Beatriz Sánchez y las libertades

Por Sergio Muñoz Riveros, Analista político

Para justificar su decisión de no asistir al programa «En buen chileno», de Canal 13, la candidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que se debía a una razón valórica: «No voy a ir porque no quiero validar que en televisión haya una persona que es panelista y que fue ministro de un dictador. Creo que, en un país decente, una persona que fue ministro, subsecretario de un dictador, no puede estar en un gobierno y no debería estar en un programa de TV». Se refería al ingeniero comercial Sergio Melnick, quien efectivamente fue ministro de Planificación de Pinochet.
Considerando que ella aspira a ser Jefa de Estado, surgen al respecto justificadas aprensiones. ¿Quiere decir, en su opinión, que Melnick no tendría derecho a participar en ningún programa de TV? ¿Ni de radio tampoco? ¿Ni podría publicar libros ni artículos en la prensa? ¿Ni estaría autorizado para ejercer la docencia? ¿Y cuánto tiempo duraría dicha proscripción? ¿Sería indefinida?

Si tenemos en cuenta que la dictadura fue larga, y que cientos de personas colaboraron en funciones destacadas (ministros, subsecretarios, intendentes, directores de servicios, asesores directos del gobernante, etcétera), estamos hablando de mucha gente. Si se aplicara el criterio de Sánchez, todas esas personas tendrían que correr la suerte de Melnick. La candidata seguramente sabe que, desde la recuperación de las libertades en 1990, numerosas personas que colaboraron con el régimen de Pinochet han estado presentes en el Congreso, las universidades, los medios de comunicación, la actividad empresarial, y otros. ¿No debió permitirse eso? ¿Ella no lo habría permitido?

La democracia garantiza los derechos de todos a través de normas objetivas que están en la Constitución y las leyes. El Código Penal no discrimina. Si un gobernante intentara establecer una categoría de chilenos que quedaran excluidos del ejercicio de la libertad de expresión, tendríamos el derecho y el deber de cruzarnos en su camino para impedirlo, ya que los fundamentos de la vida en libertad estarían cuestionados directamente desde el poder. Y esa categoría de «subciudadanos» podría estar integrada por antiguos colaboradores de la dictadura o por otras personas, segregadas con cualquier otro criterio. Sería una forma de apartheid, la palabra holandesa que se hizo universalmente conocida como sinónimo de discriminación y persecución.

Por desgracia, la actitud de la candidata se conecta con la compulsión de ciertos fiscales autodesignados a mantener las viejas divisiones y los viejos odios, no obstante que Chile ha hecho un camino de reencuentro durante 27 años. Son los que piden cuentas a todos sin sentirse obligados a rendirlas, e incluso llegan a instrumentalizar la causa de los derechos humanos para obtener ventajas político-electorales. Nada de eso nos ayuda a tener una sociedad mejor. Necesitamos liberarnos de los traumas y los fantasmas.
Quizás Beatriz Sánchez no tuvo la intención de ir tan lejos. Quizás no tiene malas intenciones. Pero lo concreto es que no les toma el peso a las palabras, como consecuencia de sus confusiones sobre cómo funciona el régimen democrático. Se puede entender que tenga un juicio crítico sobre la dictadura, como muchos lo tenemos, pero de ello no se deriva el intento de establecer un sistema de mordazas. El afán justiciero ha sido el origen de muchas injusticias en el mundo. Los totalitarismos han surgido incluso con la excusa de «prevenir» ciertos males, de anticiparse a la acción de los enemigos absolutos.

El Frente Amplio es una agrupación muy heterogénea, en la que es ambigua la adhesión a los principios de la democracia liberal (su sola mención hace saltar a algunos de sus voceros). El diputado Jackson se ha cuidado de no condenar nunca a la dictadura de Venezuela. Es evidente la inclinación por el asambleísmo y la llamada democracia plebiscitaria, como signo del convencimiento de que la verdad viene del pueblo. Incluso, harán un plebiscito para definir el programa presidencial: o sea, el programa será lo que la gente diga. Como sea, eso no libera a la candidata ni a los dirigentes del conglomerado de la obligación de decantar una posición inequívoca sobre el valor de las libertades. Es lo menos que se les puede pedir.

 

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