Nuevo revés en materia de extradición

Editorial El Mercurio

Domingo 30 de julio de 2017

La negativa a conceder la extradición de una acusada de participar en el crimen de Jaime Guzmán -en este caso, de India- es un acto de minusvaloración del Estado de Derecho del país…

Una petición del gobierno francés -invocando consideraciones humanitarias- llevó a la India a negar la extradición solicitada por el ministro Mario Carroza de Marie Emmanuelle Verhoeven, conocida también como la “comandante Ana”. Esa extradición ya había sido negada por Alemania frente a una primera solicitud chilena en el momento de su detención en Hamburgo. Si bien la Cancillería estuvo pronta a hacer presente lo lamentable de la resolución y la necesidad de continuar realizando todas las gestiones diplomáticas necesarias para obtener su comparecencia a los efectos de su debido juzgamiento en relación con el asesinato del senador Jaime Guzmán, es evidente que desde la perspectiva del ordenamiento jurídico nacional el hecho resulta altamente preocupante.

Esta situación se suma a las dificultades y obstrucciones que encuentran en general los esfuerzos de la justicia chilena por juzgar a los posibles autores y responsables del asesinato de Jaime Guzmán. La protección conferida en Argentina a Sergio Apablaza es solo un ejemplo de una larga serie de acciones de los grupos políticos afines al FPMR y al PC, y de su capacidad de presionar a sus gobiernos para impedir cualquier colaboración en esta materia con nuestros tribunales.

En rigor, la extradición es un proceso de colaboración entre Estados, en que cumpliéndose unos ciertos requisitos, la justicia de uno coopera con la de otro poniendo a su disposición a imputados para su juzgamiento por los delitos que hubieren cometido o a condenados para el cumplimiento de sus condenas. Cuando existe un tratado entre los Estados, el procedimiento es relativamente expedito, porque ya hay un acuerdo para llevar adelante el proceso y las partes ya se han reconocido recíprocamente. Cuando no lo hay, la resolución queda entregada a los principios generales y la costumbre internacional, destacando especialmente el principio de reciprocidad en el trato entre Estados.

Las razones por las que una extradición puede negarse son diversas y van desde políticas estatales -por ejemplo, en aquellos países que no extraditan a sus propios nacionales- y razones humanitarias, como las invocadas en este caso por Francia e India, hasta argumentos técnicos, como que el delito no está incriminado en ambos países. Sin embargo, es evidente también que el acto de conceder la extradición es además un mensaje de reconocimiento a la fortaleza institucional de la judicatura que la solicita. Del mismo modo, y muy especialmente cuando se cumplen los requisitos establecidos por la costumbre, la negativa resulta un acto de minusvaloración del Estado de Derecho del solicitante. En tal sentido, la actual negativa de la India debe llamar a reflexión para revisar nuestros procesos internos de gestión de las peticiones de extradición. Se requiere articular de mejor forma la dimensión diplomática de esta acción del Estado, de manera que, más allá de los casos concretos, se pueda fortalecer la posición nacional y aumentar la eficacia de las solicitudes. El compromiso asumido por Francia de revisar la situación de Verhoeven con Chile será una oportunidad propicia para avanzar en esa dirección.

Emol