Responsabilidad del Estado con imputados y condenados en Prisión.

Por Roberto Hernández Maturana

Hace unos días, el 24 de noviembre, en el diario El Mercurio de Santiago, Dn Claudio Martínez Cerda, ex director de Gendarmería de Chile, señaló que el traslado de Manuel Monsalve desde la cárcel de Rancagua a Capitán Yáber – recinto penal donde se confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos – se efectuó para resguardar la seguridad del imputado, siendo esas afirma, las mismas razones que llevaron en su momento, al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a decidir la construcción del Penal de Punta Peuco, resguardar la seguridad del General Manuel Contreras Sepulveda, constituyendo manifesta Martínez respecto al cuidado de condenados e imputados, “obligacion superior del Estado, garantizar su seguridad al interior del sistema penitenciario, lo que en ningún caso debe entenderse como privilegio”.
Me pregunto si efectivamente el Estado estará garantizando la seguridad de cientos de ancianos, ex uniformados que hoy languidecen y mueren en prisión, hacinados en Punta Peuco y especialmente en el Pabellón “Asistir” de Colina 1, que hoy más que triplica la capacidad para la que fue construido, siendo ellos víctimas de una persecución implacable, y ante la indiferencia de la sociedad en su conjunto.
El 18 de noviembre pasado, biobiochile.cl > noticias, publicó una “Radiografía al preso en Chile: las estadísticas oficiales de los privados de libertad de Gendarmería”. En ella se indica que “las edades que menos se repiten son las más cercanas a la vejez, como por ejemplo: 90-94 años (14 personas), 85-89 (38 personas), 80-84 años (99 personas), y 75-79 (209 personas).”
Cabe hacer presente que casi el 100% de estas cifras se encuentran entre los presos que permanecen en los penales ya mencionados, la mayoría enfermos, muchos terminales, siendo asistidos por sus propios camaradas de infortunio, ante la poca capacidad de Gendarmería para atender sus necesidades, algo para que, por lo demás, dicha institución no está diseñada.
Cabe preguntarse entonces si en este caso el Estado esta garantizando la seguridad de los ex uniformados presos.

 

Multigremial FACIR trabajando para que termine la persecución política y jurídica en contra de soldados y policías – Ley de Punto Final
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