Libertad para nuestros uniformados
Dejemos que los historiadores continúen debatiendo acerca de lo que sucedió en nuestro país hace ya más de 50 años. Hoy, concentrémonos en el futuro. ¡Libertad para nuestros uniformados!
por Gonzalo Ibáñez11 marzo, 2025
Hoy se cumplen 35 años desde que asumió el primer gobierno civil -de Patricio Aylwin- posterior al gobierno militar del período 1973-1990. Culminó así el largo procedimiento de recuperación de Chile, que lo sacó del abismo en el cual se encontraba en el primero de esos años para encumbrarlo y ponerlo a la cabeza de nuestro continente, a la llegada del segundo de esos años.
Recordemos que en 1970 Chile padecía una marcada decadencia producto de la decisión del régimen marxista de entonces de hacer de Chile una segunda Cuba al servicio del imperialismo soviético. Para eso, había proclamado la legitimidad del uso de la violencia, la practicaba y organizaba a toda velocidad un ejército paralelo que pudiera, llegado el momento, enfrentar a las Fuerzas Armadas y de Orden propias de nuestro país. Era la amenaza de una guerra civil, de la masacre de la población civil de la época.
La voluntad original de nuestros uniformados era, sin embargo, la de mantenerse al margen del conflicto político, pero ante el riesgo de que Chile sucumbiera, en un acto de legítima defensa nacional, procedieron a destituir al presidente de la época y a asumir el poder político. La primera tarea fue la de salir a buscar las fuerzas subversivas para enfrentarlas y derrotarlas, asegurando la paz ciudadana. Y para ese fin, no tuvieron otro medio que hacer uso de sus propias armas.
La prudencia con que, en general, ellos operaron evitó enfrentamientos que hubieran causado un elevado número de víctimas. Sin embargo, las hubo, tanto a un lado como al otro. Es cierto que hubo varios casos de uso abusivo de la fuerza por parte de nuestros uniformados que merecen esclarecerse y ser debidamente juzgados. Es a lo que se dedicaron los gobiernos civiles a partir de 1990, pero de una forma que quiebra el orden de justicia que debe emplearse para llevar adelante aquellos juicios.
De hecho, se dejó de lado toda referencia a la situación del país antes del 11 de septiembre de 1973, como si ella hubiera sido de toda normalidad y, por esa vía, se abrió paso a la versión según la cual el pronunciamiento de ese día no tuvo más causa que la ambición de nuestros uniformados.
La consecuencia jurídica fue que a ellos se les comenzó a perseguir no sólo por abusos que hubieran cometido al emplear sus armas sino por el simple hecho de haber participado en el pronunciamiento de 1973. Fue así como comenzaron a ser juzgados en un alto número. Muchos de ellos, muy jóvenes en la época de los hechos, y subordinados a sus mandos, no hacían entonces sino cumplir con órdenes superiores. Contra toda legalidad, las presunciones comenzaron a constituir la prueba principal de sus delitos. En definitiva, son varios cientos los que, sobre esas bases tan poco jurídicas, han sido condenados y permanecen en la cárcel desde hace ya mucho tiempo. Muchos han muerto, sin que haya habido ninguna muestra de compasión para ellos.
Ha llegado, sin duda, el momento en que, como país, revisemos esta situación. Desde luego, ha transcurrido mucho tiempo desde los hechos para que podamos hacer una justicia verdadera caso a caso. Por otra parte, es urgente recuperar como telón de fondo de todos los juicios las razones que obligaron a nuestros uniformados a pronunciarse en 1973. Ellos se vieron obligados a emplear sus armas, y cuando se llama a las armas a dirimir un conflicto, su uso siempre causa estragos. Por eso, de los estragos que en esa oportunidad se produjeron, los primeros responsables fueron los que hicieron necesario el llamado a esas armas. No puede ser que aquellos que proclamaron la legitimidad del uso de la violencia, después se hayan erigido en los más implacables jueces de nuestros militares. El gran crimen de lesa humanidad con el cual se enfrentó el país fue el intento de hacer de Chile una colonia marxista. La historia ha mostrado sin dejar lugar a ninguna duda el horror que para la humanidad significó el experimento marxista intentado en casi la mitad del planeta.
Para enfrentar el futuro que tenemos por delante es menester cerrar capítulos de nuestra historia de manera de asegurar la paz social y que las convulsiones que los caracterizaron no vuelvan a repetirse. Para estos efectos, nuestra cultura jurídica pone a nuestra disposición el instrumento necesario, esto es, la amnistía en virtud de la cual ciertos hechos dejan ya de ser investigados y eventualmente penados. Dejemos que los historiadores continúen debatiendo acerca de lo que sucedió en nuestro país hace ya más de 50 años. Hoy, concentrémonos en el futuro. ¡Libertad para nuestros uniformados!
1 comentario
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Maria Teresadice:
¡Libertad para nuestros uniformados! ….lamentablemente a nadie le importa como han sido condenados , el dolor que vivimos la familias ,la impotencia diaria de no poder hacer nada para liberarlos de tantas injusticias.
Ya es hora de una reconciliación nacional con los uniformados , que cumplan sus condenas en su domicilio ,con sus familia .
