Columna de Héctor Soto: Más temprano que tarde

• Desde que los eventos masivos se han vuelto en la práctica casi inviables en nuestro país, simplemente porque es un hecho que una minoría agresiva, vocinglera y muy destructiva los va a interferir, la gente común empieza a tomarle el peso a la violencia. Lo que fue mirado con abierta simpatía por amplios sectores desde octubre pasado, porque correspondía al momento -se supone- en que Chile estaba despertando, ahora ya comienza a inquietar un poco más. En lo básico, porque se trata de una violencia sin objetivos claros (no obstante que los violentistas los tienen clarísimos) y porque lo que la gente está percibiendo no es una causa mayoritaria, tampoco una reivindicación atendible, menos todavía una manera de resolver problemas del momento actual, sino solo una peligrosa e irreductible exhortación a la destrucción y el caos.

Por supuesto que hay grupos que se sienten interpretados por estos desbordes. Pero corresponden a una minoría que hasta aquí, no obstante los esfuerzos del gobierno, no todas las fuerzas políticas que adscriben a la democracia como sistema de convivencia y de organización del poder han sabido aislar y condenar con la nitidez y urgencia que las circunstancias imponen. En esto ha habido un franco doble estándar. No faltan las excusas: la generosidad de los jóvenes de la primera línea, el atendible rencor que generaron las conductas de abuso, la cuantía de las deudas pendientes del país con sectores efectivamente muy vulnerables, el exceso de entusiasmo de quienes han abrazado la causa del malestar… Razones sobran. El problema es que la violencia no necesita razones, porque lo suyo es no tenerlas. Es más: a los violentistas las razones les importan un rábano, entre otras cosas, porque la violencia es una práctica que tiene sus propias leyes y dinámicas, y que, llegado el caso, incluso puede adquirir la apariencia de una enorme efectividad. Este espejismo es el que mantiene viva la conexión de muchos grupos con las medidas de fuerza, con los saqueos, con la guerrilla urbana, con la intolerancia y con conductas reñidas con la legalidad democrática, sin calcular que esta misma lógica -como ha ocurrido tantas veces en el mundo y como sucedió también en Chile- puede terminar jugándole en contra, en términos muy trágicos.

A estas alturas habría que dar por hecho que si el país no logra parar a tiempo esta descomposición de la vida pública, la verdad es que se hace difícil concebir no solo un plebiscito exitoso y de alta convocatoria, como el que está previsto para fines de abril. También se hace difícil imaginar de qué modo Chile va a poder sortear los demás desafíos de este momento. Aunque el sistema político se ha estado abriendo en los últimos meses a una serie de iniciativas que, bien o mal, intentan reequilibrar con mayor justicia las oportunidades, los costos y las cargas dentro de la sociedad chilena, ahora el país está desafiado por un reto mayor: o contiene la violencia ahora, desarmando desde ya los focos de odio que se están incubando y que amenazan con colocar a todos contra todos, o esta historia va a terminar muy mal, con una democracia barrida y una economía en ruinas.

En un momento en que la atmósfera de temor a lo que traiga el mes de marzo se corta con cuchillo en los más distintos ambientes -políticos, académicos, ciudadanos, empresariales, mediáticos-, y habiendo transcurrido esta semana días que prendieron varias alarmas en el plano del orden público, la declaración “es tiempo de un acuerdo nacional”, suscrita por más de 200 figuras políticas de la centroizquierda, es de las pocas notas estimulantes que ofrece la política en las últimas semanas. En los considerandos de esta declaración no solo hay altura de miras, compromiso con el país y convicciones genuinas en torno a unas cuantas reformas sociales urgentes, a la paz social y a la recuperación de la economía. Entre líneas, también corre el convencimiento de que, a este paso, si la violencia se sigue saliendo de control, el país no solo malogrará una instancia para su perfeccionamiento democrático -el plebiscito-, sino que, además, pondrá en riesgo su propio sistema político. No se necesita ser ningún estratega para conceder que el desorden y la violencia es el contexto más adverso para la opción “apruebo” en el plebiscito.

Eso, desde luego, lo saben la izquierda extrema y los grupos más radicalizados. Nadie diría que el sector no tiene inteligencia para evaluarlo. La tiene y de sobra. Pero así y todo se deja seducir por el caos, por la remota posibilidad de que Piñera caiga, de que el modelo se desplome, de que la calle termine capturando, además del gobierno, la totalidad del poder. El viejo y ruinoso imaginario de la revolución.

Un gran crítico literario fallecido en Australia hace seis años, Samuel Leys, recordaba en uno de sus ensayos la visión donde Hobbes asimila su idea del infierno a la verdad que se impone o que es vista cuando ya es demasiado tarde. Esa es una manera de mirar el tema. La otra, decía él, es la de André Gide, para quien el infierno era más bien la verdad vista demasiado pronto, eso sí que rechazada una y otra vez, con obstinación y a sabiendas.

Quizás sea sano reconocer que ese es el infierno al que podríamos estar entrando.