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Escribe: Carla Fernández Montero
Abogada Derecho Penal-Penitenciario

La actual contienda presidencial y el debate que se ha abierto sobre los DDHH de aquellos provectos enfermos que cumplen condena en el Penal de Punta por hechos acaecidos hace más de medio siglo, amerita hacer algunas reflexiones atingentes al delicado momento político social que vivimos.

¿Cuántos años son necesarios que transcurran para reconciliar al país y que se produzca el tan ansiado reencuentro que Chile necesita en esta materia? ¿Hasta qué punto se continuará citando a los organismos internacionales de DDHH como argumento para mantener la herida abierta en nuestra sociedad? ¿Hasta cuando Chile se comportará como una “colonia” de la institucionalidad internacional de los DDHH en desmedro de su propia regulación interna y socavando la credibilidad de los ciudadanos en el Poder Judicial?

Diversos actores políticos, respaldados por partidos de extrema izquierda, haciendo caso omiso a la historia, han querido reconstruirla de acuerdo a sus intereses partidarios, manteniendo la división entre chilenos buenos y malos, entre personas dignas de derechos y enemigos privados de ellos, entre presos merecedores de la gracia del Estado y aquellos que no, etc.

El actual Gobierno -incluso morigerado por los resultados electorales del 4S 2022 y 17D 2023- no trepida en desvirtuar la realidad y -a la luz de la teoría marcusiana y los valores marxistas- pretende hacernos creer que la intervención armada del año 1973 fue un “Golpe” y no un “Pronunciamiento”. En otras palabras, una intervención militar contraria al orden constitucional (ya quebrantado), injustificada y opuesta a la supuesta “democracia” que se vivía.

Ellos saben que el lenguaje construye realidad, y si asumen que fue un “Pronunciamiento”, deberán también aceptar que el Gobierno de Salvador Allende fue un Gobierno inconstitucional, un desastre en lo político, económico y social, y que fue la población civil mayoritaria la que salió a las calles a exigir la salida (por la fuerza) de Allende.

Pero aceptar que ese mismo “pueblo” quería derrocar al supuesto “Gobierno del pueblo”, es algo que la extrema izquierda e incluso el ahora “progresismo” y “socialismo democrático”, no están dispuestos a reconocer, menos hoy, que saben que ese mismo “pueblo” les ha propinado las derrotas electorales más grandes de su historia -a la que muy probablemente se sumará la del próximo 16N 2025 y 14D 2025- echando abajo el proyecto refundacional de la izquierda (por lo menos durante un buen tiempo).

Haciendo un poco de historia, la verdad irredargüible es que la sociedad chilena de la incipiente época setentera se encontraba extremadamente polarizada, y los dos grupos sociales organizados dominantes, la UP, por un lado, y los partidos políticos y gremios de derecha, por el otro, no tenían posibilidad alguna de alcanzar un consenso en cuanto a la catástrofe política que vivía el país en ese momento y que tenía a Chile al borde de una guerra civil.

Antaño, sólo había un grupo organizado existente, las Fuerzas Armadas, que, a punta de maíz y pañuelos blancos izados por nuestras valientes mujeres chilenas, se vieron en la necesidad de intervenir y salvar a Chile de una masacre entre connacionales. Nuestro Ejército -que lógicamente no son políticos, sino soldados- dio pie para que llegara el “momento de los fusiles”, porque la hora del diálogo -se sabía- había terminado; así lo reconocieron incluso los máximos personeros de la Democracia Cristiana, como los ex Presidentes Patricio Aylwin A. y Eduardo Frei M. Por lo demás, el discurso del senador socialista Carlos Altamirano el día 9 de septiembre de 1973, dejó claro que los tiempos de paz habían finalizado.

Y porque, así como el sacrificio de Cristo fue necesario para la remisión de los pecados y la reconciliación con Dios, no se puede pretender que no exista “daño colateral” en tal contexto de crisis político-social, donde peligraba nuestra patria, y donde había una guerra interna y personas – no militares- dispuestas a asesinar a ciudadanos chilenos por la vía terrorista. Si es mejor que murieran tres mil personas a que fallecieran uno o dos millones de chilenos a raíz de una guerra civil, siempre será una cuestión debatible y, en la comodidad de un aula de clases, de un suntuoso despacho de algún “honorable” político de turno, en la tranquilidad de un hogar, de un trabajo o de una reunión social y, por supuesto, en democracia, el debate permanecerá abierto. Finalmente, después de la guerra, ¡todos somos generales!

Hoy, revivir ese escenario del 73, lamentablemente no parece tan descabellado, porque la “polarización política” se siente en las calles, y de algo estamos seguros: el PC no estará dispuesto a someterse al imperio de la ley de mano de un Gobierno de derecha, menos aún, cuando durante cuatro años han ordenado dormir a sus huestes, que ansiosas, esperan salir nuevamente, y recrear el infierno de octubre de 2019.

La historia -dijo Tucídides- es un constante volver a empezar. Esta ciclicidad histórica ha sido aprovechada siempre por el marxismo, disfrazado de “lucha política”. En los setenta, en el “contexto de la Guerra Fría”, la amenaza comunista era real, y la vía armada, violenta y sangrienta que caracterizaba el actuar del MIR y luego, del FPMR, no eran fantasías en la cabeza de los militares, sino una realidad que sufría la sociedad chilena en carne propia. Los 760 uniformados asesinados, 40 de ellos en las primeras 24 horas del once, son “datos” que desgraciadamente, no han destruido el “relato” de la extrema izquierda. ¿acaso ellos no tenían también DDHH? ¿No son mártires, con viudas, familias mutiladas, huérfanos etc.? Esos militares fueron víctimas del terrorismo y se inmolaron por la defensa y seguridad de su patria y, a diferencia del terrorismo de izquierda, no estaban contaminados por ideologías políticas foráneas. ¡Lo hicieron porque son soldados que aman a su patria!

