Y la obediencia debida

                Sorprendo a Toribio de cabeza en su Kindle informándose de las noticias, moviendo su cabeza y mascullando algunas palabras que no alcanzo de entender, al verme y constatar mi cara de pregunta, sin hacerlo me responde:

               ─Mira,  guardando las debidas proporciones, leyendo sobre Oppenheimer a raíz de la última película de Christopher Nolan, después que Truman ordenó el empleo de la bomba atómica sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki  ─una vez derrotado Alemania─ que ocasionó cientos de miles de muertes y la devastación total de ambas ciudades, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad, con lo cual Japón se rindió y se dio término a la II.G.M., fue celebrado en todo el mundo y homenajeado, recibiendo el título de Honoris Causa en la Universidad de Oxford en 1956. Por su parte, el padre de la bomba y a cargo del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, además de otros honores, recibió el título de Doctor Honoris Causa en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en 1961. Sin embargo, ambos en la actualidad han sido fuertemente criticados, incluso Truman ha sido calificado como asesino de masas, autor de una masacre intencional para salvar a otros; y el propio físico en su momento expresó ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. A todo esto, el orbe olvida que el famoso Albert Einstein escribió una carta a Roosevelt indicando que había que adelantarse a los alemanes que iban en busca del mismo propósito.

–       Por otra parte ─continúa: Algo semejante ha ocurrido con el Gobierno Militar. La prensa internacional destacaba que Chile era el primer país que derrotaba al comunismo, sacándolo de la destrucción inminente y de constituir una cabeza de playa para Cuba en el resto de los países de América. Los que la promovieron, alentaron o aplaudieron como  la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, Contraloría General de la República, Colegio de Abogados, personajes públicos como el expresidente Eduardo Frei M., Patricio Aylwin y numerosos otros, como los que donaron sus argollas de oro, y la ciudadanía en general que embanderó el país y aplaudía a las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el país, después la han cuestionado y los recriminan en la actualidad. Para que hablar de EE.UU, el más traidor de todos con la enmienda Kennedy, cuando nos encontrábamos en víspera de enfrentarnos a conflictos bélicos con nuestros vecinos. En este mea culpa no ha faltado un número importante de políticos de la derecha que nacieron, se formaron y financiaron al alero del gobierno de Pinochet, hoy la repudian y abogan por atentados a los derechos humanos; hasta un fanático senador lamenta que no se hayan dado cuenta de antes, en el colmo del cinismo y de sumisión a los dictados de la izquierda en aras de defender sus prebendas.

–       A 50 años, el Gobierno se empeña en establecer su distorsionada verdad como irrefutable, no escatimando esfuerzos ni mucho menos los escuálidos fondos que hoy día han sido escamoteados vilmente por sus huestes, echando por tierra la supuesta primacía moral de la que se decían poseer. Los tribunales de justicia se apuran en condenar abusando de su ideología y prevaricación ─de la que tanto hemos hablado con anterioridad─ en una carrera contra el tiempo,  pues a decir de algunos magistrados se necesitarían más de 100 años para dar término a los varios cientos de causas pendientes y ya no quedarían sujetos vivos a quien responsabilizar. La edad de quienes hoy forman parte de cerca de 300 individuos condenados,  dan fe de lo anterior, por presunciones tan burdas como estúpida como el hecho de haber estado de ahí; o Ud. debió haber sabido, sustentados en declaraciones mayoritariamente falsas, sin que los afectados hayan podido comparecer ante el juez y defenderse como en el sistema actual de justicia.

–       Los magistrados, ex profeso han hecho caso omiso de la Obediencia Debida que se encuentra apropiadamente reglada en una variada y abundante normativa. En términos generales se debe entender como el deber de los funcionarios públicos de obedecer las órdenes de sus superiores en cuanto se ajusten a la ley cesando desde el momento en que se aparten de ella. Como indicara precedentemente, este concepto que requiere una estructura jerarquizada está refrendada y complementada en una amplia legislación que menciono en términos generales: La Constitución de la República (art.7°); L.O.C. N°18.575 Bases Generales de la Administración del Estado (art.2°); L.O.C. De las FF.AA. (arts.1°, 2°, 35°,45°); Ley N°18.834 Estatuto Administrativo (art.55.f y 56); DFL 1. Estatuto de las FF.AA. (arts.138 y 153); Código de Justicia Militar (arts.334 y 335)

–       En virtud de lo anterior se puede colegir sucintamente que todo militar está obligado a obedecer salvo fuerza mayor una orden relativa al servicio que, en uso de sus atribuciones legítimas le fuera impartida por un superior.

      El derecho a reclamar de los actos de un superior que conceden las leyes y reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende la orden de un servicio. Sin perjuicio de lo anterior el C.J.M. contempla que en determinados casos el inferior podrá suspender el cumplimiento de tal orden e incluso modificarla, pero dando cuenta de inmediato al superior.

      A mayor abundancia existe el concepto de obediencia reflexiva, sustentado en la obligación de representar a un superior las órdenes que se estimen ilegales y que el Estatuto Administrativo considera que deben hacerse por escrito, y ante la reiteración por parte del superior deberá cumplirla pero quedará exento de responsabilidad.

      Pese a toda la normativa antes indicada, los jueces y tribunales se han dado maña para responsabilizar a quienes han actuado en estricto cumplimiento de las órdenes superiores e incluso sin haber tenido participación directa en los hechos, sin siquiera hacer excepción de los grados subalternos tanto de oficiales como del cuadro permanente, e incluso soldados conscriptos, lo que constituye no solo una aberración sino un descriterio y un ideologismo desenfadado, convirtiendo además estos procesos en una verdadera industria por el nivel de indemnizaciones que ha generado con cargo al erario nacional. De los casi 300 condenados que actualmente se encuentran en Punta Peuco, Colina 1 y otros establecimientos penales, al 11 de septiembre de 1973, no creo que superen el 1 % que a esa fecha ostentaban la categoría de oficial superior, el resto, mayoritariamente personal subalterno y unos cuantos oficiales jefes que no tenían responsabilidades mando. Todos los oficiales que podrían  haber tenido responsabilidad directa en los delitos que se imputan y sus subordinados inmediatos han fallecidos y hoy día se hace escarnio en quienes a la fecha sobreviven, independiente de cual haya sido su nivel de participación.

      El poder judicial en Chile está prostituido.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada