Si un juez tiene conflictos de interés político con el tema de los Derechos Humanos ya sea por su tendencia o visión parcial acerca del tema, debiera, por un asunto ético,  inhabilitarse de inmediato para evitar que el criterio personal se imponga y le induzca a dictar a sabiendas una resolución injusta, cometiendo con ello el delito de prevaricación  como ya se ha consignado y  documentado latamente en los casos que se abordan en los libros del abogado Adolfo Paúl Latorre.

Señalar que busca ser recordado como un juez consecuente y manifestar explícitamente su adhesión al Partido Comunista e, incluso, haber votado por Allende coloca en tela de juicio la imparcialidad que Milton Juica tuvo como juez frente a causas sobre Derechos Humanos que afectaron a cientos de militares, confirmando con ello que las afirmaciones hechas tiempo atrás por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto que los jueces en este país son de izquierda, no estaban entonces excesivamente lejos de la realidad.

Las declaraciones de Juica – explicó el presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R), Alejo Riquelme –  son el fiel reflejo que en Chile existe una justicia arbitraria para cierto grupo de chilenos y que no son pocos los jueces que, una vez jubilados, comienzan a confesar su postura política que curiosamente está cargada hacia el lado inquisitivo y oscuro de la Justicia, cometiendo derechamente el delito de prevaricación, tal como lo confesó también tiempo atrás sin pudor el ex magistrado Alejandro Solís con la aplicación de la ficción jurídica de Secuestro Permanente.

“Lo que se ha hecho es aplicar una Justicia sin crédito, resultando aberrante que se imponga en un país civilizado, y es por ello que la historia jurídica chilena no podrá dejar de registrar las actuaciones de jueces vengadores que no respetándose a sí mismos, ni tampoco a sus pares, hicieron suya, impusieron y aplicaron a como diera lugar ficciones jurídicas que atentan contra la más básica de las inteligencias como es – por ejemplo – el secuestro permanente, además de normas inexistentes en Chile en décadas pasadas cuyo mejor exponente, es la Ley de Lesa Humanidad que entró en vigencia sólo en julio del 2009”, enfatizó.

El Presidente de la Multigremial (R) comentó que es una muy buena señal para el país, que los jueces que integren la Sala Penal de la Corte Suprema sean magistrados de probado prestigio por haber demostrado a lo largo de su extensa carrera,  un actuar Justo y desprendido de toda convicción política, para que no se repitan nunca más Juicas o Solís que a la luz de sus declaraciones, sólo han contribuido a confirmar que en Chile existía una justicia fallida y que la judicatura actual deberá esforzarse y mucho, para recobrar la credibilidad perdida, requisito indispensable para que el Estado de Derecho vuelva a proteger a todos por igual.

Santiago, 22 de agosto del 2018