El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, informó que el Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría acordaron no apoyar ninguna medida que signifique otorgar beneficios carcelarios a los condenados por violaciones a los DD.HH. A mi juicio, a los militares y carabineros que están privados de libertad por supuestos “delitos de lesa humanidad” no solo deberían serle concedidos beneficios, sino que ellos deberían ser dejados en libertad, porque fueron condenados ilegal e injustamente.

En efecto —dejando a un lado el hecho de que la responsabilidad principal de las violaciones a los derechos humanos recae en los máximos dirigentes de la Unidad Popular que desataron una lucha fratricida y en quienes promovieron la violencia revolucionaria y llevaron a efecto una cruenta guerra subversiva—, tales personas deberían ser liberadas porque o son inocentes o están exentas de responsabilidad criminal o están libres de culpa o ella está muy disminuida.

Todos estos prisioneros fueron condenados por sentencias judiciales que contravienen leyes expresas y vigentes, y como resultado de procesos en los que no les fueron respetados sus derechos humanos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y los principios de supremacía constitucional, de legalidad y de irretroactividad de la ley penal y que, por lo tanto, adolecen de vicios de nulidad de derecho público.

Adolfo Paul Latorre, Abogado