Derechos Humanos
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Derechos Humanos
20/02/2025
Justicia y vejez digna.
15 de febrero de 2025
El gobierno ha declarado constantemente que su principal preocupación son los derechos humanos de todos los ciudadanos. En esta línea, el Presidente Gabriel Boric ha destacado la protección de los mismos como uno de los objetivos principales de su administración. Así en una de sus cuentas públicas mencionó que su respeto irrestricto a tales derechos es una política de Estado que debe ser aplicada sin importar el color político del gobierno, haciendo hincapié en la importancia de incluir a los adultos mayores, mencionando la necesidad de promover políticas inclusivas y de protección para garantizar una vejez digna.
En el país, hay aproximadamente 400 adultos mayores que cumplen condenas en diferentes centros penitenciarios por hechos ocurridos hace más de 50 años cuyas sentencias se dictaron en un procedimiento inquisitivo, derogado por anacrónico e injusto. Estos adultos con una edad promedio cercana a los 80 años, padecen enfermedades crónicas, terminales, problemas neurológicos, psicológicos, y limitaciones de movilidad. El hacinamiento en que se encuentran supera el 100% de capacidad de los centros penitenciarios: Colina 1, Punta Peuco, y San Joaquín (para mujeres).
La preocupación manifestada por S.E., debería considerar la situación descrita, especialmente dado el actual déficit de recintos carcelarios, promoviendo el cumplimiento de las penas de tales individuos bajo la forma de arresto domiciliario, libertad vigilada o condicional, como ocurre en otros países. Esto liberaría alrededor de cientos de cupos que podrían ser utilizados por quienes hoy constituyen un real peligro para la sociedad, los delincuentes comunes, dando una solución inmediata a la falta de espacios carcelarios, junto con promover la unión y la reconciliación nacional, demostrando que la verdadera justicia no es venganza. Aristóteles nos recuerda que: “Separado de la ley y la justicia, el hombre se convierte en el peor de los animales”.
Luciano Cruz Muñoz
Abogado
La Primera Medida de Johannes
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La primera medida que le vamos a pedir a Johannes, una vez que haya triunfado sobre las dos candidatas de izquierda que le van a competir más cercanamente, Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, va a ser poner en libertad a los más de 500 presos políticos militares sobrevivientes, cuyo derecho humano a un debido proceso ha sido tan desconocido hasta hoy.
En seguida la acción de los abogados de gobierno (que ciertamente ya no van a ser la legión de izquierdistas contratados en 2010 por el gobierno de Piñera y su subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, hoy alto dirigente de la campaña de Matthei, que en 2010 iniciaron cerca de mil querellas prevaricatorias) ahora se dirigirá contra los jueces que hayan incurrido en la conducta de fallar contra ley expresa y vigente, penada por el código con tres años y un día de presidio menor en su grado medio.
Pieza probatoria fundamental del delito en que han incurrido durante más de diez años (porque antes (1) los jueces rojos eran minoritarios y (2) rojos y no rojos por igual temían a Pinochet, comandante en jefe hasta 1998 y que había advertido que “tocar a uno solo de mis hombres” implicaba terminar con el estado de derecho) será el video de El Informante de TVN de 2015, en que un magistrado, Alejandro Solís, confesó haber basado sus fallos en una “ficción jurídica”, el “secuestro permanente”. Esa fue la confesión de un delito, pues todo juzgador penal debe probar la existencia del hecho punible, para derrotar la presunción de inocencia que desde los más antiguos anales de la juridicidad favorece a toda persona.
Esto lo denuncié en este blog ya el 17 de marzo de 2015 en los siguientes términos:
“A fines del año pasado envié un artículo a la revista oficial del Colegio de Abogados, al cual pertenezco desde hace 54 años. Su director me llamó y me explicó que en el número de fin de año llevaba un artículo de Luis Bates, abogado integrante de la Corte Suprema y redactor del fallo que el mío criticaba. Acordamos entonces que el mismo aparecería en la edición de marzo de la revista. Ahora me ha vuelto a llamar y me ha dicho que, por acuerdo del consejo editorial, mi artículo no se puede publicar. Entonces lo presento en este blog, por estimar que es digno de ser leído y que su rechazo pone de manifiesto el concepto que el Colegio de Abogados tiene de la libertad de expresión, de la ética profesional y del respeto a la legalidad.
PERPLEJIDADES DE UN ABOGADO “DE ANTES”
Hermógenes Pérez de Arce
Hace cinco años el Colegio de Abogados nos homenajeó, a otros colegas y a mí, por cumplir 50 años desde que nos titulamos. Mucho ha cambiado en más de medio siglo, pero sólo recientemente tomé conciencia de cuánto. Lo corroboré tras encontrarme con un alto oficial de la Armada, retirado, quien me dijo que debía entrar a cumplir cinco años y un día de presidio mayor por no saberse el destino de una persona detenida en el cuartel Ancla 2 de Talcahuano en 1974, recinto en que él ya ni siquiera prestaba servicios para la fecha de la detención, pues se había trasladado a Valparaíso, cosa que lamentablemente los tribunales se habían negado a tener por acreditada en el juicio. Yo sabía de casos de condenas a uniformados “por haber estado ahí”, pero ninguna como ésta, por “no haber estado ahí”.