En relación a las violaciones de DDHH, efectivamente estas ocurrieron, ya que detrás de las instituciones existen personas y éstas, por definición, se equivocan. Pero también se apresaron personas inocentes, o militares que convencidos que su actuar estaba ajustado al Derecho de entonces, simplemente cumplieron con su deber.

Sin embargo, culpar a las FFAA de estos excesos, es un despropósito. No hay que olvidar que la mayoría de los individuos que murieron o desaparecieron por intervención de las FF.AA. y de Orden y, de sus Servicios de Seguridad, estaban siendo protagonistas de una lucha armada que ellos mismos originaron.

¿Debieron desaparecer? No. ¿Fallecieron inocentes? Sí, pero no como resultado de una acción directa en contra de ellos -derivada de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil-, sino a raíz del “daño colateral”, – aceptado en ese entonces- y cuestionado ahora en pleno Siglo XXI por la doctrina y jurisprudencia internacional entorno a los DDHH, pero curiosamente, no criticado con la misma fuerza respecto de atentados terroristas atribuibles a movimientos de extrema izquierda que -para el logro de sus espurios objetivos- no discriminaron entre personas inocentes y no. Para todos ellos, la amnistía y el indulto fue justificado a todo evento.

¿Cuánto se recuerda y discute, por ejemplo, respecto del alevoso atentado al general Carol Urzúa y sus dos escoltas, el año 1983, o los cinco escoltas fallecidos en el atentado del General Augusto Pinochet el año 1986 o el asesinato del senador Jaime Guzmán el año 1991?

¿Acaso los carabineros, el general y el senador fallecidos, no eran personas inocentes?, ¿Qué pasó con los culpables de estos actos ilícitos? ¡Impunidad!

Ahora la sombra de la “Guerra Fría” se nos aparece nuevamente, pero como una amenaza nuclear global, que salpica también a Chile, pero sin muestras evidentes de sus efectos (por ahora). En cambio, la sociedad chilena actual está asustada, ansiosa y cansada de la delincuencia, el narcotráfico y la inseguridad. La Economía también ha hecho lo suyo, y los efectos del peor Gobierno de la historia democrática de Chile se ve nuestras calles, en el diario vivir de millones de ciudadanos inocentes que lo sufren. Este caldo de cultivo
cocinado durante estos últimos cuatro años está preparado para ser servido y “degustado” durante la próxima Administración. ¿Qué se hará entonces?

Hoy, aún existe resistencia en entender el contexto que se vivía el 73 y aceptar sus inevitables consecuencias, y la espada de Damocles que pendía sobre la sociedad chilena de esa época, y que llevó de manera inevitable a la intervención armada, hoy aparece nuevamente, pero con la inseguridad -ahora- de que su blandir pueda ser neutralizado, sino a costa de la vida de un gran número de víctimas inocentes, y probablemente, con la pasividad de las FFAA, quienes han aprendido las consecuencias jurídico-políticas de ser “carne de cañón”, y de cómo -de manera indigna- se apagan las vidas de cientos de militares presos, que bajo el código del honor militar, enfrentaron al enemigo y salvaron nuestra patria.

Es por eso que, llegado el momento de la defensa del Estado de Derecho, sin un apoyo político “serio” y “creíble” por parte del Poder y que no sea manifestación de sólo una burda propaganda eleccionaria, será imposible reestablecer el imperio del Derecho vigente y hacer valer la paz social de una forma más o menos permanente.

Y porque las acciones salvadoras de antes, merecen ser valoradas y, lo más importante, recordadas, es momento para poner un poco de equilibrio ante los excesos de parte de la justicia chilena contra militares que valerosamente se enfrentaron contra el terrorismo criminal del MIR y FPMR, e hicieron uso legal de la fuerza de las armas.

Muchos militares que en ejercicio legítimo de la fuerza contra esos criminales de ultra izquierda, fueron largamente perseguidos por medio de procesos judiciales indefinidos o reabriendo otros con total desprecio del principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica; fueron además juzgados al alero de un sistema inquisitivo y secreto, incompatible con garantías procesales mínimas, obsoleto; así como fueron injustamente sentenciados a penas draconianas que aseguraban su muerte en la cárcel o lisa y llanamente, condenados pese a que no estaban en condiciones etarias ni de salud para afrontar una cárcel efectiva, y aun cuando, por razones de prevención especial, merecían terminar sus días en su casa.

Las recientes decisiones ejecutivas respecto de la cárcel de Punta Peuco, la forma como se han materializado estas medidas y los daños físicos y morales que ha provocado en la población penal, dan cuenta de que lejos de existir el ánimo de alcanzar verdadera justicia, sigue primando la venganza del Poder sobre un grupo vulnerable de nuestro país.

No se trata de “blindar” a condenados por causas de DDHH y favorecer la impunidad. De lo que se trata es de inclinar la balanza de Temis y lograr un “justo equilibrio” al momento de ejercer la jurisdicción, especialmente, cuando se debe decidir sobre una forma de cumplimiento alternativo a la privación de libertad efectiva para reos provectos y enfermos, porque sólo de esa forma, podemos enviar un poderoso mensaje a nuestra institucionalidad político-castrense, que nos permita afrontar los riesgos socio-políticos actuales, evitando una guerra fratricida, y lo más importante, confiando siempre en que si las cosas se ponen “color de hormiga”, no estamos solos, echados a nuestra suerte.