10 marzo 2025
Boletín N° 27
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Extractos de publicaciones en medios de prensa.
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6 MARZO 2025
DESACATO DESCARADO DE
GEN DARMERIA
En fallo reciente, la Corte Suprema, Previene:: Que, el 25/09/2024 dictó sentencia sobre el recurso de protección deducido por la abogada Carla Fernández en favor de los internos del Pabellón Asistir
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Los El 27 /09/24 en la carta que la comprometida abogada en derecho penitenciario, tituló “Supremazo Carcelario”, destacaba que el fallo de la Tercera Sala de la Excma. C.Suprema, que confirma el fallo de la C. Apelaciones de Santiago de 22/11/23, que acogió la acción de protección de los presos del Pabellón Asistir del penal Colina I interpuesta en junio de 2023.
Lamentablemente, lo que se mostraba como un “hito del derecho penitenciario chileno”, que ordena homologar el Pabellón Asistir, con los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del medio libre (ELEAM), terminó develando una realidad conocida del Ministerio de Justicia y DDHH, como es el irrespeto a los fallos de nuestro máximo Tribunal, dejando a los amparados en la más absoluta indefensión .
Ahora bien, según relata la editorial de este Diario del 05/03/25, la C. Suprema, confirma otro fallo de la C. Apelaciones de Santiago, que acogió la acción de protección impetrada por el Secretario del máximo Tribunal en favor de los mismos reos, haciendo expresa alusión a la sentencia desacatada del año pasado.
En lo esencial – dispuso que:“…Gendarmería deberá implementar instalaciones con dotación equiparable a la de un hospital penitenciario, que atienda los requerimientos de los internos del Pabellón Asistir…”.
Cabe hacer presente que Gendarmería, desde el 25/09/24, se encuentra en flagrante desacato.
Sólo un estudio de la semántica del artículo 240 del CP Civil que tipifica este delito permite concluir sin rodeos que la expresión “…el que quebrante lo ordenado cumplir…” denota una situación existente al presente y que se pretenda exista o mantenga en el futuro. Sin embargo, el “débil” sistema de apremios existente para que el ente gubernamental cumpla con los fallos de nuestros tribunales, no resulta suficiente para considerar al delito de desacato en carácter de subsidiario, especialmente, en materia de mejora de las condiciones carcelarias de los presos.
No debe olvidarse que nuestro máximo Tribunal ha reconocido jurídicamente -en dos oportunidades- un estado de cosas previamente existente, y Gendarmería, después del fallo de 25/09/24, y a una semana del último pronunciamiento, ha realizado hechos positivos, materiales, que alteran la situación fáctica reconocida jurídicamente, es decir, ha “quebrantado lo ordenado cumplir”, siendo estas conductas típicas, entre las cuales encontramos -solo a modo de ejemplo- las siguientes: frente a la necesidad de personal de salud, decide contratar una enfermera y no a un médico; restringe las encomiendas y suministros durante las visitas, iguala hacia abajo con el resto de la población penal del recinto, cuya edad promedio y problemas de salud son la mitad a la del Pabellón Asistir; los traslados de las urgencias médicas de los ancianos privados de libertad, la mayoría de las veces se realiza en carros institucionales y no en ambulancias, el hacinamiento del Pabellón Asistir se ha exacerbado los últimos meses, con el evidente empeoramiento de las condiciones carcelarias; etc.
Así entonces, y aun cuando la ley no ha podido precisar más la conducta punible, la naturaleza y contenido de las dos resoluciones judiciales de nuestra Excma. Corte Suprema nos permite determinar claramente la concreción del injusto, y apuntar a Gendarmería -a través de su representante- como sujeto activo del delito de desacato.
En resumen, no estamos frente a un “incumplimiento”, sino de un “quebrantamiento”, y ello merece ser sancionado penalmente, porque el bien jurídico que está en juego es la correcta administración de justicia y la fiabilidad y observancia de las resoluciones judiciales.
En efecto, es la alteración fáctica de ese estado jurídicamente reconocido y ordenado mantener incólume lo que constituye la antijuricidad material o la lesión al bien jurídico que se pretende proteger con esta figura penal. De aceptar una tesis contraria, es decir la del mero incumplimiento, y no de un “quebrantamiento”, no solo se estaría bajando el perfil de un actuar espurio e ilegal de Gendarmería, sino que se estaría permitiendo que los efectos de las resoluciones judiciales, quede a disposición de quien debe observarlos, lo cual repugna a la razón y el Derecho.
En vista de las circunstancias, en el parecer de esta abogada, lo que de aquí en adelante haga Gendarmería, marcará el curso de una historia judicial-penitenciaria cuyo desenlace, espero, sea precisamente aquel que nuestro máximo Tribunal sabiamente ha trazado, de lo contrario, el irrespeto a las decisiones de nuestra suprema judicatura, sólo conllevará más incerteza e inseguridad jurídica -con el evidente deterioro institucional subyacente- y por cierto, acarreará la desazón y sufrimiento de una población penal vieja y enferma que ha sido maltratada durante años por el Estado de Chile.
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