Por Humberto Julio Reyes

            A través de una carta en El Mercurio del sábado 16 de diciembre, me entero del asesinato de un ingeniero de 75 años de edad, en el Metro Los Héroes, noticia que me parece ha pasado desapercibida en medio del reciente plebiscito de salida.

            Como un hecho delictual de esta gravedad no es habitual, uno podría esperar mayor cobertura al respecto o algún seguimiento de la noticia, pero, si ha existido, no me he enterado y, aunque no soy devoto de noticieros o matinales, me considero una persona medianamente informada.

            También alguien podría argumentar que, dado el nivel de delincuencia que soportamos hoy en día, esta noticia sería algo ya rutinario y sólo la calidad de la víctima, un profesor guía de prestigio en la USACH, constituiría la excepción a la regla de que nadie está a salvo de ser asesinado, sea en un medio de locomoción, asaltado en su domicilio o en la calle, víctima de un portonazo o por bala loca.

            Frente a un escenario tan negativo, varios alcaldes han solicitado que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional o que en sus comunas se establezca estado de excepción, cosa que a más de alguna autoridad le ha parecido un despropósito y también nos hemos enterado de la organización de un “batallón de protección ciudadana” de guardias privados para colaborar con las policías que, aparentemente, estarían sobrepasadas por delincuentes que, al decir de una autoridad, no temen ser enfrentados.

            ¿Ese sería el problema?

¿Policías sobrepasadas que requieren que otras organizaciones les colaboren en forma directa a controlar la delincuencia?

Posiblemente sea prematuro emitir juicio respecto al mencionado “batallón” donde sin duda habrá personas que tengan las competencias requeridas, aunque otra cosa es que cuenten con atribuciones para actuar en forma efectiva.

Donde sí me adelanto a pronunciarme es respecto a un estado de excepción que implique desplegar personal militar, que carece de preparación y equipamiento para funciones policiales, esperando sean eficientes y efectivos para enfrentar delincuentes dispuestos a todo.

¿No sería mejor solución contar con más y mejores policías y el respaldo de una legislación que no los convierta en “victimarios” si deben actuar con la firmeza que requiere la actual situación?

Se me dirá que eso requiere tiempo y que, en el intertanto y tal como ya se ha hecho en las macrozonas norte y sur, también se pueden emplear las fuerzas armadas “en subsidio”, pero puedo imaginar la reacción que provocaría el uso de sus armas, aún cumpliendo con las restrictivas RUF, si se diera muerte a los delincuentes que lleguen a enfrentar.

Un regalo caído del cielo para el INDH y jueces que practican el activismo judicial. Sin olvidar a dirigentes políticos que expresan sin tapujos que siguen considerando a las fuerzas armadas como sus declarados enemigos.

Por ello, antes de pedir, proponer o adoptar soluciones de dudoso efecto, convendría que se definiera el problema con la mayor claridad posible, evitando toda ambigüedad, por difícil que sea.

La situación lo exige.

18 de dic. de 23