Un justo equilibrio humanitario

El debate presidencial reabrió con fuerza la discusión sobre el trato que reciben en Punta Peuco los reos de edad avanzada y con graves enfermedades, reactivando viejas fracturas políticas e históricas que siguen marcando a la sociedad chilena. En medio de un clima de creciente polarización, la controversia revela tensiones no resueltas respecto del rol de las Fuerzas Armadas en 1973, la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legitimidad del Poder Judicial y el trato que el Estado debe otorgar a una población penal envejecida, poniendo en el centro la necesidad —urgente e ineludible— de un equilibrio jurídico que permita evitar nuevos ciclos de confrontación.

15 de noviembre de 2025

Imagen: El País

La actual contienda presidencial y el debate que se ha abierto sobre los DDHH de aquellos provectos enfermos que cumplen condena en el Penal de Punta por hechos acaecidos hace más de medio siglo, amerita hacer algunas reflexiones atingentes al delicado momento político-social que vivimos.

¿Cuántos años son necesarios que transcurran para reconciliar al país y que se produzca el tan ansiado reencuentro que Chile necesita en esta materia? ¿Hasta qué punto se continuará citando a los organismos internacionales de DDHH como argumento para mantener la herida abierta en nuestra sociedad? ¿Hasta cuando Chile se comportará como una “colonia” de la institucionalidad internacional de los DDHH en desmedro de su propia regulación interna y socavando la credibilidad de los ciudadanos en el Poder Judicial?

Diversos actores políticos, respaldados por partidos de extrema izquierda, haciendo caso omiso a la historia, han querido reconstruirla de acuerdo a sus intereses partidarios, manteniendo la división entre chilenos buenos y malos, entre personas dignas de derechos y enemigos privados de ellos, entre presos merecedores de la gracia del Estado y aquellos que no, etc.

El actual Gobierno -incluso morigerado por los resultados electorales del 4S 2022 y 17D 2023- no trepida en desvirtuar la realidad y -a la luz de la teoría marcusiana y los valores marxistas- pretende hacernos creer que la intervención armada del año 1973 fue un «Golpe» y no un «Pronunciamiento». En otras palabras, una intervención militar contraria al orden constitucional (ya quebrantado), injustificada y opuesta a la supuesta «democracia» que se vivía.

Ellos saben que el lenguaje construye realidad, y si asumen que fue un «Pronunciamiento», deberán también aceptar que el Gobierno de Salvador Allende fue un Gobierno inconstitucional, un desastre en lo político, económico y social, y que fue la población civil mayoritaria la que salió a las calles a exigir la salida (por la fuerza) de Allende.

Pero aceptar que ese mismo «pueblo» quería derrocar al supuesto «Gobierno del pueblo», es algo que la extrema izquierda e incluso el ahora “progresismo” y “socialismo democrático”, no están dispuestos a reconocer, menos hoy, que saben que ese mismo «pueblo» les ha propinado las derrotas electorales más grandes de su historia -a la que muy probablemente se sumará la del próximo 16N 2025 y 14D 2025- echando abajo el proyecto refundacional de la izquierda (por lo menos durante un buen tiempo).

Haciendo un poco de historia, la verdad irredargüible es que la sociedad chilena de la incipiente época setentera se encontraba extremadamente polarizada, y los dos grupos sociales organizados dominantes, la UP, por un lado, y los partidos políticos y gremios de derecha, por el otro, no tenían posibilidad alguna de alcanzar un consenso en cuanto a la catástrofe política que vivía el país en ese momento y que tenía a Chile al borde de una guerra civil.

Antaño, sólo había un grupo organizado existente, las Fuerzas Armadas, que, a punta de maíz y pañuelos blancos izados por nuestras valientes mujeres chilenas, se vieron en la necesidad de intervenir y salvar a Chile de una masacre entre connacionales. Nuestro Ejército -que lógicamente no son políticos, sino soldados- dio pie para que llegara el “momento de los fusiles», porque la hora del diálogo -se sabía- había terminado; así lo reconocieron incluso los máximos personeros de la Democracia Cristiana, como los ex Presidentes Patricio Aylwin A. y Eduardo Frei M. Por lo demás, el discurso del senador socialista Carlos Altamirano el día 9 de septiembre de 1973, dejó claro que los tiempos de paz habían finalizado.

