Control constitucional

La elocuencia de lo latente

Por José Ignacio Piña R. 

El argumento de que es un despropósito anunciar la voluntad de aprobar o rechazar un texto de Constitución aún en redacción, ha parecido razonable durante un largo período. Como regla general, nadie de buena fe podría discutirlo. Sin embargo, el estado actual del proceso constituyente permite ya desafiar la vigencia de esta máxima. Y ello porque las abundantes normas aprobadas muestran una estructura latente y una clara orientación que, más allá de humanas esperanzas, dan cuenta de que la suerte está más bien echada y que su trabajo está concluido en más sentidos de los que hemos estado dispuestos a asumir. De alguna manera, es como cuando en una elección no se han escrutado todas las mesas, pero el resultado es ya indiscutible.

Y es que el espíritu del texto ya es el que es. Y los que se sientan cómodos pueden anunciar su aprobación de igual manera que pueden anunciar su rechazo aquellos que ya no están disponibles para lo que se propone, aunque hayan votado convencidos por el Apruebo y sigan convencidos de la necesidad de una nueva Constitución.

A modo de ejemplo, la discrepancia sobre el otorgamiento de un sistema de justicia paralelo a los pueblos originarios, que genera discusiones técnico-jurídicas acaloradas, tiene como antecedente subyacente una lógica ya aprobada por el pleno de “plurinacionalidad” que les otorga a esas múltiples naciones “autonomía y autogobierno”. La justicia paralela es solo un episodio de una toma de postura de mucho mayor calado y llena de consecuencias.

Por otro lado, la eliminación de un órgano como el Senado, no se explica solo por una controversia orgánico-constitucional ocupada de la calidad y oportunidad legislativa, sino por la aspiración de establecer un modelo que concentra en una única cámara política la posibilidad de legislar sin contrapesos. Los que han estado cerca de la tramitación legislativa saben —baste ver el nivel de la discusión actual sobre el quinto retiro— que de la Cámara de Diputados suelen salir adefesios legislativos relevantemente corregidos en segundo trámite. Pero además, y sería ingenuo no reparar en ello, subyace la intención de contar con una cámara que replique el funcionamiento de la actual Convención (que en algunos imago mundi se aparece como epítome de la democracia), pero sin limitación de quorum ni plebiscitos de salida que ofrezcan alguna resistencia.

Otro tanto ocurre con la propuesta de forma de Estado. No se trata de un fortalecimiento regional que ayude a superar el lastre centralista que tiene nuestro Estado unitario; se trata de una desintegración política, administrativa y financiera, en que ni siquiera se gestionan los intereses territoriales y competencias transferidas y donde cualquier visión holística e integradora, anatema sea. Como si los adjetivos solucionaran las cuestiones concretas, la declaración de que los territorios obrarán solidaria y coordinadamente es de una tierna ingenuidad. Basta un breve paseo por los consejos regionales para ver cuánta solidaridad y coordinación podría esperarse interregionalmente.

Detrás de la discusión sobre el Consejo de la Justicia (o los propuestos para dirigir el Ministerio Público y la Defensoría Penal), más que la discusión sobre la gestión disciplinaria y económica de la judicatura o dirección de otros órganos, se consagra un mecanismo de injerencia política insoslayable y alarmante, tanto en los nombramientos como en las calificaciones y eventuales remociones. Si el sistema actual necesita revisarse intensamente, el propuesto profundiza aún más este riesgo y desatiende conocida experiencia comparada que no parece necesario replicar. Y el problema no es que exista un Consejo de la Magistratura, eso podría funcionar bien, es la participación de la cámara única y de los funcionarios judiciales en el nombramiento de sus integrantes.

La lista podría seguir, pero baste terminar con las propuestas de sistema político. Porque las normas que se han ido aprobando salpicada y sufridamente no se explican solo por descoordinación o falta de diálogo. Tampoco se resumen en un concreto “presidencialismo atenuado” o “bicameralismo asimétrico” (esto último, en el estado actual de las normas ni siquiera es verdadero), lo latente es la intención de replicar un asambleísmo con escasos contrapesos, sin quorum e infiltrado en el nombramiento de autoridades. La cámara de regiones está pensada precisamente para que no pueda servir de contrapeso a la asamblea de diputados. Y especialmente si se confirma a los diputados la facultad de legislar con compromiso de recursos fiscales, las consecuencias serán evidentes.

