Cuando la pasividad se disfraza de prudencia

Es alarmante la superficialidad con la que se lanza una advertencia tan amplia. Un Presidente no improvisa en temas de esta magnitud; sus palabras implican reflexión, asesoría y validación política.

Boric

Señor Director:

Lamento profundamente las declaraciones del Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, del sábado 3 de enero de 2026, en las que afirmó que la intervención de Estados Unidos en Venezuela marcaría un “precedente peligroso”, sugiriendo que “mañana podría ser otro país”. Estas afirmaciones carecen de fundamento histórico, legal e incluso estratégico. Como ciudadano orgulloso de nuestra herencia republicana, me preocupa que tales planteamientos revelen una fragilidad conceptual inapropiada para un líder nacional.

Estados Unidos no actúa por capricho ni de manera arbitraria. Sus intervenciones, ya sea de forma unilateral o en coalición, han sido dirigidas contra regímenes criminales que han cerrado toda vía de corrección interna, transformando el poder en un instrumento de terror y representando amenazas palpables para la seguridad regional e internacional. Casos como el de la Alemania nazi, Japón imperial, el régimen de Noriega en Panamá, Afganistán bajo el Talibán e Irak, así como la contención de Irán, responden a patrones bien definidos. Mientras no se presenten esas condiciones, no hay razón para temer una intervención, excepto para aquellos que gobiernan a través del crimen organizado, el terrorismo y la violencia sistemática.

Es alarmante la superficialidad con la que se lanza una advertencia tan amplia. Un Presidente no improvisa en temas de esta magnitud; sus palabras implican reflexión, asesoría y validación política. Surge así la pregunta: ¿qué ha sucedido con el Ministerio del Interior y la Cancillería? ¿Cómo es posible que un discurso de tal envergadura se elabore y pronuncie sin reconocer su debilidad conceptual y sus implicancias internacionales? Este no es solo un error personal; es una falta del aparato asesor del Estado.

Desde un enfoque ético, es lamentable que el Presidente haya elegido exponer su posición de manera innecesaria. La tradición clásica ve en la prudencia una virtud del gobernante: saber cuándo y cómo hablar, y sobre todo, prever las consecuencias de sus palabras. No todas las advertencias son responsables si carecen de fundamento. En política internacional, las palabras trascienden opiniones; son señales que deben ser cuidadas con esmero.

Además, hay una dimensión que muchos analistas están omitiendo: miles, si no millones, de jóvenes en Estados Unidos han caído en el abuso de sustancias como consecuencia directa del narcotráfico operado desde Venezuela. A esos problemas se suman asesinatos y atrocidades cometidas por organizaciones criminales en suelo estadounidense. ¿Acaso esas víctimas no cuentan al hablar de derecho internacional de manera selectiva?

Frente a esta realidad, es razonable cuestionar por qué Estados Unidos no tendría derecho a proteger a su población. Las embarcaciones cargadas de drogas no se hundieron por casualidad; estaban destinadas a las costas de Estados Unidos, alimentando un negocio criminal que ha devastado vidas y comunidades. Exigir una postura pasiva ante esta situación no es una defensa del derecho internacional, sino una negación moral.

La misma cadena de efectos ya empieza a notarse en Chile. Sin embargo, aquí parece reinar la amnesia: se discute el consumo y la seguridad, pero se evita la pregunta crucial: ¿de dónde proviene la droga? Chile no la produce. Esta llega desde redes transnacionales que operan desde Estados capturados por el crimen. Ignorar esta realidad y reducir el problema a factores internos es una manera de evadir la amenaza en su verdadera dimensión.

Asimismo, es importante recordar el precedente de décadas de tolerancia y omisión hacia regímenes que han funcionado como plataformas de narcotráfico y crimen organizado. Este enfoque ha minado el orden internacional. Por ello, no solo es legítimo, sino esencial que al menos un país esté dispuesto a enfrentar estas amenazas como tal, en lugar de aceptarlas o relativizarlas.

La discusión, por lo tanto, no gira en torno a legalidad versus arbitrariedad, ni soberanía versus fuerza. Se trata de una comprensión integral del derecho internacional, cuyo propósito es proteger a las personas, preservar la seguridad colectiva y evitar que la violencia organizada se establezca como forma de poder. Chile merece declaraciones más fundamentadas y asesoradas, especialmente en temas que afectan su proyección internacional y la seriedad de su liderazgo.

Cabe recordar que estas afirmaciones contrastan con la celebración de miles de venezolanos hoy, en todo el mundo y especialmente en Chile.

Atentamente,
Christian Slater E.

Publicado por TheTimes.cl