Punta Peuco

Por Rodrigo Cooper Cortés.

Señor Director: Resulta incomprensible y profundamente inquietante que el gobierno haya iniciado los trabajos de transformación del penal de Punta Peuco…

Señor Director:

Resulta incomprensible y profundamente inquietante que el gobierno haya iniciado los trabajos de transformación del penal de Punta Peuco pese a la existencia de dos órdenes de no innovar emitidas por cortes de apelaciones y órdenes de paralización de faenas emitidas por la Municipalidad de Til Til. No estamos frente a un matiz jurídico menor: se trata de una desobediencia abierta a resoluciones judiciales vigentes, que debiera alarmar a cualquier demócrata, independientemente de su posición política.

En ese penal sobreviven alrededor de 140 personas de edad avanzada, con un promedio de 86 años, muchas de ellas aquejadas por enfermedades graves y degenerativas, incluso, desconectadas de la realidad. Es decir, un grupo vulnerable, cuya situación debiera ser tratada con criterios humanitarios y dentro del marco del Estado de Derecho. Sin embargo, la autoridad ha optado por avanzar en obras que podrían afectar directamente sus condiciones de vida, ignorando los límites que la justicia ha establecido.

La señal es gravísima: ¿desde cuándo un gobierno puede escoger qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles pasar por alto? ¿Qué queda del equilibrio republicano si el Ejecutivo empieza a operar como si estuviera por encima de los tribunales? Hoy es Punta Peuco; mañana podrá ser cualquier otra materia a través de la cual el gobierno saliente trate de dejar algún tipo de legado, al menos reconocible por su sector.

1. Adolfo Paúl Latorre dice:

¿Desde cuándo un gobierno puede escoger qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles pasar por alto?
Desde la época de la Unidad Popular, durante la cual un gobierno legítimo en su origen devino en ilegítimo durante su ejercicio, al convertirse en una tiranía que no respetaba el Estado de derecho; y el quiebre del Estado de derecho acarrea, inevitablemente, la violencia.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

2. Enrique Slater Escanilla dice:

Era esperable que este gobierno, al final de su período y como un acto de apoyo a sus adherentes y candidata presidencial, buscara gravar aún más, la situación de vida de los uniformados condenados en Punta Peuco, transformándola en una cárcel común y ahora, disponiendo el inicio de los trabajos de transformación, existiendo órdenes de no innovar, por parte de la justicia.
Nuevamente, queda en evidencia la arbitrariedad del Ejecutivo, la ineficacia del Judicial y la debilidad del Estado de Derecho.
Es de esperar que esta vez, la justicia se imponga por sobre los fines políticos y partidistas del gobierno.
No puede ser, que en un país supuestamente democrático, ocurran estos hechos.