 |
|
| La transformación del Penal de Punta Peuco en cárcel común ha reabierto un doloroso debate. Este recinto creado por decisión administrativa para albergar a soldados, carabineros y policías condenados por hechos ocurridos hace más de cincuenta años.
La gran mayoría enjuiciados sin las garantías del debido proceso, condenados por presunciones o testimonios dudosos, y hoy son ancianos muchos enfermos, que enfrentan en condiciones indignas el ocaso de sus vidas.
Si bien la ley no distingue entre civiles y militares, pero la justicia verdadera exige humanidad y equidad.
El paso del tiempo no borra el deber de la sociedad de tratar con respeto y equidad a quienes sirvieron a la patria. Humanizar la justicia no es olvidar el pasado, sino honrar los valores que un día nos unieron en el deber y el servicio. |
|
|
|
| Extracto Columna publicada por Puro Chile.
En Chile se lleva años perfeccionando el arte de torcer la ley sin romperla. El “secuestro permanente”, la amnistía ignorada y la fe en la buena intención revelan esa perversa costumbre: confundir justicia con conveniencia.
Una de las formas más persistentes de corrupción es disfrazada de virtud, torcer las normas con rostro de buena conciencia.
El violar el principio mientras se invoca su espíritu, reaparece hoy en un terreno más delicado. En 1978 se concedió amnistía a quienes habrían cometido delitos entre 1973 y 1978. En 2009 Chile ratificó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y comenzó a aplicar sus principios a hechos ocurridos mucho antes de su vigencia.
Pero el derecho penal tiene una regla tan elemental como civilizadora: la irretroactividad. Nadie puede ser condenado por un delito que no existía cuando actuó ni sometido a una pena más grave que la prevista entonces. Esa garantía, que separa la justicia de la venganza.
Según esta figura, si una persona desapareció y su cuerpo no ha sido hallado, el delito seguiría cometiéndose hasta hoy. Así, la amnistía no se aplica, la prescripción no corre y la irretroactividad deja de importar. Con ese razonamiento se han dictado condenas por hechos de hace más de cincuenta años, aunque el propio Estado conserve desde hace años restos humanos sin identificar en sus laboratorios.
Si la intención podría ser comprensible ya que: nadie quiere impunidad frente al horror, pero confundir justicia con desquite, o verdad con narrativa moral, es degradar la ley
La corrupción chilena no viola la ley, la interpreta. No destruye el derecho, lo vacía de sentido. Lo hace con un aire de decencia que la vuelve más peligrosa, porque se presenta como servicio al bien.
El problema no está en nuestras leyes, sino en la relación que tenemos con ellas. En Chile, obedecer la ley se considera ingenuo; lo virtuoso es saber doblarla sin que se note. erosiona la confianza, sobre la que se construyen las relaciones humanas.
Cuando el derecho se usa para servir causas, se vuelve instrumento vil. Y cuando eso ocurre, lo justo se degrada en su propia parodia. Y así, entre la virtud declamada y la astucia celebrada, seguimos creyendo que somos un Estado de Derecho. |
|
|
|
| Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir
Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo.
Contacto y artículos dirígelos a: boletin@ongcren.cl
Más sobre el tema los puede revisar https://ongcren.cl |
|
|
|
|
|
¿El fin de Punta Peuco?
La reciente decisión del Gobierno de transformar Punta Peuco en un penal común, tras la toma de razón de la Contraloría, reabre el debate sobre la naturaleza y propósito de este recinto históricamente asociado a condenados por causas de derechos humanos. Pese al discurso oficial de igualdad penitenciaria, las condiciones de los internos —en su mayoría adultos mayores, enfermos o discapacitados— evidencian una realidad distinta, marcada por el deterioro físico y la desesperanza, que plantea interrogantes sobre el trato humanitario en el sistema carcelario chileno.
5 de noviembre de 2025
Imagen Puranoticia
No basta la toma de razón de la Contraloría de un Decreto Supremo inmotivado para poner término al penal de Punta Peuco.
Por décadas, este recinto carcelario sólo ha sido identificado por albergar condenados por causas de DDHH. Sin embargo, pese a que el paso del tiempo y su inevitable huella en las personas no es algo que haya importado a la Autoridad ni a los Tribunales, si ha sido algo que ha reflejado la esencia de este penal, distinguiéndolo del resto, aunque no le guste a la actual Administración, y aun cuando pretendan “lavar la imagen” de este recinto hacinándolo con 32 nuevos reos “comunes”.
Hoy, el Gobierno saliente cree que la “especialidad” de este penal feneció y que ahora es una cárcel “común” como cualquiera. Sin “privilegios”. Pero nada más lejos que la cruda realidad, que se seguirá revelando, pues se trata de un lugar habitado por viejos moribundos, discapacitados, inválidos o simplemente, seres desesperanzados, que no temen a la muerte porque en las condiciones carcelarias que viven, más bien la desean, como una forma de poner fin a su sufrimiento.
Carla Fernández Montero
Abogada, Derecho Penal-Penitenciario
La verdad sobre los restos en el IML:
