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Es fácil sembrar la duda y la mentira. Para decir la verdad se requieren argumentos; para mentir, no se necesita nada -de hecho, el mal se define como la carencia de bien-. Por eso mismo triunfó la opción “apruebo” en octubre de 2020. Frente a la realidad de nuestra institucionalidad -con defectos pero que posibilitó más de 30 años de estabilidad política y crecimiento económico-, era fácil levantar un relato alternativo basado en puro voluntarismo e ilusión. Y ese relato ganó en forma arrolladora. Porque la realidad tiene sus miserias, pero la ilusión la podemos dotar del contenido que queramos.

Esfumado ese espejismo por una asamblea dominada por la izquierda radical, el rechazo a ese experimento parece mayoritario. Pero, cuando el país necesita certezas en tiempos convulsos, hay quienes alertan sobre una supuesta conjura. Que estaría en preparación un gran fraude para el próximo plebiscito. Que habría centenares de miles de muertos en el padrón electoral. Que el Servicio Electoral (Servel) sería autor o cómplice de esas maniobras. Y así.

Por desgracia, las redes sociales son tierra fértil para estas consignas. La desconfianza del electorado hacia el poder es brutal y muy pocos conocen la regulación en materia de elecciones, por lo que los infundios alcanzan cotas inverosímiles. Es preciso hablar con rigor y con la verdad.

El padrón electoral efectivamente tiene un número de fallecidos que Servel calcula en unos 30 mil. Este número corresponde principalmente a los decesos de electores inscritos que se hayan producido entre el 1 de mayo, fecha en que por ley se cierra el padrón electoral, y el 4 de septiembre, día del plebiscito. A ellos se agregan los chilenos que han fallecido en el extranjero y cuyas defunciones no se han tramitado en Chile, por lo cual el Registro Civil no tiene esa información y por ello Servel tampoco. Por último, hay inscritos por ley 780 detenidos desaparecidos, a modo de homenaje y que en el padrón figuran con esa calidad; la razón de esto último es discutible, pero no parece oportuno reabrir un debate tan polarizador como ese a solo días de la votación más significativa que el país celebrará desde 1970.

Es cierto que por ley, antes del cierre del padrón, Servel debió depurarlo de los electores que reúnen estos requisitos: 1) tener 90 o más años; 2) no haber renovado cédula de identidad ni pasaporte en 11 años, y 3) llevar 2 elecciones sin votar. Pues bien, Servel lo hizo, salvo casos residuales en que el Registro Civil no informó del punto 2). Conviene recordar que en Chile quien emite las cédulas de identidad y los pasaportes no es Servel, sino el Registro Civil. A mayor abundamiento, en un plazo de 10 días desde la publicación del padrón electoral, los partidos políticos y cualquier persona pudieron presentar reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, sobre electores injustificadamente omitidos o que figuren con datos erróneos (artículo 48, Ley N° 18.556). Si no lo hicieron, ya es su problema.

La confianza en el sistema electoral es un elemento indispensable para la paz social y un activo de Chile en la región: eso no puede perderse. Por ende, la crítica al sistema debe ser fundada. Las instituciones, sumadas al compromiso de los ciudadanos que ejercerán como apoderados, harán posible que no vote nadie que no corresponda que vote, vivo o muerto.

Es incoherente apoyar la opción rechazo y, a la vez, desacreditar la institucionalidad que esa misma alternativa busca preservar. Concentrémonos en lo importante. Chile nos necesita.

A estas alturas, mi estimado lector, sabemos que el Proyecto de Nueva Constitución no solo es malo para la unidad de los chilenos y de su territorio, sino que puede desmantelar nuestras vidas al extremo de transformarse en un punto de no retorno. La dirección que indica la flecha del Apruebo es el tipo de régimen implementado en Bolivia. La diferencia con dicho país radica en que solo una ínfima minoría de chilenos puede reclamar ser miembro de pueblos originarios por lo que es muy probable que, en vistas a los privilegios y derechos abusivos que se confieren por consideraciones raciales, se torne imposible la convivencia pacífica. ¿Qué nacerá del caos? Muy probablemente una nación indigenista con pretensiones de avanzar hacia el resto del Cono Sur, capturada por la narcoguerrilla que, para bajar sus costos de producción, necesita destruir no solo el Estado de Derecho y licuar el monopolio de las FF.AA., sino, además, poner fin a la unidad territorial de los países en Latinoamérica.

