ocurrió en Uruguay, donde el clima ideológico ha sido similar al de Chile, ¿por qué suponer que aquí todo ha sido pulcro y objetivo?

Quizás ha llegado la hora de revisar, con el mismo celo que se exige en otros casos, las condiciones de detención de quienes hoy se encuentran gravemente enfermos, ancianos y muchos de ellos declarados inocentes. Tal vez la verdadera justicia no consista en forzar confesiones ni imponer un arrepentimiento artificial, sino en permitir —como corresponde en un Estado de Derecho— la revisión imparcial y actualizada de casos juzgados bajo un sistema inquisitivo ya superado, y con garantías procesales hoy impensables.

Chile necesita una justicia que repare, no que prolongue el odio. Que respete el principio de igualdad ante la ley, incluso cuando el relato político dominante haya decidido excluir a algunos del ámbito de la compasión y la legalidad. Porque si los derechos humanos no son para todos —también para los que vistieron uniforme— entonces no son verdaderamente derechos, sino privilegios ideológicos.

Atentamente,
Christian Slater E.
Coronel (R) del Ejército de Chile.