Y porque, así como el sacrificio de Cristo fue necesario para la remisión de los pecados y la reconciliación con Dios, no se puede pretender que no exista «daño colateral» en tal contexto de crisis político-social, donde peligraba nuestra patria, y donde había una guerra interna y personas -no militares- dispuestas a asesinar a ciudadanos chilenos por la vía terrorista. Si es mejor que murieran tres mil personas a que fallecieran uno o dos millones de chilenos a raíz de una guerra civil, siempre será una cuestión debatible y, en la comodidad de un aula de clases, de un suntuoso despacho de algún “honorable” político de turno, en la tranquilidad de un hogar, de un trabajo o de una reunión social y, por supuesto, en democracia, el debate permanecerá abierto. Finalmente, después de la guerra, ¡todos somos generales!

Hoy, revivir ese escenario del 73, lamentablemente no parece tan descabellado, porque la “polarización política” se siente en las calles, y de algo estamos seguros: el PC no estará dispuesto a someterse al imperio de la ley de mano de un Gobierno de derecha, menos aún, cuando durante cuatro años han ordenado dormir a sus huestes, que ansiosas, esperan salir nuevamente, y recrear el infierno de octubre de 2019.

La historia -dijo Tucídides- es un constante volver a empezar. Esta ciclicidad histórica ha sido aprovechada siempre por el marxismo, disfrazado de “lucha política”. En los setenta, en el «contexto de la Guerra Fría», la amenaza comunista era real, y la vía armada, violenta y sangrienta que caracterizaba el actuar del MIR y luego, del FPMR, no eran fantasías en la cabeza de los militares, sino una realidad que sufría la sociedad chilena en carne propia. Los 760 uniformados asesinados, 40 de ellos en las primeras 24 horas del once, son “datos” que desgraciadamente, no han destruido el “relato” de la extrema izquierda. ¿acaso ellos no tenían también DDHH? ¿No son mártires, con viudas, familias mutiladas, huérfanos etc.? Esos militares fueron víctimas del terrorismo y se inmolaron por la defensa y seguridad de su patria y, a diferencia del terrorismo de izquierda, no estaban contaminados por ideologías políticas foráneas. ¡Lo hicieron porque son soldados que aman a su patria!

En relación a las violaciones de DDHH, efectivamente estas ocurrieron, ya que detrás de las instituciones existen personas y éstas, por definición, se equivocan. Pero también se apresaron personas inocentes, o militares que convencidos que su actuar estaba ajustado al Derecho de entonces, simplemente cumplieron con su deber.

Sin embargo, culpar a las FFAA de estos excesos, es un despropósito. No hay que olvidar que la mayoría de los individuos que murieron o desaparecieron por intervención de las FF.AA. y de Orden y, de sus Servicios de Seguridad, estaban siendo protagonistas de una lucha armada que ellos mismos originaron. ¿Debieron desaparecer? No. ¿Fallecieron inocentes? Sí, pero no como resultado de una acción directa en contra de ellos -derivada de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil-, sino a raíz del «daño colateral», -aceptado en ese entonces- y cuestionado ahora en pleno Siglo XXI por la doctrina y jurisprudencia internacional entorno a los DDHH, pero curiosamente, no criticado con la misma fuerza respecto de atentados terroristas atribuibles a movimientos de extrema izquierda que -para el logro de sus espurios objetivos- no discriminaron entre personas inocentes y no. Para todos ellos, la amnistía y el indulto fue justificado a todo evento.

¿Cuánto se recuerda y discute, por ejemplo, respecto del alevoso atentado al general Carol Urzúa y sus dos escoltas, el año 1983, o los cinco escoltas fallecidos en el atentado del General Augusto Pinochet el año 1986 o el asesinato del senador Jaime Guzmán el año 1991?

