Coexistencia de sistemas procesales penales

Resulta inconcebible en un Estado democrático y de derecho que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia, puesto que ello vulnera gravísimamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, eso es lo que ocurre actualmente en Chile, donde coexisten dos sistemas procesales penales: el antiguo, inquisitivo —que no respeta las normas del debido proceso—, que le es aplicado a una escasísima cantidad de personas; y otro nuevo, acusatorio, que es aplicado en la generalidad de los casos.

Por  Adolfo Paúl Latorre, Abogado

La pervivencia normativa del antiguo sistema de procedimiento penal se produce en virtud de la aplicación del artículo 483 del Código Procesal Penal, que establece: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”. Este precepto legal encuentra respaldo en la disposición constitucional octava transitoria, incorporada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519 de 1997.

La aplicación de uno u otro sistema según la fecha de comisión de los delitos —antes o después de la entrada en vigor de la reforma procesal penal— no tiene un fundamento válido que la justifique y es, por lo tanto, una discriminación arbitraria; tal como lo sería una norma que estableciera que a las personas con apellidos desde la A a la M se les aplicará el sistema procesal penal antiguo y a las personas con apellidos desde la N a la Z se les aplicará el nuevo.

No es razonable que habiendo transcurrido ya más de quince años desde que comenzó a implementarse la reforma procesal penal en Chile —que debió haber comenzado a regir in actum y cuyo objetivo era poner fin al antiguo sistema— se continúe aplicando a algunas personas el sistema inquisitivo, que vulnera derechos fundamentales que la Constitución asegura a todas las personas y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los derechos humanos.