Militarización II

Recientemente políticos, académicos y excomandantes en jefe de las FF.AA., han manifestado sus aprensiones respecto a la citación del presidente de la República al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional).

Recordemos que a raíz del llamado Estallido Social, el actuar de las FF.AA. y Policías, fue valorado por la ciudadanía siendo fundamentales para mantener el orden y poner a resguardo la democracia. Pasada la emergencia y sin el sentido de urgencia que envolvía dicha situación, hemos podido ver que oficiales, suboficiales e incluso soldados del servicio militar, en la actualidad, han sido sentenciados a largas condenas por proteger bienes públicos y privados.

Asimismo, durante el mes de septiembre de 2023 se conoció la sentencia dictada por un Juez de la Corte de Apelaciones de Temuco en la causa denominada “Polvorín”, en que condenó a gran parte de los oficiales, suboficiales y soldados del Regimiento Tucapel a presidio perpetuo por hechos ocurridos hace 50 años, argumentando – a falta de una imputación concreta – que el solo hecho de haber estado destinados en el regimiento, independiente de que haya o no participado en los hechos que investiga, los hace responsables, llegando al extremo de asimilar una unidad militar operativa con un campo de exterminio nazi.

El despliegue de las fuerzas armadas para seguridad interior puede ser popular, el problema es que con el pasar del tiempo, cuando ya no exista ese sentimiento, el análisis será completamente distinto. Cuidemos a nuestras FF.AA. y Policías, dotándolas de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, considerando la institucionalidad que regula su actuar. No se trata de propiciar la impunidad ante hechos dolosos, muy por el contrario, se trata de cautelar por una justicia real ante las eventualidades que puedan surgir cuando se emplean medios militares en tareas más propias de lo policial.

 CESAR FERNANDEZ BORGEAUD

La Ley Humanitaria:

 https://youtu.be/a5Uqi4Iyoao?si=G0eNp26o9x28SMBy

¿Discriminación?

Señor director,
Sobre la condena al general (R) Juan Emilio Cheyre en calidad de “cómplice”, a 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada, me llama profundamente la atención que otras personas con igual calidad de cómplice y en la misma causa, como lo son Víctor Alegría, Jaime Ojeda y Emilio de la Mahotiere, deban cumplir 10 años y un día de presidio efectivo, sin beneficio alguno.
¿Cómo entendemos esta diferencia que hizo la Corte Suprema entre las condenas del excomandante en jefe del Ejército y el resto de los subalternos? Algunos pensarán que el primero tuvo una mejor defensa, otros, mal pensados, pueden creer que hubo influencias políticas.
Y es que cada vez escucho de más exoficiales sin mando, de clases y soldados que hoy están siendo procesados y condenados a altas penas, por casos de derechos humanos de hace 50 años.
Por ejemplo, el ex conscripto Luis Toledo deberá purgar 15 años y un día de presidio efectivo por haber integrado el pelotón de fusilamiento de dos personas en un regimiento del sur, ordenado por una autoridad militar de la época ya fallecida y que no estuvo ningún día en la cárcel pues se le aplicó la prescripción.
Es importante destacar que en la década del 70’ y posteriores, el SMO y la mayor parte del contingente era analfabeta, de escasos recursos y sin estudios, por lo que muchos jóvenes se presentaban voluntariamente como una forma de mejorar su calidad de vida. Otros, sencillamente, eran reclutados contra su voluntad.
Así, a partir de 1973, cumpliendo órdenes a rajatabla, sin quererlo ni buscarlo, se vieron implicados en sucesos que hoy los tienen condenados a altísimas penas de cárcel, olvidados e invisibilizados por las instituciones y la sociedad.
Por eso, hago un llamado a las autoridades políticas, judiciales y legislativas, y especialmente a la opinión pública a informarse y pronunciarse para buscar una salida a esos jóvenes subalternos sin influencias, hoy de 70 años o más, que deben responder con sentencias durísimas por hechos ocurridos hace medio siglo, cuyos responsables ya están cumpliendo condena o están fallecidos.

Claudia Fuentes Bozzolo
Periodista ‎