La comisión de Armonización tampoco será, ni puede ser, una instancia de enmienda. Los que han participado de procesos codificadores saben que el trabajo de adecuación/armonización es horriblemente exigente y riesgoso, bien de alterar las voluntades iniciales o de quedarse en mera cosmética. Nada distinto puede ni debe salir de ahí. Pero de nuevo cabe una pregunta, ¿por qué en la comisión de Armonización los pueblos originarios tienen casi el 20% de la integración reservada (7/40) cuando en la Convención tienen poco más del 10% (17/155)? Pues, porque no es un problema de números, es la estructura latente y porfiada que orienta las decisiones a veces hasta la irracionalidad.

Por eso la cuestión ya no está en las normas, está en el entramado subyacente que las informa, en la lógica que hay detrás. Y esa ya está, no hay ni tiempo ni instancias para que cambie, aunque muchos fervientemente lo hubiéramos querido.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el domingo 17 de abril de 2022.

*UN PLEBISCITO IMPERFECTO*

Por Nicolás Kipreos A.

No podemos ignorar ni menos aún tolerar lo que el PC y una comparsa de seguidores intentan hacer de Chile, utilizando sin escrúpulos para alcanzar su propósito, la mentira, la calumnia, el oprobio, la difamación, la injuria, la intolerancia. Sencillamente están distorsionando todo lo que ha vivido Chile después del año 1973, mutilando declaraciones, denostando personas, distorsionando realidades, cambiando hechos, ignorando situaciones reales. Todo porque la izquierda y el PC, en primer lugar, tienen la oportunidad de vengarse -ni perdón ni olvido- y, en segundo lugar, tienen la oportunidad histórica de crear la sociedad chilena a su pinta.

Muchos como Mauricio Rojas, Max Colodro y Fernando Ampuero han denunciado y advertido desde años ya del peligro totalitario de la ideología marxista, porque la conocieron por dentro, cuando militaron en el MIR o el Partido Comunista, y por eso los han denostado y perseguido. A dos de ellos los lincharon en la plaza pública.

Ahora quieren linchar a la mayoría de los chilenos con una Constitución hecha a la medida de algunos, y para ello usarán todo lo que esté a su alcance. Una propaganda financiada con los impuestos que nosotros pagamos, buscará distorsionar todo para exigirnos la visión de una minoría que hoy se ha “tomado” el país. Seremos víctima del más grande fraude comunicacional de los últimos tiempos destinado a destruir nuestra integridad territorial, nuestra institucionalidad, nuestros valores y principios patrios, nuestras FFAA y Carabineros, todo para imponer su ideología, robar y asegurar nuestros ahorros y bienes, perpetuarse en el poder.

Lo más probable que el plebiscito se transforme en una confrontación entre el “pueblo” y la “élite”, que se presentará como una minoría conservadora a favor de la vigencia de la actual Constitución, la que ha permitido “robar”, “hacer uso fraudulento del poder”, “tener más de una casa”, “explotar a los desamparados”. El resultado del próximo plebiscito sería en tal caso el triunfo del Apruebo, con independencia de la calidad de la propuesta constitucional. Si el electorado debe elegir entre la continuidad de la Constitución que nos rige –así será mostrada la opción del Rechazo, no importando sus fundamentos– y la nueva que propondrá la Convención Constitucional, una Carta Magna pródiga en derechos sociales, en oportunidades, en salud y educación gratuita, en pensiones dignas, el resultado a favor de ella es del todo previsible, no importando para nada cómo lo lograrán.

El problema descrito tiene su origen en el artículo 142 de la Constitución que estipula que “si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. En otras palabras, las opciones en juego serán dos: aprobar la nueva Constitución o mantener la carta magna que nos rige, la misma que fue ampliamente derrotada en el plebiscito de entrada. Esto es lo que permitirá identificar al Rechazo como una mera defensa del statu quo y de la Constitución vigente, ya políticamente deslegitimada, descalificando por esa vía lo que podría ser un genuino desacuerdo con una propuesta refundacional y nefasta para Chile, que sería por lo demás una opción inobjetable en el ejercicio democrático al que los chilenos seremos convocados en el plebiscito de salida. Una regla imperfecta que en la práctica asegura desde ya uno de los dos resultados posibles.

Otra opinión informada