Por Gonzalo Ibáñez S.M. |

En reciente fallo, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha ordenado a la Armada remover el monumento del almirante José Toribio Merino que se encuentra en una repartición naval a la entrada del Museo Naval y Marítimo de Playa Ancha en Valparaíso. Uno de los motivos invocados es la participación que le cupo a Merino en la acción militar que depuso el régimen marxista encabezado por Salvador Allende: “no resulta posible… por ser un hecho histórico, público y notorio, que fue precisamente en esa calidad que (el almirante Merino) participó y dirigió las fuerzas navales en contra del Gobierno de la época, legítimamente constituido…”.

Esta parte del fallo nos obliga a volver la vista hacia lo que fueron los años previos a la acción de 1973 y a cómo en ese período, desde el gobierno de entonces, se desarrollaba toda una estrategia conducente a la destrucción del país y a convertirlo en un lacayo de la Unión Soviética y en una segunda Cuba, más miserable aún que la primera.

Al país no le quedó otro recurso que acudir a sus Fuerzas Armadas y de Orden. Estas, hasta el final, trataron de evitar ese paso. Incluso -algo inédito- aceptaron formar parte de sucesivos gabinetes ministeriales, pero les fue imposible, desde ahí, corregir el rumbo que se le imponía al país. No les quedó otra alternativa que la de asumir ellos el gobierno, que fue lo que entonces sucedió.

De la legitimidad de ese paso quedaron suficientes testimonios. Por ejemplo, la directiva del Colegio de Abogados de entonces, bajo la presidencia del eminente jurista Alejandro Silva Bascuñán fue clara y precisa:  “el derrocamiento del extinto Presidente Allende fue la culminación de un proceso que, tanto en su gestación como en su desarrollo, tanto en su crisis como en su drástico desenlace, debe ser cargado a la responsabilidad del propio gobierno depuesto”; que los miembros de las Fuerzas Armadas, “humanamente, no podían ver otra salida a la grave encrucijada histórica en que se encontraba el país”; y que “han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al Gobierno anterior”.

Eduardo Frei Montalva, en su conocida carta al político italiano Mariano Rumor, denunciaba cómo el régimen marxista “presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo – que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial – estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen  absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria”.

Similares declaraciones emitieron, antes o después de la acción militar, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República y la misma Corte Suprema de Justicia, entre otros. Ocultar estos antecedentes para juzgar la participación del almirante Merino en los sucesos de entonces no constituye sino una burda maniobra para engañar a los chilenos de hoy acerca de la historia de nuestro país. Sólo queda lamentar que miembros del Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, se hayan prestado para esta maniobra.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en su página de  Facebook, el lunes 20 de junio de 2022.