Defendiendo Principios

Axel Buchheister Abogado

El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su informe anual, donde critica al Gobierno y al Congreso por incumplir en materia de reparación a las víctimas de los derechos humanos de la dictadura. En realidad hace algo más que eso: pontifica sobre todo. Claro, es poseedor de la verdad en materia de derechos humanos y estos abarcan todo, con lo que la competencia del instituto no tiene límites. Así por ejemplo, reclama que no se ha definido qué es educación de calidad, lo que muchos políticos de oposición y expertos han reclamado, pero ahora está claro que esa omisión es una violación a los derechos humanos.

Conviene recordar, que dicho instituto goza de una autonomía que es inconstitucional. Todos los servicios del Estado quedan sujetos al poder del Presidente de la República y sus autoridades pueden ser removidas por él. Únicamente los órganos del Estado a los que la Constitución confiere autonomía o independencia no quedan sujetos a su mando, y conforman el preciado sistema de equilibrios y contrapesos que establece la Carta Fundamental, la que no menciona al famoso instituto. ¿Cómo es posible que un organismo creado por una simple ley sea autónomo, y se atribuya la potestad de formular exigencias al Presidente de la República o al Congreso, que son electos por el pueblo? La respuesta es simple: porque los parlamentarios de centroderecha no se atrevieron a oponerse.

La democracia, que es el poder del pueblo y a la que es inherente un sistema de división de poderes, incluyendo tribunales independientes, una Contraloría y un investigador penal autónomos, conforme la Constitución, es la mejor manera de garantizar la vigencia de los derechos humanos y de perseguir su infracción; y ella no requiere de ningún “instituto” que la tutele. Porque, salvaguardados los derechos básicos, tenemos libertad de debatir y decidir sin verdades reveladas por quienes pontifican qué es lo correcto, dirimiendo con la trampita que fijan qué es un derecho humano, pues al final el que tutela es cada ciudadano con su voto.

Resulta curioso que los mismos que se indignan cada vez que el Tribunal Constitucional falla en contra de su opinión, reclamando que se está transformando en “tercera cámara”, no digan nada sobre este instituto “unicameral”, que proclama la verdad sin contrapeso y que tiene una generación corporativa de autoridades, y cuyas prácticas no se condicen con la democracia: la prensa consignó hace un tiempo que en el consejo del instituto la mayoría trató de impedir que en acta se dejara constancia de los votos disidentes, para no afectar la vigencia de los derechos humanos, por cierto. La generación corporativa de sus autoridades está diseñada para que la izquierda lo domine: ¿sabe usted de algún pronunciamiento que huela remotamente a una idea de derecha? Pregunte la opinión de las víctimas de la violencia en La Araucanía.

Y que se ahorren la carta al director retrucando que los derechos humanos no tienen color político, ya que la gente es (no pierdo la fe) más inteligente que eso.