Entonces leí la sentencia de la Corte Suprema, rol 288-12, que resultó, casualmente, haber sido redactada por un compañero de curso mío en leyes, actual abogado integrante. Apenas comencé la lectura comprobé que si bien ambos habíamos estudiado lo mismo, habíamos aprendido cosas muy diferentes.
Pues leí con perplejidad lo siguiente: “Lo que el tribunal no ha podido determinar… es… si la víctima murió o bien recuperó su libertad… De allí que no puede hacer otra cosa que entender que subsiste el estado antijurídico creado con la detención del ofendido…”
Yo aprendí en Derecho Procesal Penal que el “hecho punible” (que en ese tiempo se llamaba también “cuerpo del delito”) es el fundamento del juicio criminal y que su comprobación es el primer objeto del sumario. Luego, no basta con “entender” que un sujeto está secuestrado, por el hecho de no saber qué le sucedió, sino que ello debe “probarse”. Y si no se prueba, el acusado debe ser presumido inocente de mantenerlo secuestrado hasta la actualidad. La presunción de inocencia era el concepto básico del derecho penal que nos enseñaron. Si uno no aprendía eso, no pasaba el curso de ninguna manera. Ahora supongo que sí.
Pero no fue la única perplejidad que el fallo me suscitó, pues mi compañero de curso y redactor del mismo alude en él a los oficiales investigados usando para eso la expresión “los delincuentes“, en lugar de “los oficiales” o “los marinos”, como habría parecido natural y más imparcial y apropiado. Porque el oficio de ellos no era delinquir, sino prestar servicios a la Armada.
Y todavía una tercera perplejidad derivó de que el fallo condenó a los oficiales, que evidentemente eran servidores públicos y actuaban como tales, “por el delito de secuestro”, según dice. Pero este delito se encuentra tipificado en el párrafo 3° del título III del Código Penal, que describe y pena los “crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”. El oficial de marina no era un particular, sino un funcionario público, y estaba actuando como tal. Aplicarle a él una disposición que sólo atañe a particulares contraviene otra norma básica que nos enseñaron hace más de 55 años: “no se puede aplicar el derecho penal por analogía”. Sobre todo si el numeral que sigue, en el mismo título III, trata “de los agravios inferidos por funcionarios públicos”, que fue exactamente el caso. Este párrafo sanciona a quien “ilegal o arbitrariamente… detuviere a otro”. Ése fue el delito supuestamente cometido.
Claro, la penalidad de la detención ilegal es mucho menor que la del secuestro. Y, además, como la detención ocurre en un recinto público, es muy fácil comprobar que actualmente ya no hay nadie detenido ahí desde 1974, como lo “entiende”, respecto del “secuestro”, la sentencia.
Tanto que hasta mi propio compañero de curso y redactor del fallo no pudo desentenderse de esa realidad y de que no podía ni debía estar condenando por “secuestro”, pues líneas más abajo reconoce que “subsiste el estado antijurídico creado con la detención del ofendido…”
Otras perplejidades más todavía me esperaban: me las provocaron las sentencias de primera y segunda instancia en el mismo proceso, que condenaron a los cinco oficiales a 541 días de presidio remitido. Pues esa pena corresponde precisamente al delito de detención ilegal y no al de secuestro por el cual fueron finalmente condenados. En el caso de este último la pena, supuesto que la privación de libertad hubiere subsistido desde 1974 hasta la fecha del fallo, debía haber sido, como mínimo, de diez años y un día. Y, de hecho, el ministro Milton Juica, en voto de minoría, estuvo por condenar precisamente a diez años y un día. Dentro de su particular juridicidad, fue consecuente.
En fin, me pregunté, “¿para qué aprendí derecho, si basta la mera voluntad de una mayoría de jueces para dejarlo sin aplicación?”, tras terminar de leer la sentencia que tiene preso al oficial retirado de la Armada. Está condenado por un delito que no pudo cometer, pues no era un “particular”, y a una pena que no corresponde a dicho delito, supuestamente perpetrado en un recinto público, del cual (aunque no pudo probarlo) ya se había ausentado; mismo delito que, según la “verdad judicial”, él sigue cometiendo hasta hoy, aunque mal pueda hacerlo en una celda de dos por tres metros que comparte en Punta Peuco con otro ex oficial naval.
¿Se justifican o no tantas perplejidades de un abogado “de antes”? Me pregunto qué dirán al respecto los abogados “de ahora”.
Eso sucedía entre 2012 y 2015. Cuando asuma Johannes, en marzo del año próximo “se hará justicia”. Irán catorce años. Pero, todos sabemos, “la justicia tarda, pero llega”.
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