Por fin algo de verdadera justicia dentro de un Estado de Derecho:

Inédito fallo de la Corte de San Miguel

De acuerdo con la resolución del tribunal de alzada, la jueza que encausó a agentes del Estado involucrados “incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos”, por lo que se ordenó retrotraer el proceso a etapa de sumario.

Y es que de acuerdo a las leyes vigentes había razón para que a más de 50 años de ocurrido los hechos, el tribunal de alzada anulara la sentencia dictada en contra de agentes del Estado y ordenara retrotraer todo el proceso a etapa de sumario. 

En concreto, lo que la Corte hizo fue acoger lo expuesto por el fiscal judicial del organismo, que advirtió que al momento de procesar y acusar a los agentes, la ministra Marianela Cifuentes los encausó por delitos de lesa humanidad amparándose en el Estatuto de Roma, pese a que este fue adoptado con posterioridad a que se cometieran los hechos en cuestión. Por lo mismo, entonces, es que acogió la tesis de que la situación lesiona el derecho a la defensa.

Así las cosas, la resolución estableció: “La juez del fondo incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos, además, como un crimen de lesa humanidad con una valoración jurídica más perjudicial para los sentenciados, sin que sus defensas hayan podido hacerse cargo de aquello en sus escritos de contestación a la acusación, desde que la imputación penal se limitó a la de un delito de secuestro calificado, con todas las implicancias que de ello se derivan para la aplicación de la pena”.

Y, por tanto, se agrega, se resolvió anular la sentencia apelada y se ordenó “retrotraer la tramitación de la presente causa al estado de sumario para pronunciarse acerca de las diligencias y sobreseimiento solicitados por las defensas de los procesados y de dictarse la acusación en forma”.

*Guerra judicial (Lawfare)*

Señor director:
Hemos constatado como el Poder Judicial se ha ido empoderando en los últimos años, adoptando una doctrina de persecución hacia los militares y policías que participaron durante el gobierno militar, aplicando sentencias implacables a todo uniformado que caiga en sus esferas, designando ministros en visita extraordinarios con el único objeto de perseguir y condenarlos, no de hacer justicia. Recientemente el ministro Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, en sus últimos fallos, señala *”no importa la función que cumpliera, en el caso del regimiento “Tucapel”, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”*, con esa sola idea le bastó para condenar como autores y cómplices a la pena máxima, esto es presidio perpetuo, por sólo considerar que adherían al régimen militar. En total 20 militares condenados de por vida, (3 tenientes, 4 subtenientes, 7 clases, 5 conscriptos y un abogado). O sea, los únicos oficiales no condenados en este caso (Polvorín), fueron sobreseídos por haber fallecido
El *lawfare* es una idea que ha sido incorporada por la izquierda a la política latinoamericana en los últimos años, según Wikipedia, se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial”.
Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.
Se utilizan herramientas jurídicas de modo abusivo, afectando el debido proceso para perseguir un enemigo político y/o militar, generando inestabilidad, desprestigio de las FF.AA. y policías. Es usada como un arma de guerra, empleando las normas como proyectiles.
Un buen ejemplo, de lo señalado, en el ámbito de los DD.HH. son las condenas a uniformados por delitos de lesa humanidad, en circunstancias que este tipo de delito fue tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, publicado en el Diario Oficial el 01 de septiembre de 2009, fecha de entrada en vigencia de la norma, inclusive, el artículo 24 de este Estatuto estipula taxativamente que no puede aplicarse en forma retroactiva (Irretroactividad ratione personae).
No obstante lo anterior, los tribunales de justicia en concomitancia con los medios de comunicación social, no han respetado el citado Estatuto, tan importante es lo señalado que al no existir el delito de lesa humanidad, son plenamente aplicable la prescripción, cosa juzgada y ley de amnistía, por lo tanto –legalmente- no debiera haber ningún militar o policía cumpliendo condena, pues de existir este tipo de delitos, éstos están prescritos.

Gabriel Fuentes Campusano

*PD* este tipo de guerra legal, se debió considerar dentro de la planificación, por ello muchos estamos condenados

¿Qué significa lawfare?

11/12/2023

En los últimos tiempos, un término ha ganado relevancia en el ámbito legal, especialmente en casos de alto perfil y controversias políticas: el “lawfare”. Este fenómeno, que combina elementos legales y políticos, ha despertado un interés significativo en el ámbito del Derecho Penal en España. En este artículo exploraremos en detalle qué significa el lawfare y cómo afecta a los casos penales.

¿QUÉ ES EL LAWFARE?

El término “lawfare” es una combinación de las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra). Se refiere al uso indebido de los recursos legales con fines políticos, con el objetivo de debilitar a un oponente, ya sea político, empresarial o social. Este fenómeno implica el uso estratégico y manipulador de los procedimientos legales para lograr objetivos que van más allá del ámbito judicial, a menudo con el propósito de desacreditar, deslegitimar o incluso eliminar a una figura pública.

El lawfare puede ser utilizado por gobiernos, empresas o individuos. En el ámbito gubernamental, el lawfare puede ser empleado como una herramienta de política exterior, para presionar a otros países o para perseguir a opositores políticos. En el ámbito empresarial, el lawfare puede ser utilizado para dañar a la competencia o para obtener ventajas competitivas. En el ámbito individual, el lawfare puede ser usado para extorsionar o chantajear a otros.