Usted me dirá que en el artículo 3 se afirma que “el territorio es único e indivisible” y yo le responderé no solo con el ya clásico argumento que analiza los efectos del establecimiento de autonomías territoriales (artículo 58), establecidas bajo la excusa de avanzar la regionalización. Además, y este es un tema fundamental en el marco de nuestras relaciones con Bolivia, el artículo 199 establece que: “Las comunas y regiones autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, a través de sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medioambiente, según los términos que establezca esta Constitución y la ley.” ¿Se entiende la trampa?

“Más claro echarle agua”, dirán muchos, a lo que yo agregaré el artículo 14 inciso 3 donde nuestro país “declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”, comprometiéndose a la “integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados” como también a facilitar “el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas.” De modo que, ya ve usted, de fondo, existe un proyecto que lleva por nombre “la nación indigenista” sobre el que pocos reflexionan.

Los primeros pasos en su diseño y construcción los dio Hugo Chávez al cambiar las festividades del descubrimiento de América, día de la raza, por el día de la resistencia indígena reivindicando las luchas de los pueblos originarios. El indigenismo cobra fuerza, como siempre sucede en el marco del socialismo, a partir de la creación de una falsa conciencia. De pronto los individuos, sobre la base de una supuesta opresión (de los españoles) siglos atrás y cierta falta de “integración” (¿o asimilación forzada?) tienen el derecho de apropiarse de lo ajeno y exigir una serie de privilegios que solo conducen a una lucha fratricida. ¿Quiénes ganan en este contexto? La respuesta es fácil: son los más fuertes. Es decir, aquellos que poseen el poder de las armas ilegales, del dinero mal habido con el que corrompen a políticos y jueces y el manejo de amplios territorios como Temucuicui, donde no se mueve un alfiler sin pasar por el visto bueno de los mafiosos y terroristas de turno.

Así las cosas, nos vamos dando cuenta de que el proyecto que una minoría capturada por el socialismo bolivariano ha querido imponer a los chilenos con la complicidad de parte importante de la prensa, el silencio de jueces y políticos y el apoyo de amplios sectores académicos es la creación de una nación indigenista en la forma de un Estado cuyo precursor político lo puede encontrar en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y la idea de una moneda única Latinoamericana.

Poco a poco nos hemos dado cuenta de que ese es el trasfondo de la propuesta que votaremos el 4 de septiembre. El problema es que aún no tomamos consciencia de que los chilenos hace rato que caímos en la trampa cuando aviones de misteriosa procedencia descargaron a miles de haitianos ilegales, mientras, en la práctica, los controles fronterizos fueron desmantelados. En otras palabras, la desintegración de Chile avanza día a día, con o sin Nueva Constitución, comandada por una clase política que, curiosamente, suele participar en todo tipo de foros y promover acuerdos cuyo marco es el socialismo del siglo XXI fundado por una narcodictadura. La pregunta que debiesen estar haciéndose civiles y militares es cómo enfrentar el proyecto de la nación indigenista y revertir la fragilidad en que se encuentra el país.

Aún nos queda una esperanza en el triunfo del Rechazo y la posibilidad de contar con expertos incorruptibles que se las jueguen por el país y pongan freno a su desintegración. En caso contrario, si gana el Apruebo, la trampa ya está lista y el socialismo bolivariano no encontrará más baches en el camino para implementarse. Y es que como el Proyecto de Nueva Constitución especifica cuáles son las materias de ley, deja al arbitrio del Presidente Boric todo lo que no quedó establecido en ese listado, al menos durante los primeros seis meses después del plebiscito. En suma, todas las materias no especificadas serán reglamentadas por el Presidente a través de los reglamentos autónomos que, dado el diseño institucional, podrían ser dictados sin la intervención de ningún otro poder del Estado. En otras palabras, viviremos un período dirigido solo por una especie de Ejecutivo Legislador, sin Corte Constitucional, fiscalizado únicamente por el Contralor, cuyo nombramiento depende, adivine de quién… ¡Eureka! Descubrió la trampa, ni más ni menos que del mismo Presidente al que debe fiscalizar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el martes 16 de agosto.

Una de las principales demandas ciudadanas es mejorar la realidad social. Para ello, los derechos sociales son una gran herramienta, pues comprometen al Estado a desarrollar progresivamente su máximo esfuerzo para la satisfacción de las necesidades sociales, logrando una realidad social. Inicialmente, derechos sociales y realidad sociales no son lo mismo.