¿Acaso los carabineros, el general y el senador fallecidos, no eran personas inocentes?, ¿Qué pasó con los culpables de estos actos ilícitos? ¡Impunidad!

Ahora la sombra de la “Guerra Fría” se nos aparece nuevamente, pero como una amenaza nuclear global, que salpica también a Chile, pero sin muestras evidentes de sus efectos (por ahora). En cambio, la sociedad chilena actual está asustada, ansiosa y cansada de la delincuencia, el narcotráfico y la inseguridad. La Economía también ha hecho lo suyo, y los efectos del peor Gobierno de la historia democrática de Chile se ve en nuestras calles, en el diario vivir de millones de ciudadanos inocentes que lo sufren. Este caldo de cultivo cocinado durante estos últimos cuatro años está preparado para ser servido y “degustado” durante la próxima Administración. ¿Qué se hará entonces?

Hoy, aún existe resistencia en entender el contexto que se vivía el 73 y aceptar sus inevitables consecuencias, y la espada de Damocles que pendía sobre la sociedad chilena de esa época, y que llevó de manera inevitable a la intervención armada, hoy aparece nuevamente, pero con la inseguridad -ahora- de que su blandir pueda ser neutralizado, sino a costa de la vida de un gran número de víctimas inocentes, y probablemente, con la pasividad de las FFAA, quienes han aprendido las consecuencias jurídico-políticas de ser “carne de cañón”, y de cómo -de manera indigna- se apagan las vidas de cientos de militares presos, que bajo el código del honor militar, enfrentaron al enemigo y salvaron nuestra patria.

Es por eso que, llegado el momento de la defensa del Estado de Derecho, sin un apoyo político “serio” y “creíble” por parte del Poder y que no sea manifestación de sólo una burda propaganda eleccionaria, será imposible reestablecer el imperio del Derecho vigente y hacer valer la paz social de una forma más o menos permanente.

Y porque las acciones salvadoras de antes, merecen ser valoradas y, lo más importante, recordadas, es momento para poner un poco de equilibrio ante los excesos de parte de la justicia chilena contra militares que valerosamente se enfrentaron contra el terrorismo criminal del MIR y FPMR, e hicieron uso legal de la fuerza de las armas.

Muchos militares que en ejercicio legítimo de la fuerza contra esos criminales de ultra izquierda, fueron largamente perseguidos por medio de procesos judiciales indefinidos o reabriendo otros con total desprecio del principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica; fueron además juzgados al alero de un sistema inquisitivo y secreto, incompatible con garantías procesales mínimas, obsoleto; así como fueron injustamente sentenciados a penas draconianas que aseguraban su muerte en la cárcel o lisa y llanamente, condenados pese a que no estaban en condiciones etarias ni de salud para afrontar una cárcel efectiva, y aun cuando, por razones de prevención especial, merecían terminar sus días en su casa.

Las recientes decisiones ejecutivas respecto de la cárcel de Punta Peuco, la forma como se han materializado estas medidas y los daños físicos y morales que ha provocado en la población penal, dan cuenta de que lejos de existir el ánimo de alcanzar verdadera justicia, sigue primando la venganza del Poder sobre un grupo vulnerable de nuestro país.

No se trata de “blindar” a condenados por causas de DDHH y favorecer la impunidad. De lo que se trata es de inclinar la balanza de Temis y lograr un “justo equilibrio” al momento de ejercer la jurisdicción, especialmente, cuando se debe decidir sobre una forma de cumplimiento alternativo a la privación de libertad efectiva para reos provectos y enfermos, porque sólo de esa forma, podemos enviar un poderoso mensaje a nuestra institucionalidad político-castrense, que nos permita afrontar los riesgos socio-políticos actuales, evitando una guerra fratricida, y lo más importante, confiando siempre en que si las cosas se ponen “color de hormiga”, no estamos solos, echados a nuestra suerte.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penal-Penitenciario

Publicado por Diario Constitucional

𝑳𝑨 𝑪𝑼𝑨𝑹𝑻𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑬𝑵𝑨

Escribe: René Norambuena Veliz. General (R)

Con dolor recibo la cuarta condena para mis camaradas privados de libertad en Punta Peuco.

