Por  CARPÓFORO

Abortada la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados en contra de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, surge una serie de interrogantes acerca de la real motivación que impulsó a sus gestores y de la responsabilidad que cabe a cada uno de ellos, atendida la gravedad que este acto conlleva.

Escuchados los argumentos y observada la actitud desafiante de los acusadores, queda en evidencia que lo que aquí se trató fue realmente de hacer una demostración de poder sobre los jueces, advirtiéndoles que no se aceptarán fallos que vulneren la estrategia de venganza aplicada por los derrotados del 73. Junto a ello, la acusación refuerza el rechazo frontal de la izquierda política a la posibilidad de que el rol de víctimas, jugosamente explotado por dicho sector, pueda llegar a ser suplantado por quienes han sufrido los efectos de dicha venganza durante los últimos años: los militares que a la fecha de los acontecimientos ostentaban grados de baja jerarquía, obligados a cumplir las órdenes de sus superiores.

Entre otras acepciones, el “poder” puede ser definido como la capacidad de controlar, imponer y dominar a otros, influyendo para que su conducta coincida con el propósito o interés propio. Para ejercerlo, el poder encuentra diversas formas de expresión, entre las que podemos citar la amenaza física y verbal o la inducción. Así, podemos ver que ꟷdespojada de las pomposas menciones a los derechos humanos y al supuesto abandono de deberes de los juecesꟷ la intención efectiva de los legisladores de izquierda fue la simple imposición de su “poder” por sobre el que pertenece por derecho a la judicatura, de manera que, en el futuro, ésta no ose vulnerar sus intereses colectivos, aquellos que ꟷpor ahoraꟷ representan para su sector el único medio para evitar la disgregación terminal, generada por su fracaso electoral.

Se suma a la izquierda tradicional en este esfuerzo por imponer sus condiciones, una nueva corriente política que ꟷcon escasas excepcionesꟷ aparece tan irresponsable como ignorante, avalado esto por la calidad de sus representantes más conspicuos, tales como: el de las antenitas espaciales, la farandulera de las plumas rosadas o la escaladora de edificios de departamentos. Esta última, hoy seguramente dispuesta a proponer la celebración del “día del joven delincuente”, en honor a sus compañeras “arañitas”. Este nobel sector de la política chilena, caracteriza claramente el estado alcanzado por ella, no solo por su baja calidad cívica, sino que también por la desidia de quienes los eligieron como sus representantes.

Pero este intento de un grupo de parlamentarios por imponer sus condiciones sobre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, violando gravemente sus atribuciones constitucionales, podría quedar una vez más en la impunidad más absoluta. Ello, salvo que ꟷa partir de las preclaras y corajudas declaraciones del Ministro Künsemüllerꟷ los máximos responsables de la conducción del Poder Judicial en Chile asuman con valor la obligación de restituir el orden amenazado. Según lo señala explícitamente el inciso quinto del artículo 60 de la Constitución Política del Estado: “cesará en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medio distintos a los que establece esta Constitución”.

Pese a que se trató de aparentar que se trataba de un “grave abandono de deberes”, no hay duda de que los diputados acusadores se extralimitaron en sus atribuciones y violaron su deberes constitucionales, yendo al fondo de un fallo para corregir un criterio exclusivamente jurídico y fuera de su ámbito de acción. De ello podemos deducir entonces que basta el hecho de haber intentado el cambio del orden jurídico institucional por un medio impropio, para que se configure una violación a la Constitución, lo que los obliga a responder por sus actos ante la Justicia y el país. No cabe aquí declaración alguna de que se trató de buenas intenciones o nobles propósitos, toda vez que es su deber cumplir con el juramento o promesa prestada al asumir el cargo, estando por ello vedado para ellos el esgrimir desconocimiento de las normas constitucionales, siendo su obligación conocerlas y respetarlas en plenitud. La importancia de su cargo no cede espacio a la ignorancia y a la falta de cultura cívica, aunque ꟷen esta legislatura en particularꟷ éstas se hayan colado por la puerta ancha.

De acuerdo a ello y considerando que el propósito del grupo de diputados que promovió la acusación constitucional fue reconocido impúdicamente como la corrección de un fallo judicial, es decir, la imposición de su “poder” por sobre el Judicial ꟷprecisamente lo que prohíbe la Carta Magnaꟷ ¿no es dable esperar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia deba iniciar las acciones para hacer efectivas las responsabilidades de quienes firmaron el libelo acusatorio? ¿O se atreverá a hacerlo algún parlamentario o bancada del sector oficialista?

Conforme a lo visto en el mundo político desde hace años, parece imposible esperar que una iniciativa reparadora del daño causado a la judicatura vaya a provenir de la derecha política. Ésta, acostumbrada a los arreglines con quienes tratan de destruirla a cada paso, no parece tener el coraje como para desafiarlos pidiendo un pronunciamiento al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de lo obrado por los acusadores. No basta para ellos recordar la vil traición a aquel ex – presidente de la UDI que otorgó el salvavidas al mandatario involucrado hasta el cuello en el caso de los sobresueldos. Tampoco les infunde el suficiente valor, la poco ética traición del ex – mirista ꟷhoy “honorable diputado”ꟷ que violó el pacto de caballeros de su pareo, votando para validar la acusación. Nada parece ser suficiente para sacar a los liderazgos políticos de la derecha de su espacio de confort y de la búsqueda de acuerdos en que siempre salen ganando los que no debieran, continuando así en un camino de humillación y subordinación a la violencia amenazante de una izquierda fundamentalista.

Por el bien de la institucionalidad del Estado de Chile y la no repetición de la irresponsable actuación (¿muestra de ignorancia cívica consuetudinaria?) de un sector del parlamento, es indispensable una reacción equivalente a la acusación, dentro de los márgenes constitucionales para reponer o reubicar a cada cual en el rol que la Constitución Política les ha designado. Por otra parte, ¡quiera Dios que no sean éstos parlamentarios quienes deban legislar para una nueva Carta Fundamental, como lo prometían los felizmente derrotados candidatos a la Presidencia de la República! Imaginemos por un instante lo que nos esperaría si este grupo ideologizado y desprovisto de toda formación cívica se encargara de redactar la Ley Matriz de todas las leyes. Talvez, terminaríamos con librito tan ridículo como el de Chávez, esgrimido en cada discurso pero jamás respetado por alguien.

Chile necesita restablecer el ordenamiento institucional, hoy puesto en grave riesgo por un grupo de osados aventureros, sedientos de poder y de la gloria efímera de su añejo sector. La división de poderes debe ser reforzada y las responsabilidades por haberla amenazado debidamente exigidas. No podemos seguir por un camino de búsqueda de la división “per se” y de impunidad por actos políticos que dañan a todos, exponiéndonos a situaciones vividas en forma reiterada a lo largo de nuestra historia, como lo señalara el ex – ministro Jaime Campos Quiroga, en su carta al director de El Mercurio del 7 de septiembre recién pasado.

Ya va siendo hora de generar las señales correctivas necesarias para devolver la normalidad institucional y prevenir nuevas salidas de madre de quienes tienen un rol fundamental para su mantención. Si se prefiere hacer vista gorda y dejar pasar esta gravísima actuación de un grupo de parlamentarios, se estará dando gas a la llama que ꟷalimentada por malos políticosꟷ puede terminar quemando esta frágil democracia…ahora sí, sin chivos expiatorios a quien echar la culpa de sus errores.

16 de Septiembre de 2018