El año recién pasado, la Corte Suprema anuló una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmaba la sentencia de primera instancia que había sobreseído definitivamente una causa sobre DD.HH. por prescripción de la acción penal, argumentando que los hechos ocurridos en el año 1977 constituían un “delito de lesa humanidad” (Rol C.S. 78.951-2016).

La Corte Suprema calificó equivocadamente los hechos como delito de lesa humanidad, por cuanto tal categoría de delito fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 20.357, que entró en vigor el 18 de julio de 2009. De acuerdo con el principio de legalidad —y con lo establecido expresamente en dicha ley— ningún hecho cometido antes de esa fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad.

Por otra parte, uno de los requisitos de ese tipo penal es que los actos sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; es decir, contra grupos humanos enteros desarmados y ajenos a un conflicto. Los ataques de las fuerzas de seguridad del Estado durante la época del Gobierno Militar no fueron cometidos contra una población civil, sino que contra personas determinadas o grupos específicos armados que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva; es decir, contra combatientes de un ejército irregular vestidos de civil, lo que es muy diferente.

Adolfo Paul Latorre, Abogado