La primera es la condena definitiva de la Corte, la segunda es la privación absoluta de derechos, la tercera es el cierre de Cordillera y traslado a PP. y la cuarta es la transformación en cárcel común de ese recinto, mezclando delincuentes comunes con ancianos militares.

Lo lamento por mis camaradas de Ejercito, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, PDI y empleados civiles. Lo lamento por esos abnegados padres, hijos, esposas, hermanos y nietos. Conozco gente que lleva treinta años o más, he visto ancianos sin mirada, sin rumbo, sin una luz que lo ilumine. Semana a semana he visto a abnegadas esposas o hijas y algunas nobles organizaciones de retirados, con bultos, con comida, ropas, esos familiares y grupos, van con una predisposición digna de comentar, de admirar o de aplaudir en silencio.
Para mucha gente civil, para muchos políticos, esto debe ser una gran noticia.

Para los que hicimos nuestra vida en la carrera de las armas esto es una pésima noticia, más aún que conocemos a muchos de ellos.

Me podrán decir algunos políticos que esto es un acto simbólico del gobierno y de la izquierda, ya que estaba en el programa de gobierno y que como quedan dos semanas para una elección y cinco meses para el termino de este gobierno esto a lo mejor se podría revertir. Me digan lo que me digan, creo acá hay que haber vestido uniforme para opinar de ellos, para mi es un nuevo castigo para las mismas personas, para mi es no conocer el gran estado de ancianidad de muchos, las enfermedades terminales que tienen, el estado mental de otros.

Esta noticia es dolorosa, es fuerte, es de una impotencia terrible.

El pensar en ellos, muertos en vida, ancianos, enfermos y sin terminar sus días en su hogar, mezclados con delincuentes comunes, con visitas mezcladas con familiares de delincuentes, solos, abandonados por la sociedad y con apoyos solo de sus familiares y de organizaciones de retirados y de algunos civiles, es de los peores dolores que siento.

En Argentina:

                                                                  ¡CANALLAS!

por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 1020)

“En los regímenes totalitarios, la cárcel es la trinchera de los hombres libres”.

 Jorge Mones Ruiz

Al finalizar la II° Guerra Mundial que costó la destrucción de Europa y parte de Rusia y la muerte de 85 millones de personas, se juzgó en Nuremberg a 22 jerarcas nazis; luego, en otros procesos, a 177 más; es decir que, por esos hechos, sólo fueron juzgados 199 dirigentes alemanes y, en 1995, 50 años después, ya ninguno estaba en la cárcel. En la Argentina, que padeció una guerra – lo reconoció en el Tribunal que juzgó a las juntas – provocada por organizaciones terroristas instruidas y financiadas por Cuba, Checoeslovaquia y Rusia, y en la que perdieron la vida menos de 9000 guerrilleros, los vencedores fueron arrastrados ante la in-Justicia por Néstor Kirchner; éste, para obtener la indulgencia de la izquierda para la masiva corrupción que encabezaría, pactó con Horacio Perro Verbitsky, de Montoneros, la demonización de las fuerzas armadas.

Las cifras, publicadas por la Unión de Promociones, permite evaluar la diferencia entre ambos escenarios y la magnitud que alcanzó aquí esa artera maniobra: 2.824 personas fueron sometidas a proceso y, actualmente, descontando las 957 muertos ya registrados (793 sin sentencia firme), quedan 1050 condenados y 813 que aún no tienen veredicto definitivo; además, muchos de ellos eran, o son, héroes de Malvinas.