FORMAS DE LAWFARE

El lawfare puede adoptar diversas formas. Algunas de las más comunes son:

• La utilización de leyes penales para perseguir a opositores políticos. Este es un tipo de lawfare especialmente peligroso, ya que puede emplearse para silenciar a la disidencia o para eliminar a rivales políticos.
• La utilización de leyes civiles para acosar o desprestigiar a un oponente. Este tipo de lawfare puede utilizarse para generar gastos y dificultades administrativas, o para dañar la reputación de una persona.
• La utilización de leyes internacionales para perseguir a individuos o empresas. Este tipo de lawfare se ha utilizado, por ejemplo, para perseguir a personas acusadas de crímenes de guerra o de violaciones de los derechos humanos.

MANIFESTACIONES DEL LAWFARE

En el contexto penal español, el lawfare puede manifestarse de diversas maneras. Una de las tácticas más comunes es la judicialización excesiva de casos, donde se presentan múltiples cargos contra un individuo con el fin de socavar su credibilidad y agotar sus recursos legales y financieros. Esto puede tener un impacto significativo en la capacidad de la defensa para preparar un caso sólido, creando una desigualdad en los recursos disponibles para cada parte.

Además, el uso indebido de investigaciones y procedimientos penales como herramientas políticas también puede tener consecuencias negativas para la presunción de inocencia. Los juicios paralelos en los medios de comunicación y la filtración selectiva de información confidencial son tácticas comunes para influir en la opinión pública y presionar a los tribunales.

El lawfare puede dificultar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación. También puede dificultar la participación política, ya que puede utilizarse para intimidar a los candidatos a cargos públicos o a los activistas políticos.

EJEMPLOS RECIENTES EN ESPAÑA

Para comprender mejor cómo el lawfare afecta al Derecho Penal en España, es útil analizar casos recientes.

Estos días se está utilizando este término para referirse tanto a la amnistía del Ejecutivo a los encausados por el “procès” catalán como a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años con su mandato caducado.

Otro ejemplo de lawfare es el proceso legal contra ciertos líderes políticos catalanes tras el referéndum de independencia de 2017. Los críticos argumentan que este caso fue utilizado como una herramienta política para desalentar el movimiento independentista, más que como un esfuerzo genuino para abordar violaciones legítimas.

En el ámbito empresarial, el lawfare se ha utilizado para dañar a la competencia, como en el caso de la empresa española Indra. En este caso, la empresa francesa Thales usó la justicia para acusar a Indra de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Otro caso destacado es el de figuras políticas involucradas en casos de corrupción. Aquí se ha acusado a algunos actores de utilizar procedimientos legales no solo para abordar la corrupción, sino también para socavar a partidos políticos y adversarios, creando una atmósfera de desconfianza y polarización.

EL DESAFÍO PARA LOS ABOGADOS PENALISTAS

Los abogados penalistas en España como Presunto Inocente nos enfrentamos a un desafío único al abordar casos en medio del lawfare. La defensa penal efectiva requiere no solo un profundo conocimiento de la ley, sino también la capacidad de navegar por un entorno legal y político complejo.

La lucha contra el lawfare implica la identificación de tácticas manipuladoras, la exposición de intentos de politizar el sistema judicial y la defensa firme de los derechos fundamentales de los acusados. Además, los abogados debemos ser capaces de contrarrestar la narrativa mediática negativa, protegiendo la presunción de inocencia de nuestros clientes.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RIESGO

Uno de los mayores peligros del lawfare es su impacto en la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier sistema legal justo. Cuando los procedimientos legales se utilizan como armas políticas, la presunción de inocencia puede verse socavada, dejando a los acusados en una posición desventajosa antes incluso de llegar a juicio.

Los abogados penalistas nos vemos obligados a abordar este desafío de manera proactiva, defendiendo la integridad del proceso legal y asegurando que nuestros clientes reciban un juicio justo, libre de influencias políticas indebidas.

CONTRARRESTANDO EL LAWFARE: UN ENFOQUE ESTRATÉGICO

Para contrarrestar eficazmente el lawfare, los abogados penalistas debemos adoptar un enfoque estratégico. Esto implica no solo la preparación meticulosa de la defensa legal, sino también la capacidad de anticipar y responder a tácticas políticas y mediáticas.

La transparencia en la comunicación, la presentación de argumentos sólidos y la defensa enérgica de los derechos legales son fundamentales. Además, es crucial trabajar en colaboración con otros expertos legales, organizaciones de derechos civiles y medios de comunicación comprometidos con la verdad y la justicia.

HACIA UNA DEFENSA INTEGRAL

En la lucha contra el lawfare, los despachos de abogados penalistas en España como Presunto Inocente desempeñamos un papel fundamental en la protección de los principios legales y la preservación de la integridad del sistema judicial. La defensa penal efectiva no solo implica conocer la ley, sino también ser consciente de las tácticas políticas y mediáticas que pueden distorsionar la verdad.

En última instancia, la batalla contra el lawfare es esencial para mantener la confianza en el sistema legal y garantizar que la justicia prevalezca. Los abogados penalistas, al liderar esta lucha, contribuimos significativamente a la preservación de un sistema judicial justo y equitativo.