Por Julio Leiva y John Griffiths

 El juicio no tiene destino alguno, pese a los esfuerzos del fiscal del Ministerio Público, encargado de las causas de derechos humanos en esa región, quién además solicitó respecto de los formalizados la prisión preventiva por considerarlos un peligro para la sociedad, ya que portaban armas de guerra con un gran alcance.

Afortunadamente, los tribunales de justicia desestimaron la medida cautelar solicitada y los dejaron en libertad mientras se lleva adelante la tortuosa investigación.

Esos infantes de marina son seres humanos, jóvenes, con familia, padres, hijos…, pero carecen en Chile del derecho humano fundamental del debido proceso. Ellos fueron enviados por el gobierno de Chile a arriesgar su vida en defensa de carabineros y civiles amenazados, cumplieron con su deber militar, lo hicieron con el entrenamiento, las reglas y las armas que el Estado les proporcionó pero, cuando se les imputó un delito, no fueron juzgados como militares, ni por tribunales militares, sino que son investigados por el fiscal del Ministerio Público, que no conoce a los militares, no sabe de su entrenamiento, reglas y armas, desestima el Código de Justicia Militar y, en definitiva, viola el principio universal de la justicia especializada y del juez natural.

Ese es el problema. El problema no es ningún militar que esté al mando de la zona en estado de emergencia. El problema es que los militares que deben cumplir sus labores no tienen reconocidos sus mínimos derechos procesales en cumplimiento de la función militar y por esa precisa razón no tienen certeza en la aplicación de las causas legales que los eximen de toda responsabilidad en este caso.

Cualquier esfuerzo por controlar y extinguir la delincuencia terrorista armada en La Araucanía pasa por dotar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que desempeñan estas funciones militares bajo estados de excepción constitucional, de las atribuciones derivadas de la legítima defensa y garantías del debido proceso a través de una justicia especializada y de un juez natural, sin desfigurar esos derechos -como ha pretendido el gobierno- con el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza.

Enviar una fuerza militar a imponer el Estado de Derecho, sin las mínimas garantías jurisdiccionales -reconocidas incluso internacionalmente para los militares que cumplen funciones militares- no tan solo es contraproducente para el objetivo que se persigue, es claramente inmoral.

Por Julio Leiva y John Griffiths, AthenaLab