¡Quién lo diría! Los “octo” que pensábamos que lo habíamos vivido todo y que podíamos partir en el algunos años más en completa tranquilidad, dejando a nuestros hijos y nietos en un país pujante y lleno de oportunidades, bregando por un mejor y mayor bienestar para todos los chilenos y corregir las desigualdades existentes, de golpe y porrazo producto de los dos últimos gobiernos de izquierda y derecha respectivamente, nos encontramos peor que hace cincuenta años.

Lo avanzado en las últimas décadas fue dejado de mano por la centro izquierda que heredó del gobierno militar una nación muy diferente a la que este había asumido después del experimento de la Unidad Popular. Las continuas reformas a la Constitución de 1980 fueron debilitando el orden institucional y la seguridad tanto interna como externa del país, dando paso a lo que se denominó la Nueva Mayoría con participación activa del Partido Comunista, que pese a ser un partido minoritario, pero experto en la desestabilización de las democracias en el mundo entero aplicando la tesis Gramsciana, a la que se han sumado aquellos jóvenes del Frente Amplio que querían cambiar la forma de hacer  política y que a poco andar han caído en los mismo yerros.

A la crisis económica producto de la pandemia que azota al mundo entero, agravada por la mal llamada protesta social, eufemismo de la violencia delincuencial, avalada por dirigentes políticos y parlamentarios de izquierda tanto por su omisión a la condena como por la incitación a la violencia, porque es lo que dice la calle, ante el oprobioso comportamiento de parlamentarios de la derecha, salvo contadas excepciones, se suma ahora este río atmosférico, cuyas lluvias han provocado serios daños a la infraestructura local, incluyendo cortes de energía y con gravísimos daños para la agricultura, mientras en la Araucanía la indolencia del presidente Piñera, jueces y fiscales, mantienen en la zozobra a la población y a los emprendedores víctimas de robos, asaltos, asesinatos incendios, abigeato, robo de maderas y extorsiones, bajo el imperio de una guerrilla y de narco traficantes que han hecho desaparecer al Estado en la macrozona sur. Pero a este mosaico de desgracias se incluye la nefasta actitud de nuestra Cancillería en los últimos años que parece no haberle importado las pretensiones de Argentina de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas en el Mar Austral y en la Antártica afectando seriamente nuestros intereses marítimos y económicos, como ha sido denunciado por destacadas personalidades y como lo ha afirmado Francisco Orrego, la reciente declaración conjunta de ambos mandatarios durante la inconveniente visita de Alberto Fernández a Chile, nos ha dejado una sabor amargo, a consumación de una derrota diplomática y no podía ser de otra manera cuando Piñera cambia ministros como quien se cambia calzoncillos y donde las relaciones exteriores no son una política de Estado como en la hermana república, sino sujeta a los intereses políticos de los gobiernos de turno. No quisiera atribuir responsabilidades a la Dirección General de Fronteras y Límites, ni menos a su directora que posee un brillante currículo profesional, siendo agente de Chile en el caso del río Silala y su especialidad en Derecho Internacional Público; y tampoco por el hecho de ser esposa de Fernando Atria, cuya posición política es bastante conocida, pero echamos de menos la pasividad de nuestro gobierno en este tema.

La gota que rebalsado el vaso ha sido la violenta y masiva inmigración ilegal a través de nuestras fronteras, descuidadas desde que Chile suscribiera la Convención de la prohibición sobre el empleo de minas antipersonales y su destrucción, bajo el gobierno de la Concertación, en 1997, afectando nuestra soberanía y nuestra política de Defensa Nacional, por cuanto habían sido sembradas dentro de nuestro territorio ante los peligros inminentes de conflictos con nuestros vecinos en la década del 70 del pasado siglo, con objetivos muy diferentes a los que motivaron la redacción de dicho pacto por su uso indiscriminado en países de África y otras naciones. La inmigración ilegal bajo el actual gobierno está superando la crisis desatada por la proveniente de Haití en el periodo de Bachelet y con su canciller Fernández, hoy precandidato a la presidencia de la república. La situación en el norte de Chile es caótica por su descontrol y la insuficiente actuación de Carabineros y del Ejército que ha sido denunciada por chilenos de origen aimara que han sido violentados en sus derechos por ciudadanos venezolanos, muy diferentes a los ingresaron por vías legales en años anteriores. Las declaraciones del Intendente de la región de Tarapacá en la reunión con ilegales son dignas de Ripley y motivaron obviamente, los aplausos de estos; en igual sentido fueron las de un oficial superior del Ejército explicando los cometidos de su gestión, que en vez de impedir el ingreso se preocupa de su organización, lo que parece indicar que actúan así por instrucciones del gobierno, a quien no parece importarle que saturen los servicios públicos de la zona, que se han visto sobrepasados incluso por la exigencia de estos ilegales que con desparpajo reclaman que es un derecho, mientras muchos vagan cometiendo delitos y pernoctando en las plazas de las ciudades convirtiéndolas en basurales y en depósito de fecas. Por otra parte, el cura Berríos adula al Estado chileno que le otorga $40 millones a cada grupo familiar de ilegales para sus viviendas definitivas y los nuestros tardan años ahorrando para acceder a los subsidios.

Y en este escenario, digno de Dante, el presidente se va de vacaciones a gozar de su propiedad que por más 30 años no pagó contribuciones, donde seguramente tendrá oportunidad de conversar de lo humano y divino con su antecesora si aparece por esos suburbios, dejándonos en manos del exalcalde que según él tenía calle -como otros- el de los jóvenes -delincuentes- llenos de sueños y que al igual de los anteriores ha permitido que la Araucanía arda por los cuatro costados.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)