La alusión a los putos pesos, no es original, pertenece a Nelson Pizarro, ex CEO de Codelco, “No hay un puto peso.” Hoy denunciado por la empresa cuprífera luego de que se diera a conocer un eventual conflicto de interés por la venta de un terreno a su hijo por parte de un ex socio. Parece que ahí estaba parte de los putos pesos. Pero los pesos generados por los Moya y las señoras Juanitas producto de los impuestos que pagamos se despilfarran a lo largo y ancho de nuestra loca geografía ¿habrán leído nuestros insignes parlamentarios a B. Subercaseaux? …Supieran los chilenos en situación de calle que cuando compran con tanto sacrificio su cañita para pasar el frío del invierno o la marqueta con mortadela para tranquilizar las tripas, el impuesto del IVA es desparramado por doquier sin provecho alguno.

Veamos algunos ejemplos

 Los exonerados políticos

Son aquellos que perdieron sus fuentes laborales en el Estado por obra del Gobierno Militar, en un intento por limpiar los organismos públicos colmados por funcionarios contratados por razones ideológicas- lo mismo que hizo Bachelet antes de dejar su gobierno- o para cumplir tareas de agitadores en los campos o en las empresas del Estado; como también una pantalla para los miembros del GAP y funcionarios en excesos que constituían una pesada carga por no ser necesarios sus servicios. Pero, durante los pasados decenios de democracia, ningún gobierno ha hecho un esfuerzo serio para poner coto a los falsos exonerados que fueron denunciados hace 12 años por sus propias organizaciones, estimándose en 100.000 casos los falsos despidos. El Contralor General de la República, hizo un intento de investigar en 3.000 eventos y luego tiró la toalla; el Consejo de Defensa del Estado tampoco parece haberse interesado mucho y la inexorable fiscal Chong, designada exprofeso por el nefasto Fiscal Nacional, estimó no perseverar en los últimos casos y dio por terminadas las investigaciones.

Lo que desconocen los Moya, las señora Juanitas y todos los pobres de este país, que, en su ingenuidad e ignorancia siguen votando por los mismos que los hacen más menesterosos, explotando sus emociones y sentimientos, es que un número importante de parlamentarios de izquierda otorgaron certificados acreditando tal calidad sin conocer a las personas, como tampoco pudieron dar luces de la actividad que desarrollaban o algún antecedente de los empleadores, para saber cómo se produjeron los despidos o probable intervención militar a ellos.

Entre los supuestos despedidos figuran muchos menores que por su edad no podían haber estado trabajando, y lo que es más grave aún, en los casos de los senadores Navarro y Letelier, ambos eran menores de edad en esas fechas, lo que pone en duda sus acreditaciones; pero quien se lleva el Oscar en las falsas certificaciones es la senadora Allende, pues en el periodo que confirma se encontraba viviendo fuera del país.

En total son 6.447 los certificados firmados por variadas autoridades políticas, destacando por su generosidad a nuestra costa una vez más la senadora Allende con 1.190 certificados, sacando dos cuerpos de ventajas al diputado DC Sergio Ojeda, con 684 casos; quien superó por cabeza a Carlos Jarpa del PR, con 610 certificados; les siguen a un cuerpo y medio Navarro, Gazmuri y Naranjo con alrededor de 400 certificados. (Aclaro que los términos hípicos no encierran ninguna mala intención) Toda una burda falsedad que comprueba el bajo nivel de ética y como se ventilan las cosas en el Congreso, cuyos autores quedaron impunes, listos para cualquier otro chanchullo.

Según cifras del ministro del Interior (2011) había 157 mil personas calificadas como exonerados políticos que recibían diversos beneficios fiscales, siendo el más importante el de carácter previsional, abonando tiempo por gracia para completar las lagunas; pensión de por vida de 150 mil pesos, la cual es heredada hasta por dos tercios de la misma; y un programa de salud para el beneficiario y sus familias.

Entre 1993 y 2018 el Estado destinó US$ 5 mil millones para pagar beneficios de los exonerados políticos; en el 2019 se consideraron $173.000 millones. El presupuesto del IPS 2020 incluyó las siguientes cifras: Pensiones Rettig: $11.300 millones; Pensiones Valech: $59.680 millones; Pensiones exonerados: $187.419 millones, lo que hace un total de $258.399 millones, si los números no me desmienten, aprox. US$ 3. 313 millones.

Cabe señalar que las leyes para reparación de víctimas consideran diversos beneficios económicos a los causantes y/o familiares, que alcanzan de por vida y son heredables, incluye otros tales como de educación y salud, este último, cuyo objeto será brindar atención médica reparadora e integral, esto es, física y mental, incluyen hijos y nietos. Estas iniciativas legales tuvieron su origen en informes de las respectivas comisiones y no fueron fruto de investigaciones judiciales.

Mención especial merece el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, que ha permitido desarrollar una verdadera empresa por parte de los litigantes patrocinadores de las acusaciones, con supuestas víctimas y testigos que repiten las mismas o similares declaraciones, bendecidos, así como con la mano de Dios del extinto Diego Armando Maradona, con un olfato, audición y memoria privilegiadas. Pues, han sido capaces de reconocer a sus imaginarios torturadores después de más 40 años -y no es broma- por el perfume que utilizaban, la voz y el físico, aunque los acusados hoy exhibieran una avanzada calvicie o una dotación extra de kilogramos acumulados en estos decenios.

Emprendimiento -digo yo, siendo mal pensado- contando con el voluntarioso espíritu de los pocos jueces en quienes la Corte Suprema ha concentrado los juicios por derechos humanos, que siguen penando pese a los años transcurridos porque para los militares no existe la prescripción de los delitos ni la Ley del Amnistía de 1978 -entre otras irregularidades ya comentadas- no obstante estar vigentes, dando lugar a que los magistrados otorguen compensaciones millonarias a diestra y siniestra, además de optar a un sillón cardenalicio en la Corte Suprema .

Aquí están parte de los putos pesos y que son bastantes, pudiendo haber tenido destinos más apropiados a la contingencia que hoy nos afecta.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)