En 1986 y 1987, el Congreso sancionó las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, y todo fue declarado válido por la Corte Suprema. Pero el infame Tuerto necesitaba torcer y falsear la historia para complacer a los subversivos; hizo que el H° Aguantadero declarara nulas esas leyes. Esas mismas ratas que fungían de legisladores, cuando algunos magistrados aplicaron a esos presos políticos la ley del “2×1” (por cada dos días de prisión preventiva se descuenta uno de la pena), “re-interpretaron” su propio texto para excluir de ese beneficio sólo a éstos. Luego, sacó a escobazos a los miembros de la Corte que se negaban a convalidar tamaño dislate y, entre los nuevos miembros, ingresó Ricardo Lorenzetti; el Mono (su nombre de guerra) no tuvo empacho en declarar que todos los procesos de “lesa humanidad” eran “una política de Estado consensuada entre sus tres poderes”; y como eso no fuera suficiente, manifestó que “los jueces habían obedecido al clamor de la sociedad”.

Para producir esos juicios, Kirchner recurrió a varios cómplices: a cobardes asesinos togados, a fiscales militantes (designados por los mismos terroristas), a falsos testigos – generosamente “indemnizados” – que recurrían a “una memoria construida colectivamente”, y a organismos (tuertos y corruptos) de derechos humanos. Todos “olvidaron” que rigen, garantizados por la Constitución, los principios de juez natural, de igualdad ante la ley, de legalidad, de presunción de inocencia, de cosa juzgada, de “non bis in idem”, de prescripción y de ley anterior al hecho del proceso. Para utilizar “lesa humanidad”, recurrieron al Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y que, expresamente, prohíbe su aplicación retroactiva.

Según la ley, las prisiones preventivas no pueden exceder de los dos años, eventualmente prorrogable por un año por razones debidamente fundadas en el peligro de fuga o el riesgo para las pruebas. Pero ningún límite rige para los presos políticos, aunque su senectud hace imposible que escapen y, menos aún, que puedan alterar las “pruebas” de hechos cometidos hace 50 años. Los verdugos las mantienen, en 450 casos, excediendo ese máximo (en 203 de ellos supera los 11 años y, en 30, los 16), convirtiéndolas en cumplimiento anticipado de las penas y que, por afectar a gerontes (el promedio de edad es de 81 años, aunque hay quienes llegan a los 100) son sentencias de muerte, que se cumplen en cárceles que carecen de la más mínima posibilidad de atender a sus naturales dolencias.

El kirchnerismo contó con el silencio de una sociedad tan hipócrita que lleva más de 20 años mirando para otro lado, transformando en chivos expiatorios a esos mismos militares a los cuales rogó, aterrada ante el desmadre de asesinatos, atentados, secuestros extorsivos, robos de bancos y armas  y hasta violento copamiento de instalaciones castrenses, que tomaran el poder para evitar que las organizaciones terroristas, que prometían fusilar un millón de argentinos, nos convirtieran en lo que hoy son Cuba y Venezuela. Aunque se perciben sutiles cambios en la actitud del Poder Judicial, tales como la causa “Castillo”, donde la Corte exigió a los tribunales inferiores que fundamentaran la extensión de la prisiones preventivas, no ha habido nunca, ni siquiera durante las gestiones de Mauricio Macri y de Javier Milei, señales de cambio al respecto.

La indignación se exacerba hoy viendo al Tribunal que abrió el juicio en la causa “Cuadernos” pero admite que las audiencias se realicen por Zoom, cuando tantos presos políticos fueron obligados a comparecer aunque fuera con evidentes signos de demencia; se llevó a una audiencia a Luis Patti, parapléjico, en camilla. O cuando se  revocan prisiones domiciliarias por hechos nimios, pero se permite a Cristina Fernández, con condena firme, bailar en el balcón de su casa, abusar de las redes sociales y adoctrinar a sus seguidores. O cuando se concede a ex funcionarios y empresarios que cumplan sus penas en sus privilegiadas residencias, adquiridas con frutos de la misma corrupción que se les imputa; y cuando se los habilita, invocando causales tan absurdas como el stress, a atenderse en instituciones privadas.

El sábado 29 de noviembre, a las 1600 horas, quienes sentimos vergüenza por haber tolerado esto y reclamamos la inmediata libertad de los presos políticos que aún se pudren en las mazmorras de este país sin Justicia, diremos ¡PRESENTE! en la Plaza de Mayo.

Bs.As., 15 Nov 25