Los derechos sociales se encuentran ya incorporados en lo que podríamos denominar el “bloque de constitucionalidad”. Están en el Pacto Internacional al respecto suscrito por Chile y vigente. Conforme el actual artículo 5 de la Constitución, dicho pacto tiene un rango a lo menos superior a la ley, por lo que hoy ya obliga a todo el Estado. No obstante, hay consenso que ello no basta.

Por lo mismo, para muchos, el punto central ahora sería expresar en detalle los derechos sociales en la Constitución. Esto es legítimo y apoyado mayoritariamente por la ciudadanía. Pero la primera gran pregunta es si el borrador de nueva Constitución permitirá hacer realidad social los derechos sociales. La segunda pregunta es si realmente se está informando a la ciudadanía.

Los derechos sociales obligan al Estado a desarrollar políticas y ellas se financian con recursos. Sin recursos, no hay realidades sociales a partir de los derechos sociales. Acá, el borrador falla profundamente, pero no precisamente por consagrar derechos sociales, que es correcto. Falla en otras normas, pues destruye confianzas, debilita derechos y libertades, no pone énfasis en el progreso y crecimiento y, por ello, no solo es dudoso que a futuro existan recursos para hacer realidad nuevos derechos sociales sino incluso, los suficientes para mantener el gasto social que hasta hoy despliega el Estado. Esto es gravísimo. Sin crecimiento habrá menos recaudación por impuestos y menos trabajo, consecuentemente, menos derechos sociales como realidad social.

El segundo problema comienza cuando electoralmente se venden los derechos sociales como derechos individuales a tener “tu casa”, “tu operación a la cadera”, “tu pensión digna”, etc. Ello desfigura el contenido de estos derechos y, en realidad, los transmuta a derechos individuales demandables por cada persona como prestación. Esto traicionará las expectativas, afectará la fe de los ciudadanos en la democracia y, lo que es peor, transformará una eventual nueva Constitución en semántica. Ello implica que pierda su eficacia normativa; se desaten las amarras del poder y, finalmente; se llegue a operar en contra de los derechos y libertades de las personas.

Por uno u otro lado, nuestra futura Constitución tendrá derechos sociales más explícitos. Lo importante es que el conjunto de normas de dicha Constitución, así como la forma en que se vocean, no destruyan la posibilidad que los derechos sociales se hagan una realidad social y la única manera de lograrlo es por medio de una nueva oportunidad en la redacción, que solo la alternativa del Rechazo puede entregar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el martes 16 de agosto de 2022.

La clase política acordó un pacto por la paz y la democracia, amedrentada por el lumpen que asolaba las calles a fines de 2019. El fenómeno de insurrección tenía causas que a ningún miembro de esa élite interesaron. Solo salvar el statu quo de su dominancia, los inspiró a ceder a la sentida aspiración de la población chilena, que según las encuestas a menos del 3% de la población le interesaba: una nueva constitución. Se condujeron pues estas élites, de la misma forma que lo hicieron los girondinos y mencheviques en los episodios de demolición social que la historia conoce como revolución francesa y revolución rusa.

El resultado de tan brillante y preclara solución se manifestó en el completo desplome de la sociedad chilena en los ámbitos social, económico y político: un incremento exponencial de la violencia terrorista y delictual, una generalizada anomia o aversión a cumplir con sus deberes ciudadanos, la caída en vertical de la productividad de los trabajadores y de la responsabilidad social de los empresarios, la destrucción física de las ciudades y espacios públicos y el generalizado feísmo que transformó a Chile de ser una nación con voluntad tensa, a una poseída por una tristeza laxa y pesimista, atravesada por un generalizado, sálvese quien pueda.

Naturalmente la culpa de todo este deterioro -datos sociológicamente medibles – la clase política se los endosará en su relato, a la pandemia, otro relato falso, totalitariamente impuesto por las élites globalistas, con la anuencia y apoyo de nuestra élite criolla. Pero, si bien la pandemia ha deteriorado generalizadamente la convivencia social en el mundo – logro perseguido por sus gestores – es cuestión de viajar por el mundo, y viajar por Chile, para darse cuenta quien se ha deteriorado más severamente y en base a ello ponderar.

