Críticas al rol del Instituto de Derechos Humanos

La sesgada forma de ejercer su misión institucional ha terminado dividiendo a la sociedad en un tema tan sensible como la defensa de los derechos humanos.

Por Editorial Diario La Tercera

TRAS LOS saqueos y vandalismo registrados en Valparaíso con ocasión de la reciente cuenta pública presidencial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido objeto de duros cuestionamientos luego de que su directora afirmara que “el hecho de ponerse una capucha no significa 100% que uno va a cometer un delito (…) Muchos se cubren el rostro para protegerse de los gases lacrimógenos, por lo que hay que tener mucho cuidado con las medidas penales”. Si bien la funcionaria criticó los desmanes, sus dichos resultan completamente equívocos y dan cuenta de que el INDH defiende una concepción ideológica de los derechos humanos que, lejos de unir a la sociedad en esta defensa, la ha terminado dividiendo, lo que resulta incongruente.

El INDH es un ente público creado en 2010 -compuesto por 11 consejeros, en cuya designación participan la Presidencia de la República, el Congreso, universidades del Cruch y organizaciones de DD.HH.-, y a pesar del tiempo transcurrido ha sido incapaz de consolidarse como una institución referencial. Ello es fruto de la marcada concepción ideológica que ha terminado prevaleciendo al interior del Instituto -contradiciendo su mandato legal, que le obliga a ser “independiente y plural”-, y que inevitablemente afecta sus actuaciones. Así, su quehacer lo ha orientado principalmente a denunciar actuaciones abusivas de “agentes del Estado”, lo que constituye una desfiguración de su mandato expreso, que apunta a cautelar la “plena vigencia” de los derechos humanos.

Es lamentable entonces que bajo la visión del INDH encapucharse para ejercer el derecho a manifestación no sea objeto de reparos, porque precisamente esa es la forma en la que suele ejercerse el vandalismo. Recientemente diversas voces expertas han planteado que la actual legislación es insuficiente para controlar y sancionar a los encapuchados. Para el Instituto, sin embargo, no aparece como un tema de relevancia, y tampoco parece ser objeto de mayor preocupación quienes sufren la destrucción de su propiedad o se ven violentados por estas turbas, lo que no se condice con su misión.

Su sesgada forma de entender la defensa de los derechos humanos lo ha hecho entrar en reiteradas colisiones con Carabineros, constituyéndose en una interferencia en la labor que desarrolla el Estado en materia de seguridad pública. En el informe de DD.HH. para estudiantes, que dio a conocer el año pasado, acusó a Carabineros de “reprimir la protesta social” mediante detenciones, lo que provocó fuerte molestia en la institución policial, al punto que en su momento amenazó con acciones judiciales. Recientemente el mando de Carabineros reconoció que el personal policial se siente “inhibido”, en parte por la acción de algunos organismos del Estado, y aunque no identificó a ninguna institución, es probable que implícitamente aludiera al INDH.

Próximamente corresponderá nombrar un nuevo director en el Instituto, y cabría esperar que sea allí la instancia para que se promueva una discusión sobre el rol que debe jugar esta entidad. Si bien siempre existe el riesgo de que un ámbito tan genérico como los derechos humanos no pueda abarcarse integralmente, por la vastedad de su alcance, no cabe duda de que el Estado debe empeñarse en su defensa y considerarlo como una prioridad. De allí que una misión tan delicada no debería ser ejecutada bajo un prisma sesgado que divida a la sociedad.