Muchos ciudadanos incluso algunos jueces y políticos de la derecha, desconocen que el Decreto de Ley firmado por el Presidente Patricio Aylwin y sus ministros, que dio vida la Comisión Rettig, explícita que: Se entenderá como grave violación de los DD.HH., los secuestros y atentados contra la vida de las personas cometidas por particulares bajo pretextos políticos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En decir, los cometidos entre otros, por los terroristas del PS, PC, MIR, FPMR y Mapu-Lautaro, responsables de los asesinatos políticos de numerosos  civiles, militares y policías, durante el Gobierno Militar. Los que han sido reconocidos públicamente por sus autores y cómplices, como entre otros, el Diputado y Presidente del Partido Comunista. 

En síntesis este desconocido aspecto de la ley, de haberse puesto en práctica desde su publicación, muchos notables miembros de los partidos políticos que participaron intelectual o materialmente como terroristas y sus cómplices, hoy estarían en la cárcel de Punta Peuco. Pero aún hay posibilidades, ya que las penas por violaciones de los DD.HH., no prescriben. Esto si y sólo sí, no hay dos justicias como dijo el ex juez Milton Juica, una para los militares y policías que combatieron el terrorismo y otra para los terroristas de izquierda.

Dr. Jaime Manuel Ojeda Torrent

Analista Político Militar