Azuzados y asustados por el lumpen politick – el peor estado de ánimo para obrar sabiamente – las élites aprobaron una modificación a la aportillada constitución vigente. Dicha modificación manifestada en los artículos 127 y siguientes de nuestra malhadada carta fundamental, son una clase magistral de estupidez política. Se creó un órgano antidemocrático, a la medida del mismo lumpen politick que los amedrentaba, donde minorías ínfimas de subversivos amparados bajo el paragua de pueblos originarios y asociaciones creadas para la ocasión, obtuvieron -como era de prever- una mayoría en la pomposamente llamada Convención Constituyente. Un grupo de ignorantes, inadaptados sociales, analfabetos funcionales, disfrazados de distinta manera, cooptó este triste cuerpo colegiado, de tal manera que cualquier hijo de mujer dotado de una mínima capacidad deductiva, podía proyectar e imaginar cual sería el resultado. La élite política en cambio se manifestaba después de instalada esta convención, satisfecha y generalizadamente confiada que ese verdadero zoológico humano, nos propondría un texto que construiría la casa de todos, donde todos seríamos felices y comeríamos perdices.

A pesar del intenso amasijo cerebral al que la televisión somete cotidianamente a la población y al proceso de desinformación llevado a cabo por la patrulla juvenil de inadaptados que nos gobiernan, las encuestas señalaron que el mamarracho que produjo este grupo de ignorantes notables sería categóricamente rechazado y que volvería a regir la constitución redactada por constitucionalistas de todas las tendencias políticas y que había servido de base para el progreso de Chile durante 40 años. La sentida aspiración de tener una nueva constitución se manifestaba pues más falsa que judas. Todo ello en base a las mismas reglas constitucionales aprobadas por nuestros temerosos líderes.

Pero ¿cuál era el problema de que esto sucediera pura y simplemente? Piense estimado lector ¿Qué reacción social produciría un resultado de rechazo luego de dos años de despilfarro de recursos fiscales y de estrés impuesto a la población chilena, donde debimos soportar que un ínfimo grupúsculo de individuos moralmente incalificados nos mantuvieran en ascuas? Correcta la respuesta que se está imaginando: Le pediríamos, más bien, le exigiríamos a esa élite que pagara la cuenta. ¿Cómo? Pues desalojándoles del único espacio que constituye su razón de existir: el poder burocrático-político del que viven y se enriquecen.

¿Qué hizo esta élite ante el peligro? Se alinearon tirios y troyanos. Dentro de los miembros de la élite que apoyaban el rechazo dieron su palabra de honor -así dijo Evelyn Mattei- que harían sus mejores esfuerzos para continuar con el proceso constituyente que era esa sentida aspiración apoyada por un 3% de la población. Pero no solo eso; han rebajado los quorum de aprobación de modificaciones a la constitución al 57% lo que significa que con una mayoría relativa se puede arrasar con los intereses y la opinión del 42% de la población. Justamente lo que no es la democracia y que caracteriza al totalitarismo. En el otro costado, dentro de los que ven en el mamarracho constitucional la oportunidad anhelada de un estado totalitario, y por ende van por el apruebo, han dado su palabra, para modificar el esperpento, en los aspectos más grotescos e imposibles de disolver para el trago de tachuelas. En otras palabras, si gana el apruebo, seguirá el espectáculo, si gana el rechazo, también. Los políticos en el medio, el país paralizado, los terroristas haciendo su tarea sistemática de destrucción, la autoridad del estado ausente etc, etc, etc.

El fraude electoral que se ha ventilado como un peligro escatológico de unos funcionarios oscuros enquistados en el Servicio Electoral, no era tal. El verdadero fraude electoral está ahora voceado por toda la élite. No es secreto. Ellos lo promueven y lo anuncian. Crearon unas normas e impulsaron un proceso para salvar su pega, que era apoyado en el momento que lo acordaron por el 3% -estadísticamente medido- de la población. Proceso que se ha acreditado un total y completo despilfarro. Ante el peligro que esa evidencia, la elite se ha confabulado para vulnerar la decisión de la población.

Cualquiera sea el resultado estimado lector, la única opción para que Chile vuelva ser libre, seguro, próspero y éticamente recuperado en su conciencia que los deberes ciudadanos están antes que cualquier derecho, es desalojar a TODA esta élite corrompida que tanto daño ha hecho a la convivencia social.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por semanario El País Digital, el viernes 12 de agosto de 2022.